EE.UU. confirma arancel de 12,5% a Chile por política sobre trabajo forzoso y Gobierno rechaza la decisión

La administración de Donald Trump mantuvo a Chile entre los países que enfrentarán la sobretasa más alta dentro de su nueva política comercial. El Ejecutivo afirmó que la medida no refleja la realidad del país y anunció que continuará las gestiones para proteger las exportaciones chilenas.

Estados Unidos confirmó que impondrá una sobretasa arancelaria de 12,5% a las importaciones provenientes de Chile, al considerar que el país no cuenta con mecanismos que, a juicio de Washington, impidan de manera efectiva el ingreso de productos elaborados con trabajo forzoso desde terceros mercados.

La decisión forma parte de una política que alcanza a 60 economías y fue adoptada tras una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

La medida reemplaza el arancel universal de 10% que Estados Unidos había aplicado durante los últimos meses.

Con el nuevo esquema, los países que sí poseen prohibiciones o compromisos considerados suficientes por la autoridad estadounidense pagarán un 10%, mientras que el resto, entre ellos Chile, enfrentará un gravamen de 12,5%.

El argumento de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), liderada por el representante comercial Jamieson Greer, no apunta a que Chile produzca bienes con trabajo forzoso.

La resolución sostiene que el país no cuenta con mecanismos suficientemente eficaces para impedir el ingreso de productos elaborados con trabajo forzoso en terceros países, requisito que Washington exige a sus socios comerciales.

Tras conocerse la resolución, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, expresó el rechazo del Gobierno y aseguró que Chile cuenta con una institucionalidad laboral sólida y un marco regulatorio consistente con los convenios internacionales sobre prevención y erradicación del trabajo forzoso.

El Ejecutivo sostuvo que la decisión estadounidense “no se condice” con los antecedentes técnicos, jurídicos y políticos entregados durante toda la investigación.

Además, recalcó que corresponde a una política comercial de carácter global, aplicada a decenas de socios comerciales de Estados Unidos, y no a una medida dirigida exclusivamente contra Chile.

La Subrei también destacó que la resolución estadounidense no identifica productos chilenos fabricados con trabajo forzoso ni acusa al país de exportarlos, sino que responde a diferencias sobre los mecanismos regulatorios que Washington considera adecuados.

El Gobierno adelantó que continuará las conversaciones con las autoridades estadounidenses para buscar mejores condiciones de acceso al mercado y ampliar las exenciones para productos relevantes de la canasta exportadora nacional.