Los agricultores prefieren destruir sus cosechas en lugar de donarlas: esta es la razón

Cebollas, patatas, sandías y tomates quedan abandonados en los campos, mientras los precios en los supermercados continúan elevados. Detrás de esta situación hay una lógica económica, legal y política muy concreta.

Las escenas se han repetido en diversas localidades de España: agricultores que trituran hectáreas de cebollas, dejan que las sandías se pudran o deciden no recoger tomates y patatas, mientras el consumidor paga casi 2 euros por kilo en el supermercado. No se trata de un capricho ni de un impulso momentáneo: es el resultado de una mezcla explosiva de precios en origen que caen a plomo, costos que se disparan, burocracia y competencia internacional.

El sector agrícola atraviesa una crisis que muchos productores definen como ruina.

La paradoja es evidente: mientras los consumidores ven cómo se incrementa el precio de la cesta de la compra, los agricultores reciben menos que nunca por sus productos. En medio de este escenario, una cadena de intermediación y unas reglas del juego que, en la actualidad, les empujan más a destruir que a regalar.

Un aspecto crucial a menudo pasa desapercibido en el debate público: en España, está prohibido vender por debajo del coste de producción. Esta norma es uno de los pilares fundamentales de la Ley de la Cadena Alimentaria, reformada en 2021 para evitar la conocida “venta a pérdidas”.

Es decir, si un agricultor acepta un precio que no cubre sus costes, está cometiendo una infracción legal.

Pero además, si opta por regalar su cosecha para evitar pérdidas, podría estar incurriendo también en un caso de competencia desleal y venta a pérdidas encubierta.

En una reciente declaración hecha por un productor andaluz y recogida por por El Debate, se resume así el dilema: «hay una ley que dice que está prohibido vender por debajo del coste; por lo tanto, regalar una producción es ilegal». En otras palabras, la alternativa legalmente segura no es “regalar”, sino simplemente no recolectar o destruir el producto.

Por si fuera poco, la diferencia económica entre recoger o no puede ser abismal. Un informe sobre costos en cítricos mencionado por ese mismo medio estima que, en el caso de la mandarina, decidir recolectar o dejarla en el árbol puede implicar unos 3.700 euros menos por hectárea. Cuando el precio en origen no apenas cubre ni los gastos del equipo y el transporte, las cuentas son claras: trabajar más significa perder más.

Lo que sucede con las cebollas se ha convertido en un símbolo representativo de esta crisis. Agricultores españoles han comenzado a triturar cebollas en sus campos mientras que en las tiendas se pagan casi 2 euros por kilo.

El Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) revela diferencias alarmantes que alcanzan hasta un 400-500 % entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor.

Con estas variables cruzándose entre sí, los agricultores terminan trabajando por debajo del umbral necesario para ser rentables. En este contexto complicado, dejar caer el producto al suelo o destruirlo se convierte en una opción drástica pero efectiva para detener las pérdidas.

Un extenso reportaje publicado en un medio especializado sobre agricultura detalla cómo las cebollas, patatas, sandías y tomates acaban desperdiciándose rápidamente. Y todo ello responde a una lógica estrictamente económica y legal; no es cuestión del mal carácter del agricultor.

La crisis va más allá de una simple mala campaña. Los agricultores hablan ya de un modelo insostenible que les lleva a la ruina. Hay tres frentes principales:

Las últimas semanas han visto tractoradas y manifestaciones organizadas por agricultores ganaderos repetirse en varias ciudades españolas. Ellos protestan contra lo que consideran “burocracia asfixiante” proveniente de Bruselas, así como contra la competencia desleal desde fuera de Europa e inequidades ambientales y laborales exigidas para importaciones desde otros países.