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Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), conversó con Prensa Libre sobre varios temas de la coyuntura económica. Entre ellos, destacó los nombramientos de las nuevas autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Superintendencia de Bancos (SIB), que ejercerán durante un período de cuatro años.
El representante empresarial también se refirió a las estimaciones de crecimiento económico y las perspectivas para 2027, así como al proyecto de presupuesto de ingresos y egresos que discute la Comisión de Finanzas del Congreso de la República.
¿Cuáles son las expectativas del sector industrial ante los recientes cambios en las autoridades del Banguat y la SIB, con José Alfredo Blanco Valdés como presidente en funciones del banco central y el nombramiento de Juan Carlos Catalán Herrera al frente de la SIB?
Esperamos que los cambios de autoridades preserven la estabilidad económica y la confianza en el sistema financiero, mediante una gestión técnica, independiente y apegada a la ley.
Para el sector industrial es fundamental mantener la autonomía del Banco de Guatemala y la continuidad de políticas que contribuyan a la estabilidad del país. El ejercicio temporal de la presidencia por el vicepresidente José Alfredo Blanco Valdés, conforme a la ley, permite preservar la continuidad institucional y el Estado de Derecho.
En cuanto a la SIB, esperamos que la gestión de Juan Carlos Catalán Herrera mantenga una supervisión técnica, imparcial y preventiva que resguarde la solidez del sistema financiero y la confianza de los depositantes.
¿Cuáles considera que son los principales desafíos que deberán enfrentar las autoridades monetarias y de supervisión financiera para garantizar la estabilidad macroeconómica?
Guatemala cuenta con una base de estabilidad macroeconómica que favorece la confianza y la inversión. En el contexto actual, un desafío inmediato para el Banguat y la Junta Monetaria es asegurar que la transición de autoridades mantenga la capacidad de tomar decisiones oportunas, sustentadas en criterios técnicos.
Esto requiere continuidad de los equipos especializados, coordinación y acciones que doten de certeza la conducción de la política monetaria, cambiaria y crediticia.
En cuanto a la SIB, un desafío concreto es implementar de manera efectiva la nueva legislación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, de cara a la evaluación de Gafilat prevista para el 2027.
Esto exige fortalecer las capacidades de supervisión, coordinar a las autoridades competentes y facilitar que las personas y entidades obligadas conozcan, comprendan y cumplan las nuevas disposiciones. Todo lo anterior debe desarrollarse con criterios técnicos, reglas claras, controles proporcionales a los riesgos y pleno respeto al debido proceso, para que su aplicación contribuya a proteger la integridad del sistema financiero y la confianza de los depositantes e inversionistas.
¿Considera que la incertidumbre jurídica generada por los recientes cambios en el Banguat podría afectar la confianza empresarial?
Guatemala cuenta con fortalezas macroeconómicas y un sistema financiero sólido. Por ello, consideramos que la posibilidad de un impacto de esta situación dependerá de cómo evolucione el proceso y de que se mantenga la continuidad técnica e institucional del Banco de Guatemala. Lo contrario podría generar cautela en las decisiones de inversión y financiamiento.