Con la llegada del invierno, la energía en el Gobierno de Javier Milei parece ser la moneda de cambio tanto para amortiguar el impacto económico al consumidor, como para lograr que los números del superávit cierren mes a mes. Mientras el vocero presidencial estrenó su gestión con una defensa a la liberalización de precios para las tarifas, Energía extendió los subsidios para evitar mayor presión en los bolsillos en los meses de mayor frío. Pero, a la vez, el ministro de Economía, Luis Caputo, demora pagos a las productoras de gas y acumula millones adeudados mientras no puede hacer que la recaudación repunte.
De “abrigarse a usar gas”, la frase del flamante Adrián Ravier en su primera conferencia de prensa, a la extensión del 25% extra al 50% ya cubierto de subsidios a los usuarios que tienen ayuda estatal, pasaron sólo 24 horas. En una entrevista reciente, Ravier se excusó al asegurar que fue una frase “poco feliz” y aclaró que no le están diciendo al que no puede pagar el gas "arreglate", sosteniendo que el Gobierno protege a los sectores más vulnerables.
Al tiempo que el dato de la recaudación de junio anotó otro mes con caída del 7,1% real, a Enarsa, la empresa estatal que administra los contratos del programa de subsidios Plan Gas.Ar, le quedan 48 horas para que el pasivo que tiene por USD 180 millones con las productoras no llegue a duplicarse.
Se trata, con un tipo de cambio de referencia para mayo a $1450, de la mitad del superávit financiero que ostentó Caputo en ese mes. Si el próximo 4 de julio el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, no aprueba girar los fondos, el monto ascenderá a más de USD 260 millones.
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Fuentes del sector explicaron que el pasivo comenzó cuando Enarsa pagó de la factura de enero sólo el 60% del total (unos USD 45 millones). El restante venció en abril y se juntó con los montos de febrero, que tuvo como fecha límite mayo. El pago de marzo venció en junio y llevó a generar la suma actual. Las acreedoras son YPF, PAE, Tecpetrol y Vista.
El problema es que en menos de tres días la deuda se duplicará, justo cuando ya llegaron los meses de mayor demanda, más gas inyectado y entregado por las productoras y, si sigue este esquema de atrasos, mayor deuda del Gobierno. Según aseguran en la Secretaría de Energía, existe la intención de cancelar lo adeudado hasta marzo en el transcurso de julio, pero no especificaron fechas ni garantizaron regularidad en los pagos subsiguientes.
La preocupación de la industria reside en que la extensión del atraso es inusual. El Palacio de Hacienda no da certidumbre y compromete de forma “severa” el flujo de inversiones previstas, justo en un momento donde están a punto de comenzar megaobras de infraestructura —como gasoductos y oleoductos— que serán clave para potenciar la exportación. La foto es distinta a la del año pasado, cuando había un diálogo y una periodicidad en los pagos más aceitada.
Esta dinámica expone una característica central de la gestión actual: aunque se define como rígidamente liberal, en materia energética es, ante todo, pragmática. Frente a un contexto de inflación persistente y una actividad económica que no repunta, el Gobierno encontró mecanismos para intervenir en el mercado sin admitirlo abiertamente.
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Al comparar el gasto en subsidios energéticos, la partida más que se duplicó: alcanzó en el primer cuatrimestre de 2026 el equivalente a USD 240 millones, un aumento interanual de 105%, según estimaciones de la consultora Economía y Energía en base a datos oficiales. De acuerdo al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA- Conicet, en el mismo período el aporte del Estado aumentó 29% y la suba de tarifas acumuló 41,9% en el caso del gas y cayó 14,4% en el caso de la energía eléctrica. Hasta ese entonces, recién el nuevo esquema focalizado de subsidios empezaba a funcionar. Luego, entre mayo y julio Energía agregó una bonificación del 75% para la cuenta de gas y una merma de alrededor del 11% para la luz
Los subsidios al gas y el atraso en los pagos a las energéticas se suman a otro puñado de acciones recientes: desde suspender la privatización de las importaciones de GNL por empresa, hasta utilizar a la petrolera estatal YPF para contener la suba del crudo internacional mediante la creación de un buffer para congelar precios. El manejo del sector refleja la estrategia final: en el discurso público se insiste en que los usuarios deben pagar el costo real, pero en la práctica, se amortigua el impacto con subsidios y se administra la caja pisando pagos.
