En Cuba, la tierra continúa siendo el principal medio de producción para garantizar alimentos a la población. Sin embargo, durante décadas, las normas relacionadas con su propiedad, posesión, transmisión y uso se dispersaron en múltiples disposiciones jurídicas. El proyecto de Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal busca ahora reunir ese entramado normativo en una sola legislación y actualizarlo para responder a las necesidades actuales del desarrollo agrario.
Según explicó Mayra Cruz Legón, directora jurídica del Ministerio de la Agricultura (MINAG), la futura norma constituye una actualización integral del régimen jurídico de la tierra y los bienes agropecuarios, al tiempo que preserva los principios históricos de la Reforma Agraria cubana.
«La Ley ratifica como premisas los principios y presupuestos de las Leyes de Reforma Agraria de 1959 y 1963, demostrando que es una ley de continuidad revolucionaria», afirmó.
La propuesta legislativa desarrolla además preceptos recogidos en la Constitución de la República vinculados a las formas de propiedad sobre la tierra, el derecho a una alimentación sana y adecuada, el acceso a la justicia, la protección de personas en situación de vulnerabilidad y las garantías del debido proceso.
Asimismo,reafirma compromisos asumidos por Cuba en instrumentos internacionales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Uno de los principales objetivos de la futura legislación es poner orden en un marco regulatorio fragmentado.
La directora jurídica del MINAG señaló que la norma permitirá unificar de forma sistémica más de 25 disposiciones jurídicas relacionadas con la tierra agropecuaria y forestal.
La ley también materializa postulados contenidos en la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional aprobada en 2022, fortaleciendo la articulación entre la producción agrícola y las estrategias nacionales para garantizar alimentos.
Desde una perspectiva práctica, la nueva regulación busca agilizar la entrega de tierras, enfrentar ilegalidades, estimular la permanencia de la fuerza laboral en el campo y ampliar las garantías jurídicas de quienes producen.
La futura ley redefine y amplía los sujetos reconocidos como productores agropecuarios y forestales.
Además de campesinos y cooperativas, incorpora expresamente a las empresas, polos productivos, proyectos de desarrollo local y modalidades de inversión extranjera vinculadas al sector.
Entre las principales novedades figura el reconocimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) estatales, privadas y mixtas como productores agropecuarios y forestales, una condición que no aparecía reflejada de manera expresa en la legislación vigente.
También se incluyen los proyectos de desarrollo local relacionados con la producción agrícola o forestal.
Para Cruz Legón, estos actores constituyen «la base productiva del sistema de la agricultura», sobre la cual se organizan los procesos productivos y de prestación de servicios agrarios.
La ley actualiza igualmente las reglas para la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo.
