Albares acusa al PP de poner en riesgo la relación con Francia por su “boicot” al tratado de amistad

El primer tratado de amistad firmado entre España y Francia se ha convertido en el último escenario de confrontación entre el Gobierno y el Partido Popular. El Ejecutivo denuncia que la decisión de los populares de recurrir al Tribunal Constitucional supone un bloqueo de facto de un acuerdo considerado clave para reforzar la cooperación con el principal socio económico de España.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha elevado el tono este lunes al acusar al PP de intentar “boicotear”, “obstruir” e incluso “sabotear” un tratado que considera fundamental para las relaciones bilaterales con Francia. “Es un disparate”, afirmó el jefe de la diplomacia española, quien rechazó que exista base alguna para cuestionar la constitucionalidad del texto y advirtió de que la maniobra parlamentaria amenaza intereses económicos, políticos y diplomáticos de España.

La controversia se centra en el pleno del Senado previsto para este jueves. Gracias a su mayoría absoluta, el PP impulsará un requerimiento para que el Constitucional analice la compatibilidad con la Carta Magna del artículo 2.4 del Tratado de Amistad y Cooperación, conocido también como Tratado de Barcelona, firmado por el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez y el presidente francés Emmanuel Macron en enero de 2023.

La simple admisión de esa consulta supondría la suspensión automática de la tramitación parlamentaria mientras el alto tribunal resuelve la cuestión.

El calendario convierte el movimiento en especialmente incómodo para el Gobierno, ya que Sánchez viajará el próximo 14 de julio a París como invitado de honor en los actos de la Fiesta Nacional francesa sin que el acuerdo bilateral haya podido entrar en vigor.

El @ppopular dilata y obstaculiza el Tratado de Cooperación y Amistad con Francia, vecino, amigo y socio UE.

Lo hace contra los 330.000 españoles en Francia y un millón de transfronterizos y su movilidad. Contra nuestro principal socio comercial y destino de exportaciones. (1/2) pic.twitter.com/bhpIpmtt7m

El origen del conflicto reside en una disposición concreta del tratado. El texto prevé que, de forma periódica y recíproca, un ministro francés pueda participar en reuniones del Consejo de Ministros español y que un ministro español haga lo propio en las reuniones en el Palacio del Elíseo, al menos una vez cada tres meses. El Ejecutivo insiste en que dicha participación tiene un carácter exclusivamente institucional y consultivo, sin derecho a voto ni integración formal en las sesiones en La Moncloa.

Para disipar cualquier duda, los ministros de Exteriores de ambos países intercambiaron el pasado mes de abril unas cartas interpretativas precisando que esas reuniones se celebrarían “en los márgenes” del Consejo de Ministros y en sesiones separadas. Sin embargo, el PP sostiene que esas aclaraciones no modifican el contenido jurídico del tratado y mantiene que el artículo podría vulnerar la Constitución, al afectar a la composición del Gobierno español.

El ministro de Albares rechaza frontalmente esa interpretación. A su juicio, el recurso del Partido Popular responde más a una estrategia política que a un verdadero debate constitucional. Albares calificó la iniciativa de “sabotaje” y aseguró que supone poner en riesgo un instrumento esencial para fortalecer la cooperación con Francia en ámbitos como la economía, las infraestructuras, la energía, la seguridad, la gestión fronteriza o la coordinación dentro de la Unión Europea.

“El PP está jugando a un juego muy peligroso”, afirmó, lamentando que la oposición trate de retrasar un acuerdo que ya fue aprobado por el Congreso de los Diputados.

Francia constituye el principal socio comercial de España, el mayor destino de numerosas exportaciones españolas y uno de los principales inversores extranjeros. Además, cerca de 300.000 españoles residen en territorio francés, mientras que más de un millón de personas viven en zonas transfronterizas con intensas relaciones laborales y económicas.

El tratado pretendía precisamente institucionalizar esa cooperación mediante reuniones periódicas de alto nivel y mecanismos estables de coordinación política. Francia ya ratificó el acuerdo en marzo de 2024. España, sin embargo, acumula más de dos años de retraso por la compleja tramitación parlamentaria.

La aprobación del tratado ha estado condicionada desde el principio por la aritmética parlamentaria. En mayo de 2025 el Congreso rechazó inicialmente su ratificación debido a las abstenciones de Junts y Podemos y al voto en contra de PP y Vox. La situación cambió el pasado junio, cuando los independentistas y los morados modificaron su posición y permitieron que el acuerdo superara el primer trámite parlamentario. Cuando parecía que el procedimiento avanzaría definitivamente, el Senado ha abierto un nuevo frente jurídico que vuelve a situar el tratado en una situación de incertidumbre.

La paralización también tiene consecuencias prácticas. Desde la firma del tratado en Barcelona en enero de 2023, España y Francia no han celebrado nuevas cumbres bilaterales de alto nivel, precisamente a la espera de que el acuerdo entrara en vigor y sirviera de marco para una cooperación reforzada.

Fuentes diplomáticas consideran que prolongar este bloqueo puede deteriorar la imagen de España ante uno de sus principales aliados europeos. Mientras el Gobierno insiste en que el recurso popular responde a una estrategia de desgaste político contra Sánchez, el PP mantiene que únicamente pretende garantizar que un tratado internacional plenamente estratégico se ajuste estrictamente a la Constitución antes de su ratificación definitiva. @mundiario