Argentina reabre el debate ambiental: ¿minería o agua?

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En un país atravesado por crisis económicas recurrentes, la promesa de inversiones millonarias y la generación de empleo suele aparecer como una solución inmediata. Sin embargo, cuando el crecimiento económico entra en conflicto con recursos naturales esenciales, surge una pregunta inevitable: ¿hasta dónde estamos dispuestos a avanzar? La reciente reforma de la Ley de Glaciares volvió a poner ese dilema en el centro de la escena política y social argentina.

Los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce y, por esa razón, Argentina debería mantener una protección ambiental estricta frente al avance de la actividad minera. La flexibilización de esta normativa representa un riesgo ambiental difícil de revertir y prioriza beneficios económicos de corto plazo sobre recursos fundamentales para las futuras generaciones.

La reforma fue aprobada por el Congreso con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. El Gobierno sostiene que los cambios permitirán atraer inversiones extranjeras, aumentar las exportaciones y generar empleo. Desde esta mirada, la minería aparece como un motor clave para el desarrollo económico, especialmente por la creciente demanda internacional de minerales como el litio y el cobre.

No es la primera vez que se intenta modificar esta ley. En enero de 2024, el llamado proyecto de Ley Ómnibus incluyó cambios a la normativa, pero no prosperó ante el rechazo de más de 150 organizaciones ambientales. Esta vez, sin embargo, a pesar de que, en las afueras del Congreso, organizaciones ambientalistas encabezaron una protesta masiva, el oficialismo logró convertirlo en ley con el respaldo de aliados parlamentarios y gobernadores de provincias cordilleranas.

Los cambios son significativos: la reforma redefine el concepto de “ambiente periglacial”, limita la protección únicamente a los glaciares que cumplan una “función hídrica efectiva y relevante” para la recarga de cuencas y transfiere a las provincias la facultad de habilitar actividades en zonas que antes eran de resguardo absoluto.

Según el Inventario Nacional de Glaciares, en Argentina existen 16.968 cuerpos de hielo que cubren aproximadamente 8.484 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a 41 veces la Ciudad de Buenos Aires. La inmensa mayoría se encuentra en la Cordillera de los Andes.

Según la ONU, los glaciares concentran cerca del 69% del agua dulce del planeta y, entre 2000 y 2023, se perdieron en promedio 273.000 millones de toneladas de masa por año, contribuyendo al aumento del nivel del mar. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advierte, además, que 2025 se ubicó entre los tres años más cálidos registrados, con una temperatura media de 1,44 °C por encima del nivel preindustrial.

Las proyecciones científicas indican que, antes de 2030, la mayoría de las cuencas glaciares de los Andes alcanzarán su punto máximo de aporte hídrico, momento a partir del cual los glaciares no podrán mantener su aporte histórico al caudal de los ríos y la disponibilidad de agua comenzará a disminuir de manera sostenida.

Quienes apoyan la reforma no carecen de argumentos. La creciente demanda global de minerales críticos posiciona a Argentina como un actor estratégico de la transición energética: el país posee reservas de litio —esencial para baterías y almacenamiento energético— y de cobre. El Gobierno y los gobernadores de las provincias mineras sostienen que la reforma era una condición indispensable para atraer inversiones internacionales.

Los números respaldan parte de ese entusiasmo: en 2025, la minería exportó más de 6.000 millones de dólares, marcando un récord histórico y representando el 6,9% del total de las exportaciones argentinas. El sector estima que los principales proyectos de cobre podrían atraer casi 20.000 millones de dólares en inversiones y colocar a Argentina entre los grandes productores globales del mineral.

Sin embargo, a pesar del récord exportador, la minería representa alrededor del 1% del PIB argentino, una proporción llamativamente baja para un país que concentra una porción relevante de los recursos minerales globales. La brecha entre el potencial y el aporte efectivo a la economía nacional abre el debate sobre el grado en que el desarrollo minero ha logrado traducirse en beneficios económicos para el conjunto del país.

El problema no radica únicamente en la actividad minera, sino en los límites que se establecen para llevarla adelante. Los glaciares y ambientes periglaciares cumplen una función vital: abastecen de agua a millones de personas, regulan ecosistemas y ayudan a enfrentar los efectos del cambio climático. Permitir actividades extractivas cerca de estas zonas implica aumentar el riesgo de contaminación, alteración de cuencas hídricas y daño ambiental irreversible.

Cuando el uso industrial del agua para la minería crece, el acceso para pequeños y medianos productores agrícolas y para las comunidades locales se vuelve cada vez más limitado. Las consecuencias documentadas incluyen intoxicaciones, pérdida de fauna, contaminación del agua y del suelo y el deterioro progresivo de los ecosistemas.