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El cese de los bloqueos protagonizados por organizaciones indígenas, campesinas, sindicales y populares durante más de 50 días no significaron el cierre del conflicto político en Bolivia. Por el contrario, el levantamiento de las medidas de fuerza abrió una nueva etapa marcada por la declaración del estado de excepción, la militarización del conflicto y una creciente persecución judicial contra Evo Morales y dirigentes del movimiento indígena-popular.
Frente a ese escenario, una delegación boliviana llegó esta semana a Argentina para denunciar violaciones a los derechos humanos y reclamar el acompañamiento de organismos internacionales. El 28 de julio, la Marcha por la Vida para Salvar Bolivia en Argentina y la Comunidad Boliviana del Estado Plurinacional de Bolivia en Argentina, realizó una conferencia de prensa y una movilización frente al Obelisco, en la Ciudad de Buenos Aires con este objetivo.
Entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, la Defensoría del Pueblo de Bolivia reportó 7 muertos, 23 heridos, 321 detenidos. Fuentes sociales elevan la cifra a 8 muertos y más de 50 heridos, de acuerdo con el informe presentado por la delegación boliviana, destinado a solicitar a organismos de Derechos Humanos argentinos la recepción testimonial y documental sobre la situación represiva que vive el pueblo boliviano.
En la misiva, la delegación denuncia 127 detenciones sin orden judicial en un operativo policial el 16 de mayo, incluyendo aprehensiones en domicilios, sin notificación a familiares, “con denuncias de malos tratos y condiciones degradantes”. Precisa también que “la Defensoría del Pueblo ha registrado casos de tortura y tratos crueles”.
A su vez, documentan la criminalización y la estigmatización de la protesta por parte del gobierno que calificó como maleantes, vándalos y destructores a quienes participaron de los bloqueos impulsando la persecución judicial contra dirigentes sindicales, campesinos e indígenas, con órdenes de aprehensión y montajes judiciales.
Entre las denuncias advierten también sobre la actuación, en San Julián, de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), identificada por la CIDH como grupo paramilitar, quien se desempeñó con resguardo de policía y militares, provocando una muerte y múltiples heridos y la detección de agentes vestidos de civil armados en vehículos oficiales. “Así mismo en El Alto, La Paz, se han detectado numerosos encapuchados que actúan de manera coordinada con las fuerzas represivas”, expresa el informe.
Previo a la declaración de manera formal del Estado de Excepción el informe relata que se realizaron operativos militares conjuntos, en franca violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Posteriormemente, el 8 de junio, se promulgó la Ley 1740 y el 20 de junio se declaró formalmente el estado de excepción por 90 días, con despliegue de las Fuerzas Armadas para reprimir bloqueos.
Desde mediados de mayo, se han registrado al menos 10 cortes de luz, comunicaciones e internet en municipios como Villa Tunari, Shinahota, Chimoré, afectando a población hospitalizada y causando pérdidas materiales, como medida de amedrentamiento por parte del Gobierno Nacional hacia las comunidades del Trópico de Cochabamba; y el 3 de junio, el presidente Paz publicó un video, que luego borró, incitando a la población a movilizarse junto a las Fuerzas Armadas para desbloquear el país, “lo que constituye una incitación directa a la confrontación civil a través de grupos parapoliciales y civiles”, describe la denuncia de la delegación.
Mary Luz Ventura Cala, Ejecutiva Nacional de la Organización Interculturales, Bolivia; Jesusa Yampara, Vice Presidenta de la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba; Zenaida Rocha Paco, Secretaría de Hacienda de la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba; Seferina Ortega, Ejecutiva de la Departamental de Santa Cruz de la Organización Intercultural; María Oporto, Huelguista en la Defensoría del Pueblo de La Paz, Sucre y América Macedo, de Feminismo Comunitario de La Paz son las representantes de la delegación portadora del documento con las denuncias, acompañado de una Carta firmada por diputados y diputadas bolivianas en la que solicitan a diputados y diputadas argentinas la presencia en territorio boliviano para constatar in situ las observaciones sobre la “ayuda humanitaria” que el país austral envió a Bolivia. Además incluye una denuncia internacional suscripta por el líder popular y ex presidente, Evo Morales y organizaciones sindicales y un llamado de la Liga Boliviana de Derechos Humanos, entre otros documentos de apoyo.
La declaración del estado de excepción modificó la naturaleza del conflicto. Si durante las semanas de movilización el escenario estuvo dominado por bloqueos y protestas sociales, posteriormente el despliegue conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía trasladó la disputa al terreno de la represión, la militarización y la judicialización. Las organizaciones denuncian que esta nueva etapa no constituye una respuesta aislada a la protesta, sino una herramienta para garantizar la implementación de una agenda de reformas estructurales.
La confrontación abierta en Bolivia excede la coyuntura de los bloqueos y expresa una disputa estratégica por el modelo de Estado. Por un lado, una agenda gubernamental orientada hacia la liberalización económica, la reducción del papel estatal y una nueva apertura hacia capitales privados en sectores estratégicos; por otro, la defensa del Estado Plurinacional construido durante las últimas dos décadas como proyecto basado en soberanía sobre los recursos naturales, redistribución e inclusión política de los pueblos indígenas y sectores populares.
El gobierno de Rodrigo Paz avanzó en las últimas semanas con un paquete de medidas económicas e institucionales que incluye decretos sobre combustibles, aranceles, sistema tarifario eléctrico, inversiones, minería y empresas públicas. Además, anunció el envío de diez proyectos de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional orientados a modificar áreas estratégicas del Estado. Para las organizaciones movilizadas, estas reformas representan un intento de restauración de un modelo neoliberal previo al ciclo político inaugurado con el Estado Plurinacional.
En ese nuevo escenario se inscribe la profundización de la persecución judicial contra Evo Morales. El 30 de julio, el fiscal general Roger Mariaca confirmó que continúan vigentes dos órdenes de aprehensión contra el expresidente. Una corresponde a una investigación iniciada en el departamento de Tarija y otra lo vincula con presuntos delitos relacionados con los bloqueos y movilizaciones desarrollados durante este año. Morales rechazó las acusaciones y denunció una persecución política destinada a impedir la reorganización del movimiento indígena-popular.
La denuncia de la misión boliviana también se expresa sobre el nuevo andamiaje jurídico construido durante esta etapa. Cuestionan la aprobación de la Ley 1740 al considerar que institucionaliza un esquema represivo iniciado con el estado de excepción. Según sostienen, la norma amplía las atribuciones de las Fuerzas Armadas y la Policía para intervenir en conflictos internos, habilita operaciones conjuntas, fortalece la presunción de legalidad sobre sus actuaciones y reduce mecanismos de control institucional. Desde esa perspectiva, la legislación consolida un proceso de militarización destinado a garantizar el nuevo rumbo político y económico.
