Hay momentos en la historia de un país en los que las diferencias deben quedar a un lado para dar paso a lo verdaderamente importante: la vida, la solidaridad y el bienestar de nuestra gente.
El terremoto que ha golpeado a Panamá nos enfrenta a un desafío que va mucho más allá de reparar edificios, carreteras y viviendas. Tenemos que recuperar la actividad económica, proteger los empleos, garantizar la alimentación de las familias y, sobre todo, evitar que nuestros niños y jóvenes paguen las consecuencias de una emergencia que amenaza con interrumpir su educación.
La primera prioridad debe ser proteger la vida y atender a las familias afectadas. Pero, al mismo tiempo, debemos comenzar a organizar una recuperación que permita reconstruir las comunidades sin profundizar las desigualdades ni comprometer innecesariamente las finanzas públicas.
Los daños de un terremoto tienen efectos directos e indirectos. El costo directo comprende la reparación o reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales, carreteras, puentes y otras infraestructuras. El indirecto incluye los ingresos que dejan de recibir los comercios, restaurantes, hoteles, productores agropecuarios y pequeñas empresas que deben suspender sus operaciones.
A esto se suma el gasto extraordinario del Estado, que debe responder a la emergencia mientras mantiene sus compromisos presupuestarios habituales. Por eso, no basta con contabilizar los edificios afectados. También debemos medir los empleos perdidos, los días de clases interrumpidos, las dificultades para acceder a alimentos y medicamentos y las pérdidas de producción que enfrentan las comunidades.
La cifra definitiva del impacto económico dependerá de una evaluación técnica de los daños y de las necesidades de reconstrucción. Es fundamental distinguir entre los recursos autorizados para atender la emergencia, el valor de los daños materiales y el costo total de recuperar la economía. Son conceptos diferentes y no deben confundirse.
Reconstruir las escuelas sin perder la educación. Uno de los mayores riesgos de una emergencia es que sus consecuencias se extiendan mucho más allá del momento del desastre. Una escuela destruida no solo representa una pérdida de infraestructura: significa miles de oportunidades de aprendizaje que pueden quedar en pausa. Por eso, la reconstrucción educativa debe comenzar desde el primer día, incluso cuando todavía no sea posible reconstruir la infraestructura afectada.
La primera medida es evaluar la seguridad de cada centro educativo. Ningún estudiante ni docente debe regresar a instalaciones que no hayan sido inspeccionadas y declaradas seguras por las autoridades competentes. Mientras se ejecutan las reparaciones, el Ministerio de Educación, en coordinación con las autoridades locales, puede habilitar espacios temporales seguros: salones comunitarios, instalaciones públicas disponibles, centros educativos cercanos que no hayan sufrido daños y aulas modulares donde sea necesario.
También se debe establecer un plan de continuidad educativa por comunidad. Cuando las condiciones lo permitan, pueden organizarse turnos alternos, jornadas flexibles y calendarios de recuperación. En las zonas donde exista conectividad, los recursos digitales pueden complementar las clases; donde no haya internet o electricidad, deben distribuirse guías impresas y materiales educativos.
Es indispensable identificar de manera urgente a los estudiantes que perdieron libros, uniformes, útiles escolares o dispositivos electrónicos y establecer mecanismos para reponerlos. Asimismo, los docentes necesitan materiales, transporte y acompañamiento para continuar su labor.
La educación no puede depender exclusivamente de la disponibilidad de un edificio. Debemos garantizar que cada niño tenga acceso a un maestro, materiales y un espacio seguro para aprender. Además, la recuperación debe contemplar apoyo socioemocional para estudiantes y docentes que hayan vivido experiencias traumáticas. No se trata simplemente de recuperar contenidos, sino de devolverles seguridad, estabilidad y confianza.
La alimentación debe atenderse con la misma urgencia que la vivienda y la salud. Cuando una familia pierde su hogar, deja de trabajar o queda aislada por daños en las carreteras, el acceso a los alimentos se convierte en una necesidad inmediata.
La respuesta debe comenzar con un registro coordinado de las familias afectadas, respetando su privacidad y priorizando a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y hogares sin ingresos.
A partir de ese registro, las autoridades pueden organizar centros de acopio y distribución en puntos estratégicos, utilizando escuelas seguras, instalaciones comunitarias y otros espacios habilitados. Los municipios, juntas comunales, organizaciones sociales, iglesias, empresas privadas y voluntarios pueden colaborar bajo una coordinación común.
No basta con recolectar donaciones: hay que garantizar que lleguen a quienes las necesitan. Para ello**,** se requiere un inventario público de alimentos, agua potable, medicamentos y artículos de primera necesidad, así como rutas de distribución y mecanismos de seguimiento.
