¿Más impuestos, menos tabaco?

El impacto de las medidas restrictivas y fiscales sigue siendo objeto de debate.

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Uno de los grandes objetivos de las políticas de salud pública y, también una prioridad para la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la reducción del consumo de tabaco, una misión compleja que afecta alrededor de 1.200 millones de personas en todo el mundo, aproximadamente una de cada cinco personas adultas. A pesar de que los gobiernos cuentan con distintas herramientas como impuestos, restricciones a la publicidad, espacios sin humo, límites a la venta y regulación de nuevos productos de nicotina, no existe una única medida capaz de lograr el mismo resultado (ni tampoco un consenso global).

Para la Organización Mundial de la Salud, "aumentar de forma significativa los impuestos especiales y el precio del tabaco es la medida más eficaz y rentable para reducir el consumo de tabaco". En esta lógica de carácter económico, un producto menos asequible tiende a consumirse menos, especialmente entre jóvenes y personas con menores ingresos, que responden a las variaciones de precio. Por su lado, en la Unión Europea, las políticas de control del tabaco van desde medidas fiscales hasta restricciones publicitarias, regulación de los productos, espacios sin humo y actuaciones contra el comercio ilícito. La Comisión Europea señala que la prevalencia del tabaquismo ha descendido en los últimos años pasando del 28% en 2012 al 24% en 2023. Entre los jóvenes de 15 a 24 años, el consumo de tabaco bajó del 29% al 22% en ese mismo periodo.

Así pues, el razonamiento parece claro: cuando el tabaco se encarece pierde asequibilidad y aumentan los incentivos para evitar su consumo. Sin embargo, hay otros factores que hacen que el asunto resulte mucho más complejo como la demanda consolidada de algunos fumadores o el espacio transfronterizo, factores que propician la aparición del comercio ilícito.

La fiscalidad es una herramienta fundamental para reducir el consumo, pero debe acompañarse de políticas contra el comercio ilícito, ya que el efecto de una subida de impuestos no depende solo del precio. También influyen la capacidad de control de las administraciones, la aplicación de la legislación y las características de cada mercado, de manera que una subida de impuestos puede ayudar a reducir el consumo de productos legales pero a su vez puede abrir la puerta al mercado ilegal.

Por ejemplo, Australia tiene una de las cajetillas de tabaco más caras del mundo —más de 50 dólares por paquete de 25 cigarrillos, con un impuesto especial de 1,52 dólares australianos por cigarrillo— y abandera el empaquetado genérico estricto. Según la Oficina Australiana de Estadística (ABS), los precios del tabaco legal casi se han triplicado desde diciembre de 2016, mientras que los precios estimados del tabaco ilícito se han mantenido relativamente estables.

Por otro lado, a raíz de sus cálculos experimentales (el ABS explica que la metodología y las fuentes de datos continúan en evaluación y que sus resultados pueden cambiar ya que medir en mercados clandestinos es complicado), el consumo de nicotina procedente de fuentes ilícitas en Australia pasó de representar un 12% del total en 2017 al 80% en 2025. De hecho, la proporción de fumadores que declara haber consumido recientemente tabaco ilícito pasó del 10% en 2019 al 34% en 2025, según el Instituto Australiano de Salud y Bienestar.

El caso de Francia permite observar otra realidad. Mantiene uno de los marcos más restrictivos de la UE —publicidad prohibida, empaquetado neutro desde 2017, subidas de impuestos— pero es también, según el último informe de KPMG, el mayor mercado ilícito de cigarrillos de toda Europa: cerca del 41% de los cigarrillos consumidos en el país en 2025 procedían de canales ilegales, unos 20.500 millones de unidades fuera del circuito regulado.

De hecho, un estudio elaborado por la Dirección General de Aduanas francesa y la MILDECA publicado en 2025, estimó que el 17,7% del tabaco consumido en Francia en 2023 escapó a la fiscalidad nacional francesa, lo que se traduce en unas 8.081 toneladas; la mayor parte correspondió a compras transfronterizas, estimadas en 6.863 toneladas, mientras que las ventas de calle y los tráficos locales representaron unas 366 toneladas. Es decir, tabaco no fiscalizado y tabaco de contrabando no son necesariamente sinónimos, ya que un producto comprado legalmente en otro país puede quedar fuera de la fiscalidad nacional francesa sin formar parte de una red clandestina. O traducido a otras palabras, aunque la política fiscal puede encarecer el producto legal, el precio no es el único factor que determina dónde compra un consumidor.

Francia tiene una de las leyes antitabaco más restrictivas. Pixabay

Mientras se endurecen algunas medidas contra el cigarrillo convencional, han ganado presencia nuevas formas de consumir nicotina, como los vapeadores, el tabaco calentado y las bolsas de nicotina. La evidencia científica indica que algunas de estas alternativas pueden reducir la exposición a determinadas sustancias tóxicas asociadas a la combustión del cigarrillo, muchas de ellas relacionadas con el desarrollo de cáncer, enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias. No obstante, aunque no se trata de alternativas inocuas ni están exentas de riesgos, pueden presentarse como una vía para ayudar a los consumidores adultos a dejar de fumar.

Nueva Zelanda anunció en 2022 una de las leyes antitabaco más severas del mundo —una prohibición generacional similar a la británico, además de una reducción drástica del número de puntos de venta autorizados (de unos 6.000 a solo 600) y límites al contenido de nicotina—, pero la derogó el 27 de febrero de 2024, antes de que entrara en vigor, tras el cambio de Gobierno de noviembre de 2023. La ministra de Finanzas, Nicola Willis, vinculó la derogación a la necesidad de mantener los ingresos por impuestos al tabaco para financiar rebajas fiscales pactadas en el acuerdo de coalición. En paralelo, la tasa de fumadores diarios en Nueva Zelanda ha caído del 16% de hace una década al 6,8% actual, lo que sitúa a Nueva Zelanda como el segundo país del mundo más cerca del estatus "libre de humo", por detrás de Suecia.

A este respecto, en la encuesta de salud 2024/25, el Ministerio de Salud de Nueva Zelanda registró una bajada hasta el 6,8% de fumadores diarios entre la población de 15 años o más, frente al 16,4% de 2011/12. Paralelamente, el vapeo diario alcanzó el 11,7%, frente al 0,9% cuando comenzó a medirse en 2015/16. Pese a los datos recopilados, desde el Ministerio de Salud neozelandés recalcan que la Encuesta de Salud ofrece una instantánea de un momento determinado y que aunque la encuesta puede mostrar que el aumento del vapeo refleja la disminución del tabaquismo, esto no significa que haya causado la disminución del tabaquismo, ni viceversa.

Prevalencia del tabaquismo diario y del vapeo diario en la población total de 15 años o más, de 2011/12 a 2024/25.

Por su parte, Reino Unido aprobó en abril de 2026 la Tobacco and Vapes Act, una ley que introduce una restricción progresiva de la venta de tabaco a las nuevas generaciones. La norma prohíbe vender estos productos a las personas nacidas a partir del 1 de enero de 2009: quienes forman parte de esa generación no podrán adquirir tabaco legalmente al cumplir los 18 años ni más adelante. Se trata de una estrategia que busca reducir progresivamente el acceso legal al tabaco aunque sus efectos a largo plazo todavía están por evaluar.