La historia latinoamericana está llena de gobiernos que han buscado asegurar su permanencia y garantizar su poder dándole a las fuerzas armadas algo más que cuarteles y armas, incluyéndolas en el negocio de empresas, bancos, aeropuertos u hoteles.
La lógica parece sencilla: si los militares tienen intereses materiales dentro del régimen, tendrán menos incentivos para abandonarlo. El problema es que esa fórmula cambia la naturaleza del Estado. Lo que comienza como premio a la lealtad termina como una economía paralela que ya no obedece al poder civil.
Cuba es hoy el ejemplo más extremo de esa paradoja. Durante décadas el régimen castrista le habló a los cubanos de la revolución en nombre de la soberanía, la justicia, la dignidad y el sacrificio colectivo. Pero detrás de esos discursos creció GAESA, el Grupo de Administración Empresarial S.A., un conglomerado de empresas ligadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias que se volvió el gran operador de todos los negocios rentables de la isla. Su nombre casi no aparece en la conversación pública cubana, no porque sea desconocido, sino porque en una dictadura los secretos a voces son los que más trata de censurar el régimen.
GAESA nació en los años 90, cuando el derrumbe de la Unión Soviética dejó a Cuba sin su principal sostén. En principio serviría para administrar negocios de divisas y financiar a los militares. Con el ascenso de Raúl Castro, primero de facto y luego formalmente en 2008, se expandió hasta convertirse en un emporio. Hoy controla turismo, hoteles, tiendas, gasolineras, comercio exterior, remesas, telecomunicaciones, logística, construcción, puertos y el Banco Financiero Internacional.
Lo más grave no es sólo su tamaño. Es su opacidad. GAESA no publica estados financieros, no aparece con claridad en el presupuesto y no puede ser auditada por las instituciones del Estado cubano. Distintos reportes estiman que controla entre 40 y 70 por ciento de toda la economía cubana. Una investigación reciente de The New Yortk Times mostró los flujos de cientos de millones de dólares al año, aunque las cifras no pueden verificarse en los datos del gobierno. En una isla con apagones, hambre, hospitales deteriorados y migración masiva, esa opacidad es muestra de poder.
La tragedia cubana es que una parte de su soberanía fue hipotecada desde dentro. No sólo por el embargo estadounidense, que existe y pesa, sino por una élite que convirtió los ingresos del país en patrimonio político y familiar. Mientras faltaba inversión en agricultura, electricidad o salud, el conglomerado militar siguió apostando por hoteles de lujo. La revolución prometió igualdad; su burocracia terminó administrando divisas.
Por eso no es menor que Marco Rubio haya hablado en español a los cubanos el 20 de mayo, aniversario de la independencia, para decir que Cuba no está controlada por una revolución, sino por GAESA. Washington tiene sus propios intereses y su historia obliga a mirar con cuidado cualquier promesa. Pero el punto político es claro: cuando el poder económico real está en una empresa militar opaca, la soberanía puede convertirse en un gran discurso, pero hueco. El problema de los militares empresarios no es que administren mal. A veces administran con eficiencia. El problema es que administren sin ciudadanos. Y cuando el dinero, las armas y el secreto viven bajo el mismo techo, el Estado deja de ser una casa pública y se convierte en una caja fuerte. Y tras esa caja es que van los Estados Unidos.
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