Ligan captura de 3 con rutas de droga en Michoacán

La Secretaría de Marina (Semar) informó que tres presuntos líderes de una célula delictiva, cuya detención fue anunciada el pasado 29 de octubre, estarían vinculados con el control de rutas marítimas utilizadas para ingresar drogas procedentes de Centro y Sudamérica por la costa de Michoacán.

Se trata de los hermanos Pulido Lombera: Bernardo, Nando; Leopoldo, Negrito, y Leobardo, Lioba, identificados como presuntos líderes de Los Pichilinguillos, célula vinculada con Cárteles Unidos. Las detenciones se realizaron en Coahuayana.

De acuerdo con la dependencia, el grupo presuntamente operaba en la franja comprendida entre Faro de Bucerías y Huahua, en el municipio de Aquila. Por esa zona ingresaban cargamentos que después eran trasladados hacia distintos puntos del país.

Leobardo es señalado como presunto líder de la organización y relacionado con el control de las rutas marítimas utilizadas para el tráfico de cocaína en la costa de Aquila. A la célula se le atribuye el traslado de estupefacientes hacia Apatzingán, para su posterior distribución en distintas regiones del país y hacia Estados Unidos.

Dijo que las capturas fueron resultado de trabajos de inteligencia naval y coordinación interinstitucional para debilitar las capacidades de organizaciones que utilizan el Pacífico mexicano para el tráfico de cocaína. Explicó que estas acciones buscan afectar tanto los puntos logísticos de los grupos criminales como sus mecanismos de traslado y distribución en territorio nacional e internacional.

El combate al tráfico marítimo, agregó, requiere impedir el transporte de cargamentos ilícitos, pero también identificar y desarticular las estructuras que controlan las rutas, coordinan la logística y facilitan el ingreso de las sustancias.

La dependencia reportó que durante la presente administración las operaciones navales en el Pacífico mexicano han permitido asegurar 97.5 toneladas de cocaína, equivalentes, según sus cálculos, a aproximadamente 136 millones de dosis.Atribuyó a esos decomisos una afectación económica estimada de 25 mil millones de pesos para la delincuencia organizada.

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