Panamá después del terremoto: reconstruir con solidaridad y propósito

Panamá evitó una tragedia humana mayor, pero no salió ileso. Esa diferencia debe orientar la conversación nacional después del terremoto del 9 de octubre.

En la ciudad capital, donde el movimiento se sintió con enorme intensidad, la mayoría de los edificios, puentes y servicios esenciales resistieron. El Canal mantuvo sus operaciones y el aeropuerto pudo reanudar sus actividades. La ausencia de daños generalizados en la capital demuestra el valor de las normas de construcción, la ingeniería y el mantenimiento preventivo. Es un logro colectivo que merece ser reconocido.

Pero limitar la lectura del terremoto a lo ocurrido en la capital produciría una imagen incompleta e injusta. En Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, numerosas familias enfrentan una realidad muy distinta. Viviendas destruidas o inhabitables, escuelas y centros de salud afectados, iglesias dañadas, carreteras fracturadas y puentes bajo evaluación forman parte del balance que continúa actualizándose. Detrás de cada cifra existe una familia que perdió seguridad, patrimonio o sustento.

Aunque inicialmente no se reportaron fallecimientos, el 14 de octubre se confirmó la muerte de una mujer que había resultado gravemente herida durante el sismo. Esta pérdida recuerda que el balance humano puede cambiar y que no cabe minimizar el sufrimiento. La dimensión de un desastre no se mide solamente en vidas perdidas: también se refleja en hogares dañados, comunidades aisladas, clases suspendidas y fuentes de ingreso interrumpidas.

Las réplicas prolongan la incertidumbre. Para quienes viven cerca de las zonas más afectadas, el terremoto no terminó cuando dejó de moverse el suelo. Continúa cada noche fuera de casa, en cada camino interrumpido y en cada duda sobre cuándo podrán regresar los niños a la escuela o reanudarse una actividad productiva.

La primera respuesta debe seguir siendo humanitaria: techo temporal, alimentos, agua potable, atención médica y acompañamiento emocional. En una emergencia, la rapidez salva vidas y también protege la dignidad. Resulta positivo que el Gobierno nacional haya declarado el estado de emergencia, desplegado personal, iniciado la entrega de materiales y movilizado recursos hacia las comunidades afectadas. Esa tarea merece el respaldo de todos los sectores.

Apoyar al Gobierno en la reconstrucción no significa renunciar al escrutinio. Por el contrario, la mejor forma de fortalecer el esfuerzo público es procurar que la ayuda llegue con rapidez, coordinación y transparencia. La emergencia exige unidad nacional, pero también información clara sobre necesidades, beneficiarios, recursos utilizados y avances alcanzados.

El camino hacia la recuperación debería apoyarse en cinco prioridades. Primero, completar un registro único y verificable de daños y personas afectadas, incluyendo comunidades rurales de difícil acceso. Segundo, asegurar viviendas temporales dignas mientras se reparan o reconstruyen las permanentes. Tercero, recuperar rápidamente la conectividad vial, los servicios de salud y los centros educativos. Cuarto, respaldar a pequeños comercios, productores y emprendedores cuya actividad quedó paralizada. Quinto, reconstruir con estándares superiores, evitando reproducir las vulnerabilidades que el terremoto dejó al descubierto.

El sector privado también tiene una responsabilidad. Empresas, gremios, fundaciones y ciudadanos pueden aportar recursos, logística, conocimiento técnico y capacidad de ejecución. Sin embargo, la solidaridad debe organizarse. La ayuda dispersa, duplicada o enviada sin conocer las necesidades reales puede perder eficacia. Coordinar con las autoridades y con organizaciones confiables permite que cada aporte produzca un mayor impacto.

Esta emergencia también debe convertirse en aprendizaje. Panamá necesita fortalecer la educación ciudadana ante sismos, revisar protocolos de evacuación, inspeccionar edificaciones vulnerables y actualizar los planes de continuidad de instituciones y empresas. La resistencia demostrada por buena parte de nuestra infraestructura no debe conducir a la complacencia, sino a elevar aún más nuestros estándares.

La reconstrucción material tomará tiempo. La recuperación emocional, posiblemente más. Por eso, quienes vivimos en áreas menos afectadas debemos evitar que el regreso a la normalidad nos haga olvidar a quienes todavía enfrentan la emergencia.

Hoy corresponde expresar nuestra solidaridad con las familias afectadas y acompañar al Gobierno nacional en la tarea de reconstruir el país. Panamá ha demostrado que cuenta con infraestructura capaz de resistir. Ahora debe demostrar algo igualmente importante: que posee la unidad, la sensibilidad y la capacidad institucional necesarias para no dejar a ningún panameño atrás.

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