ICE duplica sus detenciones en Estados Unidos y acelera la agenda migratoria de Trump

El Gobierno de Trump intensifica las redadas migratorias mientras crecen la presión política, el coste operativo y la incertidumbre entre millones de personas

La política migratoria en Estados Unidos ha entrado en una fase de máxima tensión. ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ha informado de 491.000 detenciones en el último año, además de deportar a otras 483.000 personas.

Este volumen supera con creces el del año anterior, multiplicando por más de cuatro las detenciones registradas en 2024. El dato subraya que la promesa de estrechar el control en la frontera ha dejado de ser solo retórica: se ha convertido en una operación activa en todo el territorio.

La Administración de Donald Trump maneja estos datos como un indicador de eficacia y como parte de su compromiso de regresar a un entorno de seguridad. El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado el ejercicio fiscal 2026 como el más intenso en la historia de ICE. Asimismo, argumenta que los arrestos de este año superaron la cifra total de los tres ejercicios previos bajo Joe Biden.

La estrategia implementada incluye redadas, detenciones en lugares de trabajo, intervenciones cerca de tribunales de inmigración y una cooperación más estrecha con autoridades locales. No se busca solo localizar a personas con antecedentes penales, sino también a inmigrantes que tengan órdenes de expulsión, solicitudes negadas o trámites pendientes.

Este cambio impacta de lleno en el día a día de comunidades completas. Familias con miembros en diversas situaciones migratorias se enfrentan al riesgo de separaciones inesperadas. Sectores como la agricultura, la construcción, la hostelería y la logística podrían verse afectados por la falta de mano de obra, en especial en zonas donde la economía se sostiene gracias a trabajadores extranjeros.

Este aumento no surgió de la nada. Durante 2026, los operativos ya habían incrementado las detenciones hasta cerca de 2.000 diarias en algunos períodos, contrastando con unos 1.000 al principio del año. En apenas cinco días, se contabilizaron más de 10.000 arrestos, en el marco de una campaña destinada a presionar a las oficinas regionales de ICE.

Este despliegue ha incrementado la población en centros de detención migratoria. Tal crecimiento exige al Gobierno federal encontrar más espacio, contratar personal adicional y acelerar los procedimientos de deportación. Cada arresto conlleva, además, una serie de trámites administrativos: traslado, revisión del caso, acceso a abogados, posible apelación y, finalmente, deportación o libertad.

De esta forma, el sistema enfrenta una tensión compleja. Washington aspira a aumentar las expulsiones, pero los tribunales de inmigración ya manejan millones de casos. Sin un incremento acorde en el número de jueces, funcionarios y asistencia legal, el aumento de detenciones podría significar más demoras y una prolongada permanencia en los centros de detención.

El Gobierno argumenta que ICE actúa conforme a las leyes aprobadas por el Congreso y que sus agentes persiguen la expulsión de quienes no tienen permiso para estar en el país. Sin embargo, la oposición y numerosas organizaciones de derechos civiles cuestionan la magnitud de las operaciones y la detención de individuos sin antecedentes violentos.

El coste político también está en aumento. Cada deportación podría fortalecer el mensaje electoral de Trump, pero cada separación familiar, denuncia de abusos o muerte bajo custodia puede avivar la oposición social y legal. La magnitud alcanzada convierte cualquier incidente en un tema nacional de relevancia.

Lo que parece inminente es una presión continua en los próximos meses. El Ejecutivo requerirá mantener resultados visibles para poder cumplir sus promesas migratorias, mientras que los tribunales, los estados y el Congreso deberán decidir hasta dónde se puede estirar la máquina de deportación. Con 491.000 arrestos ya inscritos, la cuestión ha dejado de ser si Estados Unidos endurecerá su política migratoria: el debate se ha trasladado a sus límites y a las consecuencias que esto tendrá para el país.

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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