Por Eric Toussaint, rebelion.org, Resumen Latinoamericano, 3 de agosto de 2026
La extrema derecha ya no es una fuerza política marginal en Europa. Gobierna en varios países, domina la vida política en otros e influye ahora en las principales decisiones de la Unión Europea. Y lo que es aún más preocupante, los partidos conservadores tradicionales están abandonando progresivamente el «cordón sanitario» que los separaba de la extrema derecha y están formando con ella mayorías parlamentarias cada vez más frecuentes.
Esta evolución no es solo consecuencia de un avance electoral. Refleja un cambio más profundo: la extrema derecha europea está conquistando una verdadera legitimidad institucional al tiempo que se integra en una internacional política cuyo principal referente es hoy en día Donald Trump. Desde las reuniones de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) hasta las redes impulsadas por Vox desde España, se está construyendo un espacio transatlántico por el que circulan ideas, estrategias, financiación y campañas políticas.
Europa entra así en una nueva fase en la que la frontera entre la derecha conservadora y la extrema derecha se vuelve cada día más difusa. Este artículo analiza las diferentes dimensiones de esta evolución.
La extrema derecha ha experimentado un fuerte avance electoral en Europa durante los últimos 15 años. Salvo contadas excepciones, todos los partidos de extrema derecha o neofascistas de Europa expresan su simpatía por las posturas de Trump. Muchos de sus dirigentes quieren mostrarse junto a Trump y adoptan su estilo de comunicación.
En lo que respecta a Europa, el trumpismo afirma: «Queremos apoyar a nuestros aliados en la preservación de la libertad y la seguridad de Europa, al tiempo que restablecemos la confianza civilizacional de Europa y su identidad occidental». » El documento añade además: «Estados Unidos anima a sus aliados políticos en Europa a promover esta renovación y la creciente influencia de los partidos patrióticos europeos es, de hecho, motivo de gran optimismo.» Trump y su entorno se muestran así favorables al auge electoral de la extrema derecha en Europa para intentar reestructurar el orden político europeo y promover un bloque internacional neofascista articulado en torno al trumpismo y a los intereses de las grandes empresas privadas estadounidenses.
Los partidos de derecha radical o de extrema derecha forman parte del Gobierno en varios países europeos, en particular en Italia, Finlandia, Croacia, Eslovaquia y la República Checa. En Suecia, los Demócratas de Suecia (Sverigedemokraterna) no participan formalmente en el Gobierno en minoría, pero le brindan su apoyo parlamentario. En Bélgica, la N-VA, partido nacionalista flamenco de extrema derecha (miembro del grupo ECR de G. Meloni en el Parlamento Europeo) dirige el Gobierno federal con Bart De Wever como primer ministro.
La extrema derecha se ha convertido en la primera fuerza política en varios países europeos. En Italia, Fratelli d’Italia, de Giorgia Meloni, domina la vida política desde las elecciones de 2022. En Francia, el Rassemblement National de Marine Le Pen se ha convertido en la primera fuerza electoral y está a las puertas del poder. En Austria, el FPÖ (Partido de la Libertad) quedó en cabeza en las elecciones legislativas de 2024. En Flandes (Bélgica), el Vlaams Belang, partido de extrema derecha, quedó en primera posición en las elecciones europeas de junio de 2024, por delante de la N-VA, partido nacionalista flamenco de extrema derecha. En los Países Bajos, el PVV (Partij voor de Vrijheid – Partido por la Libertad) de Geert Wilders quedó en segunda posición, por detrás de D66, en las elecciones de 2025. En Hungría, el Fidesz —Unión Cívica Húngara— de Viktor Orbán, derrotado en las elecciones de 2026, sigue siendo la segunda fuerza política del país. En Alemania, Alternative für Deutschland (AfD) con un 20,8 % de los votos en las elecciones federales del 23 de febrero de 2025, se convirtió en la segunda fuerza política del país.
Tras las elecciones de junio de 2024 la presidencia de la Comisión Europea (la conservadora alemana Ursula von der Leyen) llegó a un acuerdo con el grupo parlamentario de extrema derecha liderado por la italiana Giorgia Meloni que permitió a dicho grupo obtener un puesto de vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea (1), así como tres presidencias de comisiones (2). Esto es importante porque las tres comisiones que presiden miembros del grupo parlamentario europeo de Meloni son las de Agricultura, Presupuesto y Peticiones. La comisión PETI, presidida por el ultraconservador polaco Bogdan Rzońca, se encarga de examinar las peticiones presentadas por ciudadanas y ciudadanos o residentes de la Unión Europea (3). En la práctica, puede declarar una petición admisible o inadmisible. El hecho de que presidencia de tres comisiones recaiga en un representante de la extrema derecha refuerza la influencia institucional y la credibilidad de esta corriente.
La histórica alianza denominada «Von der Leyen» (PPE, socialistas S&D y centristas de Renew Europe) mantiene una ventaja de algo más de 30 escaños por encima del umbral de la mayoría absoluta, que a menudo se ve reforzada por los votos de los Verdes. Sin embargo, para sacar adelante políticas cada vez más extremas de derechas, la presidencia de la UE no duda en buscar el apoyo de los tres grupos parlamentarios de extrema derecha cuando se da cuenta de que los diputados y diputadas socialistas, ecologistas o centristas le darán la espalda. Así es como ha surgido una mayoría alternativa de derechas. Para eludir a la izquierda, el PPE recurre cada vez con mayor frecuencia a una «mayoría de derecha» (que une al PPE con los grupos soberanistas y de extrema derecha: ECR, Patriotas por Europa y ESN) (7) Este bloque de unos 390 escaños le permite aprobar textos cada vez más inhumanos sobre el control de las fronteras, el aumento de los presupuestos de defensa, la desregulación industrial y el abandono de los compromisos de protección del medio ambiente.
Un ejemplo perfecto e histórico de este cambio se materializó durante la votación sobre un nuevo reglamento de «retornos» (política migratoria) el 26 de marzo de 2026 (8). Ese día, el tradicional cordón sanitario se hizo añicos en favor de una alianza de derechas sin precedentes. El Parlamento Europeo debía pronunciarse sobre la reforma del sistema común de expulsión de los nacionales de terceros países en situación irregular. Impulsado por el ponente de derechas François-Xavier Bellamy (PPE / Francia), el proyecto proponía un endurecimiento drástico de las normas de expulsión.
El texto aprobado prevé, en particular: la ampliación de la duración de la detención administrativa de los migrantes, que podrá prolongarse hasta 24 meses; la posible transferencia de personas expulsadas a territorios fuera de la UE («centros de retorno») sobre la base de acuerdos con terceros países; que una decisión de expulsión adoptada por un Estado miembro (por ejemplo, Francia o Bélgica) deba ser reconocida y aplicada automáticamente por otro (por ejemplo, España) o la limitación de los efectos suspensivos de los recursos, lo que significa que un migrante podría ser expulsado incluso antes de que su recurso haya sido examinado en su totalidad.
La izquierda (S&D), los ecologistas y una parte importante de los centristas (Renew Europe) intentaron bloquear el texto al considerarlo incompatible con los derechos fundamentales. En circunstancias normales esta oposición de los aliados habituales del PPE bastaría para que se rechazara un texto. Para lograr que se aprobara su reforma, el PPE dio un giro completo hacia la derecha. El Grupo del PPE (derecha) obtuvo el apoyo del grupo liderado por Giorgia Meloni (Los Conservadores y Reformistas Europeos —CRE— ECR en inglés), del grupo de los Patriotas por Europa (presidido por Jordan Bardella) y del grupo «Europa de las Naciones Soberanas» (liderado por la neofascista AfD). El bloqueo de la izquierda y del centro ha fracasado. El texto se ha aprobado por amplia mayoría (389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones) gracias a la unión de votos que van desde el centroderecha hasta la extrema derecha. Esta votación confirma que el Parlamento Europeo funciona ahora con una geometría variable sin complejos. El PPE ya no duda en aliarse de forma estructural con la extrema derecha para eliminar los obstáculos legislativos en temas de competencia estatal (inmigración o seguridad) y congelar las normas medioambientales.
Salvo en lo que respecta a Groenlandia (9) y a la forma en que Trump libra la guerra contra Irán, los partidos europeos de extrema derecha simpatizan profundamente con la orientación neofascista e imperialista de Donald Trump y de otros líderes de extrema derecha en distintas partes del mundo, en particular el Gobierno de Netanyahu en Israel, el Gobierno de Javier Milei en Argentina, el nuevo presidente pinochetista José Antonio Kast en Chile, el nuevo presidente colombiano de extrema derecha Abelardo de la Espriella, apodado «el Tigre», el presidente neofascista de El Salvador, Nayib Bukele, y el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Más allá del apoyo ideológico y las declaraciones públicas, la extrema derecha europea está ahora integrada en espacios transnacionales de coordinación política directamente vinculados al trumpismo. El principal punto de encuentro es la Conferencia Política de Acción Conservadora, una gran cita anual de la extrema derecha estadounidense que se ha ido internacionalizando progresivamente. Desde principios de la década de 2020, líderes y dirigentes de la AfD, Vox, el Rassemblement National, Fidesz, Fratelli d’Italia, Chega, el Vlaams Belang o incluso la AUR rumana participan en ella con regularidad junto a Donald Trump, sus allegados (Steve Bannon, J.D. Vance, Mike Flynn) y líderes latinoamericanos de extrema derecha. La CPAC funciona como una plataforma ideológica global en la que se difunden y armonizan los temas centrales del trumpismo: la guerra de civilizaciones, el rechazo al multilateralismo, la hostilidad hacia la UE, la obsesión por la inmigración, los ataques contra los derechos de las mujeres y las minorías, el escepticismo climático y la criminalización de la izquierda y de los movimientos sociales.
