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La recaudación volvió a abrir una disputa por la lectura de la economía. El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, sostuvo que los datos de la recaudación impositiva de mayo reflejan un agravamiento de la crisis económica y contradicen el diagnóstico optimista de la Nación. Según planteó, los principales tributos vinculados al movimiento real de la economía volvieron a registrar bajas interanuales.
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“Más allá del relato que intenta instalar el Gobierno nacional, los datos muestran otra realidad. La recaudación de los impuestos vinculados a la actividad económica continúa cayendo y eso es consecuencia directa del deterioro que atraviesa la economía real”, afirmó Girard.
De acuerdo con los datos mencionados por el titular de la agencia bonaerense, en mayo Ingresos Brutos retrocedió 8,4% interanual; el Impuesto de Sellos cayó 11%; el IVA bajó 7,4%; y el denominado Impuesto al Cheque registró una disminución de 2,9%. También se redujeron los recursos asociados al empleo formal, con caídas en las contribuciones y aportes a la seguridad social.
Para ARBA, la evolución de estos impuestos permite mirar la economía desde otro ángulo. No se trata solo de cuánto recauda el Estado, sino de qué muestran los tributos que se mueven junto con el consumo, las ventas, las transacciones y el empleo registrado.
En ese punto, Girard marcó distancia con la lectura de la Casa Rosada. Sostuvo que la baja de los impuestos ligados a la actividad revela una economía que todavía no logra recomponerse y que mantiene señales de fragilidad en el mercado interno.
El funcionario remarcó que mayo fue el décimo mes consecutivo de caída en la recaudación del IVA, uno de los indicadores más sensibles para medir el comportamiento del consumo.
“Estamos frente al peor inicio de año en materia recaudatoria desde 2017. La caída del IVA, del Impuesto al Cheque y de los recursos de la seguridad social refleja una crisis que tiene su epicentro en el mercado interno”, señaló.
La advertencia de Girard aparece en un momento en el que el Gobierno nacional busca instalar la idea de que la economía ya dejó atrás la etapa más dura del ajuste y empieza a mostrar signos de mejora. Desde la Provincia, en cambio, sostienen que los números de recaudación no acompañan esa lectura.
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El titular de ARBA consideró que los indicadores tributarios muestran las consecuencias de un proceso más amplio: retracción de la actividad, pérdida de puestos de trabajo registrados, crecimiento de la precarización laboral, aumento de la desocupación y deterioro del poder adquisitivo de los salarios.
En esa línea, la caída de Ingresos Brutos y Sellos aparece como una señal directa sobre la evolución de las ventas y las operaciones económicas. A su vez, la baja del IVA y del Impuesto al Cheque refuerza la lectura de un mercado interno todavía debilitado.
Girard también apuntó contra la evolución del componente aduanero del IVA, que registró una caída del 18%. Según sostuvo, ese dato confirma el escenario recesivo, pero también puede encender una señal adicional sobre las operaciones de comercio exterior.
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“Este dato confirma el escenario recesivo que atraviesa el mercado interno, pero además enciende señales de alarma porque podría estar reflejando un aumento de la evasión vinculada a las importaciones. Es una situación que requiere atención y control por parte del Estado”, sostuvo.
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Tegucigalpa, Honduras.- Honduras endurecerá el control y la fiscalización sobre los negocios de origen chino ante su rápido crecimiento tras la apertura de relaciones con Pekín en 2023, una medida que cuenta con el respaldo de la gran empresa pero despierta recelos entre las micro, pequeñas y medianas empresas ( Mipymes ). La iniciativa legislativa, aprobada la semana pasada tras ser presentada por el diputado oficialista Mario Pérez, instruye a las autoridades a auditar de inmediato la legalidad de estos comercios, el cumplimiento del pago de impuestos, el origen y control de sus importaciones, el estatus migratorio del personal y la posible fuga de divisas. Pérez, parlamentario del conservador Partido Nacional, dijo al presentar la moción que no se opone a la nación asiática, pero lamentó que, tras más de tres años de relaciones diplomáticas con China, el resultado visible sea la proliferación de comercios minoristas en lugar de inversiones industriales a gran escala que generen empleo. Hasta ahora, las autoridades hondureñas no han precisado la cantidad de negocios de origen chino abiertos en el país centroamericano en los últimos años. La expansión de estos establecimientos coincide con un notable incremento del flujo migratorio desde el país asiático, que pasó de 403 personas en 2020 a más de 5.000 en 2025, según los registros oficiales La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, respaldó la fiscalización estatal, aunque enfatizó que el cumplimiento de la ley debe aplicarse a todos los actores económicos por igual, independientemente de su origen. "De cualquier actividad económica que realicemos en el país, debemos de cumplir leyes, debemos de cumplir reglas, reglamentos que hay, debemos de pagar impuestos", subrayó Gallardo a EFE. Aunque la líder patronal aclaró que el sector privado organizado no ha identificado directamente prácticas de competencia desleal por parte de los empresarios chinos, advirtió que la informalidad sigue siendo un problema para la economía nacional y reduce los ingresos del Estado para invertir en infraestructura, educación y salud. Gallardo indicó además que pequeños y medianos empresarios han expresado preocupación por una posible desventaja comercial, por lo que instó al Gobierno a garantizar que todos los negocios operen bajo el marco legal hondureño y abogó por proteger la producción nacional mediante campañas de consumo interno. Por su parte, el presidente de la Federación Hondureña de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Femise), José Castañeda, calificó la regulación de "irrisoria" y afirmó a EFE que las Mipymes difícilmente pueden competir con la capacidad productiva de China. "Cuando entra el producto chino se mueren empresas nacionales", aseguró Castañeda, quien atribuyó el problema a la falta de políticas públicas integrales para fortalecer la producción nacional. El representante de las Mipymes —sector que genera el 76 % del empleo en Honduras pero solo aporta el 34 % al Producto Interno Bruto (PIB)— señaló que las pequeñas empresas hondureñas operan en una "economía de subsistencia" y consideró prioritario impulsar la producción nacional, especialmente de alimentos. “Necesitamos comenzar a producir comida urgentemente en Honduras”, enfatizó, tras asegurar que este tipo de supervisiones impositivas en el mediano y largo plazo terminarán "afectando al consumidor hondureño". Castañeda también defendió que Honduras debería priorizar una estrategia de desarrollo basada en formación, producción y políticas económicas de largo plazo, en lugar de depender solo de medidas de control sobre los comercios extranjeros. La aprobación de esta iniciativa se produce en medio de un debate en Honduras sobre el balance económico y los beneficios concretos de la relación bilateral con China, establecida el 26 de marzo de 2023 tras la ruptura de vínculos diplomáticos con Taiwán. El tema cobra especial relevancia bajo el Gobierno del presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, cuya administración iniciada el pasado enero ha mostrado una mayor sintonía con Washington y ha recibido el respaldo abierto del mandatario estadounidense, Donald Trump, en momentos en que Estados Unidos impulsa una estrategia orientada a limitar la expansión de la influencia china en América Latina.