En la reciente Determinación Presidencial de EU, se ha solicitado por escrito procesar a funcionarios mexicanos corruptos.
Un cambio relevante en la perspectiva estadounidense: pasó de considerar al narcotráfico como objetivo de la justicia penal, lo escaló a un tema de seguridad nacional y de atacar a los cárteles como organizaciones narcoterroristas, les sumó la complicidad de narcopolíticos, trasladando el problema al Gobierno mismo. El golpe ha impactado la economía, aduanas, bancos, T-MEC, inversionistas, huachicol fiscal, aranceles y exportaciones y, en lo político, con la revocación de visas y mensajes mediáticos en contra de la clase política morenista y de la familia y amigos del expresidente López Obrador, se ha expuesto una amplia corrupción e impunidad, que socava estructuras de poder y al Estado de derecho.
El 15 de septiembre de 2026, la Casa Blanca envió al Congreso de EU su Determinación Presidencial sobre los principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas; al referirse a México, el documento reconoce el esfuerzo emprendido en incautaciones, desmantelamiento de laboratorios clandestinos y despliegue de policías y militares en la frontera entre ambos países, destaca la eliminación en febrero de 2026, de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, vlíder del CJNG; sin embargo, también reitera que México sigue dominado por organizaciones narcoterroristas que amenazan a EU. Por lo que debe hacer mucho más en materia de seguridad: invertir en infraestructura para las fuerzas de seguridad y desarrollar más campañas contra los narcoterroristas, y afirma que debe “exponer, detener y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y encubierto a los cárteles”.
Esta demanda, se suma a la solicitud de la Fiscalía de Nueva York para procesar al gobernador morenista con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a varios de sus colaboradores, así como a una exposición mediática tanto de los hijos del expresidente Andrés Manuel López como de familiares, amigos y colaboradores, por señalamientos de tráfico de influencias y presuntos vínculos financieros con el narcotráfico. Es así como la Determinación Presidencial ha ampliado la cobertura para nuevas acciones judiciales o administrativas contra funcionarios y legisladores mexicanos en los tres niveles de Gobierno. Sin olvidar una intervención militar en territorio nacional. Así, de una vulnerabilidad discursiva contra México, se ha presentado un problema de legitimidad interna que puede impactar las campañas de 2027.
La Presidenta Sheinbaum respondió el 17 de septiembre en su mañanera, rechazando la pretensión de EU sobre el desempeño de México, “nosotros no necesitamos que nos juzguen desde afuera”. También exigió a EU un informe de sus resultados internos en el consumo y distribución de drogas, así como del lavado de dinero vinculado a ellos. El injerencismo y defensa soberana aparecen reiteradamente en la respuesta mexicana. Una paradoja en donde se protege y expone a la vez.
Entonces, y a pesar de las llamadas Trump-Sheinbaum, son previsibles mayores tensiones entre ambos gobiernos por seguridad fronteriza, puertos y aduanas, el superávit comercial en favor de México, y la revocación de visas que involucras a la clase política mexicana.
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