El gobierno costarricense tendrá que entender que Washington ya no es políticamente el mismo lugar que encontró al inicio de la administración Trump
La derrota republicana en las elecciones legislativas estadounidenses debería llamar la atención del gobierno costarricense. No porque Donald Trump haya dejado de ser presidente, ni porque Estados Unidos vaya a modificar de un día para otro su relación con Costa Rica.
El asunto es otro: el gobierno de Laura Fernández ha encontrado en la administración Trump un referente político con el que comparte buena parte de su discurso. Y ese referente acaba de sufrir un revés electoral de considerable importancia.
Los demócratas recuperan el control de la Cámara de Representantes y del Senado. Trump seguirá en la Casa Blanca hasta enero de 2029, pero tendrá que hacerlo con un Congreso que no está bajo su control. No es poca cosa. Las investigaciones parlamentarias, el control presupuestario, las audiencias y la capacidad de bloquear iniciativas pueden convertir los próximos dos años en un periodo bastante más complicado para el presidente estadounidense.
Costa Rica no puede darse el lujo de mirar estos acontecimientos como si sucedieran en otro planeta. Nuestra relación con Estados Unidos es demasiado importante, no solamente por el comercio, sino también por la inversión, el empleo, la cooperación en seguridad y la enorme cantidad de costarricenses que viven en ese país.
Una parte considerable de nuestra actividad exportadora depende del mercado estadounidense. Lo mismo sucede con muchas empresas instaladas en las zonas francas, que toman sus decisiones de inversión considerando las condiciones de acceso al mercado estadounidense. Cualquier incertidumbre prolongada en la política comercial de Washington termina teniendo consecuencias aquí, aunque no aparezca inmediatamente en los titulares de los periódicos.
La llegada de una mayoría demócrata al Congreso no significa que los aranceles de Trump vayan a desaparecer. Tampoco que los acuerdos comerciales vayan a cambiar automáticamente. Pero sí habrá más presión sobre las decisiones económicas de la Casa Blanca y mayor fiscalización de sus políticas. Para un país pequeño y abierto como Costa Rica, la estabilidad de esas relaciones importa mucho más que la simpatía que puedan sentir dos presidentes entre sí.
En materia de seguridad, sucede algo parecido. La cooperación estadounidense contra el narcotráfico y el crimen organizado es fundamental para Costa Rica. También lo es la relación en asuntos migratorios. Sin embargo, esas políticas tienen una dimensión presupuestaria y legislativa que no depende exclusivamente del presidente. Un Congreso demócrata tendrá sus propias prioridades y podrá exigir explicaciones sobre la manera en que se utilizan los recursos y sobre las condiciones de esa cooperación.
El gobierno costarricense tendrá que entender que Washington ya no es políticamente el mismo lugar que encontró al inicio de la administración Trump. Seguir cultivando una buena relación con la Casa Blanca es perfectamente razonable. Lo que no parece prudente es descuidar los contactos con quienes ahora controlan el Congreso.
Aquí aparece una cuestión que va más allá de la diplomacia. ¿Hasta qué punto ha confundido el gobierno costarricense la defensa de los intereses nacionales con la identificación política con Donald Trump?
Una cosa es reconocer que Estados Unidos es nuestro principal socio estratégico, y otra muy distinta, asumir que la orientación política de su presidente debe convertirse en una referencia para la política interna costarricense. Los gobiernos pasan. Las relaciones entre países permanecen.
El resultado electoral estadounidense también debería servir para recordar algo que a veces se pierde de vista en el debate político: el respaldo ciudadano no es permanente. Los movimientos políticos pueden alcanzar una gran popularidad, construir mayorías y proyectar una imagen de fortaleza, pero eso no significa que tengan garantizado el apoyo de los electores. Cuando las preocupaciones cotidianas pesan más que los discursos, las urnas pueden ofrecer sorpresas desagradables para quienes gobiernan.
En Costa Rica, habrá quienes interpreten la derrota republicana como una señal de debilitamiento del modelo político que representa Trump. Otros sostendrán que se trata de una elección legislativa y que no corresponde trasladar automáticamente sus resultados a nuestra realidad.
Ambas observaciones merecen consideración. Estados Unidos tiene su propia dinámica electoral y no sería serio pretender que sus votantes están decidiendo sobre el futuro político de Costa Rica.
Pero tampoco sería sensato ignorar las consecuencias internacionales de lo ocurrido.