Meloni sacude a Sánchez por su frivolidad ante la inmigración ilegal, evidenciando la soledad del marido de Begoña en la UE

La italiana, que acaba de plantar cara a Trump, impulsa un endurecimiento migratorio en Bruselas, mientras el del PSOE promueve regularizaciones y vínculos con China, en un contexto de creciente desgaste político.

Hay una imagen que resume mejor que cualquier análisis la situación de Pedro Sánchez en Bruselas: el presidente español cada vez más apartado en los debates que más importan, con Giorgia Meloni marcando la agenda migratoria que él rechaza, con casi toda la UE endureciendo su postura hacia China mientras él insiste en «tender puentes», y con la sombra del sumario de las cloacas, las joyas de Zapatero, el caso Begoña y el caso Ábalos siguiéndole a cada cumbre como una maleta que nadie puede facturar.

El político que llegó a Bruselas en 2018 con la imagen del socialdemócrata guapo, progresista y confiable, el que los medios europeos llamaron en su momento Peter the Handsome, ya no genera esa reacción en los pasillos de las instituciones comunitarias.

La nueva etiqueta, que circula entre diplomáticos y corresponsales europeos con una discreción que no oculta del todo la ironía, es otra: Tricky Peter. El hombre de los trucos. El que siempre tiene una maniobra. El que dice una cosa y hace otra.

La caída de imagen no ha sido accidental. Ha sido el resultado acumulado de años de escándalos que en España han podido administrarse con la ayuda del ecosistema mediático afín al Gobierno, pero que en Bruselas, donde los interlocutores leen los informes de la UCO con la misma atención que las notas diplomáticas, ya no tienen el mismo efecto anestésico.

El problema de Sánchez en Europa no es solo político. Es de credibilidad personal. Los líderes europeos que llevan años tratando con él han visto la secuencia completa: la carta de los cinco días de reflexión mientras la cloaca se organizaba en Ferraz, la defensa a ultranza de Zapatero mientras el expresidente acumula seis delitos investigados en la Audiencia Nacional, la gestión del caso Begoña con sus sucesivas versiones sobre los contratos de Barrabés, la Ley de Amnistía para Puigdemont como moneda de cambio para seguir en el poder.

En Bruselas no se necesita leer OKDIARIO ni El Debate para tener una opinión formada sobre la situación judicial del Gobierno español. Los informes de la Comisión Europea sobre el estado de derecho en España, que en los últimos años han incorporado referencias cada vez más explícitas a la presión sobre el poder judicial y la independencia de los fiscales, circulan en las instituciones con un nivel de atención que en Madrid se prefiere ignorar.

Las marrullerías que funcionan en el Congreso de los Diputados, donde la mayoría depende de socios que tienen sus propias razones para no dejar caer al Gobierno, no funcionan en el Consejo Europeo, donde los interlocutores no necesitan el voto de Sánchez para sobrevivir políticamente y donde la reputación importa más que la aritmética parlamentaria.

El enfrentamiento más visible de la última cumbre ha sido con Giorgia Meloni, que ha criticado abiertamente a España por su decisión de regularizar a unos 500.000 solicitantes de asilo en un momento en que Bruselas avanza hacia una postura notablemente más estricta sobre la inmigración irregular.

La primera ministra italiana no está sola. Detrás de su posición hay una mayoría creciente de gobiernos europeos, incluyendo algunos que hasta hace poco se consideraban aliados naturales del socialismo español, que consideran que la regularización masiva española no es solo una decisión nacional: es una decisión que afecta a todo el espacio Schengen porque quienes obtienen residencia en España tienen libertad de movimiento en toda la UE.

«Lo que usted hace nos afecta a todos», dijo Meloni en privado, según las informaciones filtradas de la cena de mandatarios. La frase es diplomáticamente contenida. Lo que algunos de sus colegas dicen en conversaciones aún más privadas es considerablemente más directo.

Sánchez defendió su postura argumentando que la mayoría de los regularizados son latinoamericanos con años de residencia, que la patronal y la Iglesia apoyan el proceso y que España ha reducido las llegadas irregulares. Son argumentos que tienen su lógica interna en el debate doméstico español. En el contexto europeo, donde la presión migratoria es el primer tema en las encuestas de varios países y donde gobiernos de centro-izquierda han caído por no gestionar adecuadamente la percepción de control de fronteras, suenan como la posición de alguien que no está leyendo el mismo mapa que el resto.

El segundo frente de aislamiento es la política hacia China. Mientras la UE avanza hacia una postura más firme en materia de aranceles, dependencia estratégica en sectores críticos y riesgos de seguridad asociados a la presencia china en infraestructuras europeas, Sánchez sigue defendiendo el diálogo y los puentes.

Ha visitado a Xi Jinping cuatro veces en cuatro años. Ha frenado o ralentizado en varias ocasiones los mecanismos defensivos europeos contra las prácticas comerciales chinas. Y lo ha hecho mientras algunos de sus exministros y figuras del entorno socialista desarrollaban intereses económicos propios en la relación con Pekín, con el mismo patrón que la UCO y los tribunales han ido documentando en el caso venezolano.

En el debate europeo sobre China, España es prácticamente la única voz que frena el endurecimiento colectivo. Eso tiene un coste en términos de influencia y credibilidad que se suma al coste que ya genera el deterioro de la imagen personal del presidente.