Cierre de la mina le cuesta $6,300 millones a Panamá, asegura Chapman

El ministro Felipe Chapman informó que el cierre de la mina en Donoso ha costado más de $6,300 millones en 32 meses, desplomando la inversión extranjera un 65%.

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Un costo superior a los $6,300 millones de dólares en 32 meses es el saldo que ha dejado a Panamá el cierre de la mina en Donoso. El ministro de Economía, Felipe Chapman, advirtió que la paralización provocó un choque macroeconómico que ya afecta la reputación financiera del país en el exterior.

El informe financiero presentado por Chapman detalla que la inactividad del yacimiento provocó una caída del 65% en la Inversión Extranjera Directa (IED) y un violento desplome del 75% en las exportaciones totales de bienes panameños. Estas cifras evidencian la magnitud del vacío comercial dejado por el cese de operaciones de la concesión minera a cielo abierto.

Durante la comparecencia conjunta, los jefes de las carteras de Ambiente y Comercio presentaron formalmente las conclusiones de la auditoría técnica e independiente que guiará los próximos pasos del Estado. Los hallazgos principales se dividen en dos frentes críticos.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, señaló que la auditoría detectó incumplimientos ambientales, entre ellos fallas en la reforestación y la existencia de 38 millones de toneladas de mineral que requieren manejo para evitar daños ambientales.

Navarro advirtió sobre la existencia de 38 millones de toneladas de material mineralizado almacenado en el sitio. Este volumen requiere un manejo técnico y estabilización química inmediata para mitigar la generación de drenajes ácidos y evitar un desastre ecológico mayor.

En tanto que el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, reiteró que la crisis laboral —que mantiene 40,800 empleos destruidos y golpea a 170,000 dependientes— no se resolverá reviviendo el pasado. Moltó fue categórico al señalar que el antiguo contrato minero está extinto y no será restablecido por violar la Constitución.

Los ministros aclararon que la auditoría funciona como un diagnóstico y no contiene una recomendación definitiva sobre si el proyecto debe ser sometido a un plan de cierre definitivo o a una reconversión controlada.

El Ejecutivo confirmó que el presidente José Raúl Mulino, recibirá antes de que concluya este año una propuesta formal y sustentada con base científica en los resultados de este peritaje.

La decisión final, prometieron las autoridades, se adoptará dentro del marco de la Constitución y priorizando la seguridad ambiental del país.

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