Cuáles son los puntos más importantes de la ley de Defensa de la Soberanía por Malvinas

El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca reforzar las herramientas del Estado frente a las actividades económicas que se desarrollan en las islas Malvinas y, en particular, frente a la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur. "El Presidente de la Nación, Javier G. Milei, invita a toda la dirigencia política a poner una pausa a otras discusiones y a darle máxima prioridad y celeridad al tratamiento de este proyecto", señala el Gobierno en un comunicado.

El texto modifica el régimen de sanciones para empresas vinculadas con actividades no autorizadas, propone una nueva arquitectura de Seguridad Nacional bajo conducción presidencial, incorpora mecanismos para la protección aeroespacial y marítima y establece nuevas herramientas frente a amenazas externas.

"La iniciativa constituye un hito en el proceso de recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y un avance legal sin precedentes en la historia de nuestro país. Todos los argentinos, de todas las edades y de todos los rincones del país, reconocen en Malvinas una causa nacional, y en su recuperación, una promesa que cada generación hereda de la anterior", argumenta el Gobierno en un comunicado.

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados y reemplaza el esquema establecido por la Ley 26.659, que estaba centrado principalmente en las actividades hidrocarburíferas. La nueva iniciativa amplía el alcance a la explotación de recursos naturales renovables y no renovables. El proyecto establece que cualquier actividad destinada a la explotación de recursos en las Islas Malvinas, sus espacios marítimos circundantes o la Plataforma Continental Argentina requiere autorización de las autoridades argentinas.

También alcanza a empresas, financieras, logísticas, técnicas o de consultoría que resulten esenciales para el proyecto, así como socios, accionistas, participantes directos y controlantes de las compañías involucradas. El objetivo es abarcar la cadena completa que hace posible una explotación no autorizada: desde quien extrae petróleo o pesca hasta quienes financian, controlan o prestan servicios indispensables para la operación.

Las sanciones administrativas podrán incluir multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de suspensiones, cancelaciones e inhabilitaciones de entre cinco y 20 años. En determinados delitos vinculados con recursos naturales no renovables, las penas podrían llegar a 20 años de prisión. Para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin autorización, el proyecto contempla penas de entre 15 y 20 años.

La inhabilitación puede derivar en la prohibición de desarrollar actividades económicas en la Argentina, la revocación de permisos, el cese de exenciones o facilidades fiscales y previsionales y la rescisión de contratos que se ejecuten total o parcialmente en territorio argentino.

También se impide que organismos públicos nacionales, provincias, municipios y empresas o personas establecidas en el país contraten con quienes hayan sido incorporados al registro de sancionados. El capítulo penal prevé penas de entre cinco y siete años de prisión para la prestación consciente de bienes o servicios indispensables para esas operaciones; de entre 12 y 15 años para la prospección o exploración hidrocarburífera sin autorización; y de entre 12 y 20 años para la exploración o explotación de recursos naturales no renovables. La extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos puede ser penada con 15 a 20 años de cárcel.

La iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, además de funcionarios de Inteligencia y Legal y Técnica. El organismo será el encargado de elaborar y coordinar la Política de Seguridad Nacional y podrá requerir información y asistencia de provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires.

4. Habilita nuevas herramientas económicas frente a amenazas externas

El Consejo podrá disponer medidas económicas ante riesgos o amenazas graves e inminentes para la Seguridad Nacional. Entre ellas aparecen restricciones sobre operaciones cambiarias, transferencias y pagos, limitaciones a importaciones y exportaciones, suspensión de permisos y contratos, restricciones para acceder a créditos o beneficios fiscales y el bloqueo de determinados activos.

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Con una lógica muy parecida a los instrumentos utilizados por Donald Trump en Estados Unidos, el proyecto contempla además aranceles de importación y exportación de hasta 75% frente al Estado extranjero involucrado.

El proyecto establece un procedimiento para intervenir ante aeronaves consideradas irregulares u hostiles. El esquema prevé identificación, advertencias, declaración de tránsito aéreo irregular y, eventualmente, hostil (Tránsito Aéreo Hostil). El uso de la fuerza aparece como último recurso y requerirá una orden expresa del Presidente, que podrá delegarla en el ministro de Defensa.

Cabe mencionar que Mauricio Macri aprobó en 2016 las Reglas de Protección Aeroespacial, cuya RPA 004 autorizaba expresamente el uso de la fuerza para el derribo o destrucción de vectores declarados hostiles. En marzo de 2023, Alberto Fernández derogó esa regla. Su decreto señaló que el régimen había adquirido carácter permanente después del G20 de 2018 y consideró innecesario y “excesivamente punitivo” conservar determinadas disposiciones.