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La declaración fue difundida por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y se acordó durante una reunión de representantes de comercio del G20 en Milwaukee. El documento plantea su preocupación por las economías en las que la oferta industrial supera de manera persistente a la demanda global como consecuencia de intervenciones que, según los firmantes, alteran el funcionamiento del mercado.
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Aunque China no aparece mencionada directamente, el texto apunta a políticas estatales que permiten sostener niveles de producción superiores a la demanda. La discusión alcanza sectores considerados estratégicos para la economía mundial, entre ellos los vehículos eléctricos, las baterías, los semiconductores y los paneles solares.
Los países firmantes sostienen que la sobreoferta puede distorsionar los precios internacionales, desalentar nuevas inversiones y afectar el empleo local. Como parte de la respuesta, acordaron desarrollar plataformas de trabajo técnico junto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La adhesión argentina se produce mientras una delegación estadounidense de alto nivel desarrolla una agenda de reuniones en el país. La comitiva llegó el lunes y permanecerá hasta el viernes, con actividades previstas en Buenos Aires, Salta y Jujuy, para evaluar oportunidades de negocios y proyectos de inversión.
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La misión está encabezada por Katrien Hinderdael, directora de Infraestructura e Inversión Global del Departamento de Estado, y cuenta entre sus integrantes con Danielle Monosson, directora de la Oficina de Brasil y Cono Sur del Departamento de Estado; Ryan Berg, de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC); y Carter Mateer, de EXIM.
El primer encuentro se produjo el martes en el Palacio San Martín, donde la delegación fue recibida por el canciller Pablo Quirno. El funcionario vinculó la visita con la implementación del Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa presentada el 23 de septiembre en Nueva York junto al subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.
El proyecto apunta a mejorar la infraestructura que conecta los principales sectores productivos argentinos con los puertos del Atlántico y los mercados occidentales. Según explicó Quirno, la agenda incluye la búsqueda de inversiones en energía, minería, infraestructura y tecnología.
La misión también mantuvo un encuentro con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, quien destacó la participación conjunta del Departamento de Estado, EXIM y la DFC. El diplomático señaló que la delegación busca profundizar el diálogo con autoridades argentinas y con el sector privado en áreas como transporte, energía y minerales críticos.
De esta manera, el acuerdo sobre la sobrecapacidad industrial y la llegada de la misión estadounidense forman parte de una misma agenda de mayor coordinación económica. Mientras Argentina se incorpora a una discusión internacional impulsada por Estados Unidos y otros países sobre los desequilibrios de la producción manufacturera, funcionarios de ambos gobiernos avanzan en paralelo sobre infraestructura, recursos estratégicos e inversiones.
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