Trump le compra diésel a Putin mientras Ucrania se queda sin luz

Donald Trump acaba de colocar una contradicción monumental en el centro de la política internacional: mientras Rusia continúa atacando la infraestructura energética de Ucrania y millones de personas enfrentan la amenaza de quedarse sin electricidad y calefacción ante la llegada del invierno, Estados Unidos comienza a recibir nuevamente combustible ruso mediante un acuerdo promovido por el propio presidente estadounidense.

No se trata solamente de una operación comercial ni de una decisión destinada a contener los precios de los energéticos. Estamos frente a una cuestión mucho más delicada: ¿cómo pretende Washington presionar a Vladimir Putin para terminar una guerra mientras abre nuevas oportunidades de ingresos para la economía que la sostiene? La diplomacia puede exigir concesiones y negociaciones difíciles, pero cuando las sanciones se suspenden antes de obtener resultados verificables, existe el riesgo de que dejen de funcionar como instrumentos de presión y se conviertan en beneficios anticipados para quien todavía no modifica su conducta.

Este viernes 23 de octubre se conoció que un buque tanque cargado con aproximadamente 40 mil toneladas métricas de diésel ruso salió del puerto de Primorsk, en el mar Báltico, con destino a Nueva York. La embarcación, identificada como Agioi Fanendes y registrada bajo bandera de Malta, tiene prevista su llegada a Estados Unidos el próximo 7 de noviembre. El cargamento forma parte del acuerdo anunciado por Trump el 9 de octubre para permitir nuevamente el suministro de combustible ruso al mercado estadounidense y a otros compradores internacionales.

El calendario resulta especialmente revelador. El primer embarque llegará después de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre, pero su anuncio se produce cuando la administración intenta contener el encarecimiento del diésel, un combustible indispensable para el transporte de mercancías, la agricultura y numerosas actividades productivas. Trump necesita resultados económicos que pueda presentar ante sus ciudadanos. Putin necesita ingresos, mercados y una reducción de las restricciones que afectan a Rusia. Ambos intereses pueden coincidir comercialmente, pero eso no significa que sus consecuencias sean compatibles con el propósito declarado de alcanzar una paz justa y duradera en Ucrania.

El acuerdo contempla un suministro inicial de 300 mil toneladas de diésel, otras 500 mil durante noviembre y un millón adicional posteriormente. No todos esos volúmenes están destinados necesariamente a Estados Unidos, pues la operación también busca ampliar la disponibilidad de combustible en los mercados internacionales. Sin embargo, la reanudación de las importaciones estadounidenses constituye un cambio significativo después de las restricciones adoptadas contra los productos petroleros rusos a raíz de la invasión de Ucrania.

Lo verdaderamente importante no es únicamente la cantidad de combustible que pueda llegar a territorio estadounidense, sino el mensaje político que acompaña la operación. Durante años, Washington y sus aliados han utilizado las sanciones económicas para intentar limitar la capacidad rusa de financiar la guerra. La energía ocupa un lugar central en esa estrategia porque las exportaciones de petróleo y sus derivados representan una fuente importante de ingresos para Moscú. Si se permite ampliar determinadas operaciones comerciales sin exigir previamente compromisos verificables, la eficacia de esa presión puede disminuir.

Trump sostiene que su prioridad es terminar la guerra mediante negociaciones. Es un objetivo legítimo y necesario. Después de años de destrucción, pérdidas humanas y desplazamientos, cualquier iniciativa seria que contribuya a detener las hostilidades merece examinarse. Pero negociar no significa necesariamente conceder por adelantado aquello que una de las partes busca obtener. La diferencia entre un incentivo diplomático y una concesión unilateral depende de las condiciones establecidas, de los compromisos asumidos y de los mecanismos disponibles para verificar su cumplimiento.

La contradicción se volvió todavía más evidente con la decisión presidencial del 16 de octubre. Trump firmó una orden ejecutiva mediante la cual suspendió la aplicación de buena parte de las nuevas sanciones y aranceles contemplados en una ley que él mismo había promulgado apenas un mes antes. La legislación buscaba incrementar la presión económica sobre Rusia y sobre determinados países y empresas vinculados con sus exportaciones energéticas. Sin embargo, el presidente utilizó las facultades de exención previstas en la propia norma para evitar su aplicación inmediata.

Conviene precisar que no desaparecieron todas las sanciones estadounidenses contra Rusia. Diversas restricciones anteriores permanecen vigentes y la administración conserva instrumentos para imponer nuevas medidas. Pero la suspensión de las disposiciones adicionales representa una decisión política importante, particularmente porque fueron aprobadas para reforzar la capacidad de presión sobre Moscú.

La orden contempla aranceles de hasta 500% sobre determinadas importaciones procedentes de Rusia y gravámenes adicionales contra grandes compradores de petróleo y gas rusos. No obstante, al mismo tiempo establece exenciones que suspenden su aplicación. La paradoja es difícil de ignorar: Washington conserva formalmente instrumentos de enorme severidad, pero decide no utilizarlos mientras intenta negociar con el Kremlin.

Trump ha explicado que no quiere alejar a Rusia de la mesa de conversaciones. Desde su perspectiva, imponer nuevas sanciones podría complicar los esfuerzos diplomáticos y reducir las posibilidades de alcanzar un acuerdo. Es un argumento que merece analizarse, porque las negociaciones internacionales requieren cierto margen de maniobra y no siempre resulta conveniente cerrar anticipadamente todas las opciones.

Pero existe otra consideración igualmente importante. Si Moscú obtiene beneficios económicos sin comprometerse a detener sus operaciones militares, puede disminuir el incentivo para modificar sus posiciones. La negociación deja entonces de apoyarse exclusivamente en presiones y concesiones recíprocas y corre el riesgo de convertirse en un proceso donde una parte recibe ventajas mientras la otra continúa soportando las consecuencias del conflicto.

Esa es precisamente la preocupación expresada por el gobierno de Volodímir Zelenski y por legisladores estadounidenses de ambos partidos. Sus cuestionamientos no se limitan al comercio de combustibles. Plantean que una flexibilización prematura puede fortalecer la posición negociadora rusa y debilitar la capacidad de Ucrania para exigir condiciones que garanticen su seguridad.

El problema adquiere una dimensión humana especialmente grave cuando se observa lo que sucede sobre territorio ucraniano. Rusia continúa atacando instalaciones eléctricas y otros componentes de la infraestructura energética. Las autoridades ucranianas han denunciado operaciones destinadas a provocar interrupciones de electricidad y calefacción precisamente cuando se aproxima el invierno, una temporada en la que las bajas temperaturas pueden convertir los apagones prolongados en una emergencia para la población civil.

La destrucción de instalaciones energéticas no afecta únicamente a las empresas que producen o distribuyen electricidad. Sus consecuencias alcanzan hospitales, escuelas, viviendas, sistemas de abastecimiento de agua, transporte y comunicaciones. Cuando una ciudad pierde suministro eléctrico durante periodos prolongados, también pueden verse comprometidos los servicios necesarios para mantener condiciones mínimas de vida.