Los Cinco Fantásticos y la aduana de la luz verde

“En un orden particularista, el acceso a los recursos públicos depende de quién eres y a quién conoces”.

Empecemos con una entrevista ficticia a Alejandro Enrique Arcos Romero, identificado por documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera como uno de los principales operadores financieros de la organización encabezada por Florian Tudor. Política ficción con un aroma demasiado reconocible:

—Cuentas bloqueadas, catorce empresas señaladas como fachada, veintiuna cuentas bancarias con movimientos inusuales y cierta experiencia en la arquitectura financiera de la mafia rumana.

—Pase usted. Luz verde. La oficina del titular está al fondo.

Arcos no tuvo que esconderse en un doble fondo, falsificar una credencial ni cruzar de madrugada por una garita abandonada. Según la investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Alejandro Enrique Arcos Romero trabajó en la Agencia Nacional de Aduanas de México entre diciembre de 2022 y junio de 2023, durante la primera gestión de Rafael Marín Mollinedo. En la dependencia era reconocido como su secretario particular y un documento oficial lo identificó como “director general adscrito a la ANAM”.

La mafia no necesitó clonar una credencial de Aduanas. Alguien, al parecer, le proporcionó una original...

Para cuando Arcos Romero llegó a la institución, las autoridades morenistas YA sabían quién era. En febrero de 2021, la UIF había bloqueado sus cuentas como parte de la Operación Caribe, coordinada con autoridades estadounidenses para desmantelar la estructura financiera de la banda de Florian Tudor, dedicada a clonar tarjetas bancarias en destinos turísticos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos había solicitado desde noviembre de 2020 el bloqueo de 72 personas físicas y morales relacionadas con esa red, entre ellas Arcos Romero.

Según los documentos obtenidos por MCCI, la UIF lo ubicaba como uno de los dos principales operadores financieros de la organización y lo vinculaba con la creación de catorce empresas fachada utilizadas presuntamente para lavar recursos mediante la adquisición de inmuebles, automóviles y joyas. También le detectó 21 cuentas con movimientos inusuales. Una de ellas recibió 46.2 millones de pesos y registró retiros por 195.1 millones entre septiembre de 2015 y marzo de 2016.

No estamos, entonces, frente a una sofisticada infiltración. Se infiltra quien consigue pasar inadvertido; aquí las alertas tenían nombre completo, expediente, cuentas bancarias y número de oficio. El personaje no burló al sistema: el sistema lo dejó entrar.

La historia se vuelve aún más fantástica con Araceli Hernández Perea, exdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales de la ANAM, quien, de acuerdo con funcionarios consultados por MCCI, habría sido pareja de Arcos Romero y posteriormente se asoció con él en Estados Unidos.

Hernández Perea tampoco llegó a Aduanas con el semáforo precisamente en verde. En enero de 2022, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una orden de aprehensión en su contra por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por una servidora pública, derivado de la adjudicación directa de un contrato por 5.2 millones de pesos durante su paso por la entonces Secretaría de Seguridad Pública capitalina comandada por Omar García Harfuch.

En febrero de ese mismo año, ya como directora de Recursos Materiales de la ANAM, promovió un amparo contra la orden. En julio de 2022, el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal determinó que el delito imputado había prescrito y canceló la orden de captura. La resolución NO declaró su inocencia ni acreditó su culpabilidad; estableció que la acción penal ya no podía ejercerse. Suficiente para la justicia y, por lo visto, también para la Cuarta Transformación…

Cualquier ciudadano con semejante antecedente habría tenido dificultades hasta para conseguir una tarjeta de acceso a un edificio público. Hernández Perea obtuvo entrada a un área encargada de contrataciones multimillonarias vinculadas con la seguridad nacional (la de a deveras, no la que usa la 4T para reservar cualquier adjudicación directa). En la 4T, una orden de aprehensión prescrita no cerraba puertas: ayudaba a comprobar que el candidato ya conocía los procedimientos administrativos…

Durante su gestión participó en contratos relacionados con equipos de inspección mediante rayos X: uno por más de mil millones de pesos con Seguritech Privada y otro por 275 millones con Ingeniería Operativa. Tecnología diseñada para detectar armas, drogas y mercancías ocultas en contenedores, equipaje y vehículos.

La ANAM podía desnudar un tráiler, descubrir una pistola escondida entre toneladas de carga y revisar el interior de una maleta sin abrirla. Lástima que no pudo ver los antecedentes de quienes administraban sus contratos. Para el equipaje había rayos X; para los recomendados, luz verde.