Brasil aprueba en su Congreso la semana de 5 días laborables con 2 de descanso

De ser aprobada en el Senado, Brasil avanzaría hacia un nuevo modelo de organización del trabajo, alineado con demandas sociales y tendencias internacionales de reducción de la jornada laboral

Durante la noche del miércoles 27 de mayo, la Cámara de Diputados de Brasil llevó a cabo la aprobación del Proyecto de Enmienda Constitucional, conocido por sus siglas como PEC, el cual tiene como finalidad eliminar la modalidad de horario laboral 6×1.

En la primera vuelta, la iniciativa fue respaldada con 472 votos favorables, mientras que recibió 22 votos negativos

Este proyecto establece un nuevo modelo de jornada laboral, fijándolo en un máximo de 40 horas semanales que deberán ser distribuidas en un total de cinco días laborables. De esta manera, se garantiza la inclusión de dos días consecutivos de descanso, los cuales serán remunerados, incorporando un cambio significativo en las condiciones laborales tradicionales.

Este texto legislativo logró ser avalado tras dos votaciones consecutivas que se llevaron a cabo dentro del seno de la Cámara baja del Congreso brasileño. En la segunda vuelta de la votación, el proyecto obtuvo un apoyo considerable con 461 votos a favor frente a solo 19 votos en contra. En la primera vuelta, la iniciativa fue respaldada con 472 votos favorables, mientras que recibió 22 votos negativos. Estos resultados reflejan un apoyo mayoritario y casi unánime, abarcando prácticamente la totalidad del espectro parlamentario, mostrando así el consenso alcanzado en torno a esta reforma.

Resulta destacado que incluso aquellos sectores que inicialmente manifestaron su oposición, como por ejemplo diputados pertenecientes al Partido Liberal (PL) del expresidente Jair Bolsonaro, finalmente optaron por respaldar la iniciativa. Esta adhesión se produjo en un momento de marcada proximidad a las elecciones presidenciales y legislativas, que se encuentran programadas para celebrarse en el mes de octubre, lo que puede haber influido en la postura adoptada por estos legisladores.

Tras la votación, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, se pronunció enfatizando que este proyecto defiende un principio fundamental: el “derecho de vivir, no de sobrevivir”. Además, destacó que la reforma promueve la salud integral y el bienestar de los trabajadores, aspectos esenciales para la calidad de vida. Motta añadió que la historia demuestra cómo los avances en materia civilizatoria suelen enfrentar resistencias, enfatizando el carácter progresista y las dificultades inherentes a este tipo de procesos de cambio social.

El documento aprobado corresponde a una propuesta sustitutiva presentada por el diputado Leo Prates, quien representa al partido Republicanos por el estado de Bahía (Republicanos-BA). Esta propuesta fue elaborada tomando como base iniciativas previas presentadas por los diputados Reginaldo Lopes, del Partido de los Trabajadores de Minas Gerais (PT-MG), y Erika Hilton, del Partido Socialismo y Libertad de São Paulo (Psol-SP), quienes originalmente planteaban jornadas laborales aún más reducidas en contraste con la propuesta final.

En el centro de esta reforma se encuentra una reducción significativa de la jornada laboral, que pasa de 44 a 40 horas semanales. Esta disminución se acompaña de la eliminación total del trabajo los días sábados, asegurando la incorporación de dos días de descanso remunerado, siendo preferentemente uno de estos días el domingo, en consonancia con patrones tradicionales de descanso semanal.

Entre los aspectos más importantes contemplados en el texto destacan varias medidas clave, tales como la prohibición expresa de realizar cualquier tipo de reducción salarial. Esto incluye tanto la reducción nominal como aquella proporcional, aplicable incluso a aquellos trabajadores que perciban un salario mínimo. Además, se prevé una implementación gradual de esta jornada laboral para permitir que los diversos sectores productivos puedan adaptarse a los cambios de manera ordenada y con las condiciones necesarias.

Asimismo, el proyecto respeta los convenios colectivos que establecen condiciones diferenciadas en sectores considerados esenciales, tales como salud, seguridad, transporte y limpieza urbana, garantizando así que las particularidades de dichas áreas sean tomadas en cuenta adecuadamente.

El texto también contempla excepciones específicas para ciertos grupos de trabajadores. Entre ellos se incluyen quienes poseen educación superior y aquellos cuyos salarios superan 2,5 veces el límite establecido por la Seguridad Social. Igualmente, se establecen disposiciones para empleados subcontratados en la administración pública, diferenciando sus condiciones laborales.

La reforma prevé un cronograma detallado para la transición hacia la nueva jornada laboral una vez que la enmienda constitucional sea promulgada de manera definitiva. Dos meses después de la entrada en vigor de la normativa, los trabajadores que se encuentren bajo el régimen de la Consolidación de las Leyes Laborales (CLT) estarán sujetos a una jornada máxima de 42 horas semanales, conservando sus dos días de descanso obligatorio.

Posteriormente, en un periodo que se extiende hasta 12 meses después, se alcanzará el límite definitivo planteado de 40 horas semanales. Durante este tiempo de transición, los convenios colectivos podrán realizar ajustes en la jornada diaria, permitiendo que esta exceda las ocho horas para así compensar la reducción semanal, siempre con la condición de respetar los dos días de descanso remunerado. Además, se establece que las cláusulas contractuales incompatibles con este nuevo régimen laboral perderán su vigencia dos meses después de la promulgación oficial de la enmienda.

Conscientes de la posible repercusión que esta reforma podría tener en distintos sectores económicos, el proyecto incorpora medidas específicas destinadas a mitigar tales impactos. En este sentido, se contempla que una ley complementaria establecerá reglas diferenciadas dirigidas a microemprendedores individuales, microempresas y pequeñas empresas, con el propósito fundamental de preservar el empleo en estas unidades económicas que suelen ser más vulnerables a las modificaciones normativas.