Ni demócratas ni republicanos: Trump se queda solo defendiendo el diésel de Putin

Donald Trump ha abierto un nuevo frente político dentro de su propio partido al defender el acuerdo energético alcanzado con Vladímir Putin para facilitar la comercialización de diésel ruso. Lo que la Casa Blanca presenta como una medida de emergencia para aliviar los precios del combustible se ha convertido en una disputa sobre las sanciones contra Moscú, el apoyo estadounidense a Ucrania y los límites del poder presidencial para modificar una política aprobada por el Congreso.

La oposición ya no procede únicamente de los demócratas. El martes 13 de octubre, doce senadores —seis republicanos y seis demócratas— reclamaron formalmente a Trump que revoque la decisión. En su carta, sostienen que permitir a Rusia vender diésel con menos restricciones perjudica la seguridad estadounidense y beneficia económicamente a un Gobierno que continúa su ofensiva contra Ucrania.

"Este acuerdo es un regalo a nuestro adversario y una traición a nuestros aliados; debe ser revocado", escribieron los legisladores. La contundencia de la frase refleja la dimensión del conflicto: una decisión presentada como pragmática por el presidente está poniendo en cuestión la coherencia de la estrategia estadounidense frente a Moscú.

Entre los republicanos firmantes figuran Mitch McConnell, Susan Collins, Lisa Murkowski, Thom Tillis, John Cornyn y Alan Armstrong. Varios ya habían cuestionado públicamente la iniciativa durante el fin de semana. Su pronunciamiento conjunto con los demócratas amplía una contestación poco habitual a una decisión de política exterior de Trump, especialmente en un partido que durante buena parte de su presidencia ha respaldado sus principales iniciativas.

El pacto se anunció después de una conversación entre Trump y el presidente ruso. El mandatario estadounidense defendió la operación como una forma de aumentar la oferta de combustible y reducir los precios, que se han disparado en un contexto de tensión energética internacional, incluida la guerra con Irán.

El Departamento del Tesoro publicó el 9 de octubre la licencia general 135, que autoriza determinadas operaciones relacionadas con la venta, entrega, descarga e importación de diésel de origen ruso. La medida abre una excepción temporal a las restricciones que afectan al comercio energético con Rusia. Según las cifras difundidas sobre el acuerdo, Moscú podría colocar en el mercado hasta 4,8 millones de toneladas de combustible, equivalentes a cerca de 36 millones de barriles, hasta mediados de abril.

La autorización permite que el diésel ruso vuelva a circular por canales comerciales antes restringidos, pero eso no significa necesariamente que todo ese volumen vaya a ser comprado directamente por Estados Unidos. Trump ha insistido en que el combustible se distribuirá en el mercado internacional, no exclusivamente en el estadounidense.

La diferencia importa porque el presidente presenta el pacto como una herramienta para aliviar el coste de la energía, mientras sus críticos sostienen que la flexibilización de las sanciones permite a Rusia obtener ingresos adicionales para la guerra. Aunque parte del combustible termine en otros mercados, el acceso a más compradores puede mejorar las posibilidades comerciales de los exportadores rusos y facilitar la entrada de divisas en su economía.

La cuestión es si esa ventaja económica para Moscú compensa el beneficio que Washington espera obtener para los consumidores. Para los senadores críticos, el cálculo no sale a cuenta: la contribución del acuerdo a una reducción de precios sería limitada, mientras que el alivio para las finanzas rusas llega en plena guerra.

La controversia no se limita a la política exterior. También afecta al cumplimiento de la legislación estadounidense. El Congreso prohibió en 2022 las importaciones de energía rusa como respuesta a la invasión de Ucrania. Además, recientemente aprobó nuevas herramientas de presión económica contra Rusia y los países que contribuyen a sostener sus exportaciones energéticas.

Los senadores contrarios al pacto sostienen que la decisión de Trump contradice ese marco legal. Collins, Murkowski y Tillis, junto con el republicano John Curtis y los demócratas Jeanne Shaheen y Richard Blumenthal, ya habían reclamado el domingo que la Administración diera marcha atrás. Consideran que la Casa Blanca no ha explicado suficientemente el fundamento jurídico de la excepción ni ha consultado al Congreso como, según ellos, exige la legislación aplicable.

El Ejecutivo dispone de mecanismos legales para autorizar determinadas operaciones mediante licencias, pero la discusión reside en si la medida concreta se ajusta a las normas vigentes y a las condiciones que el Congreso estableció. Por ahora, la oposición parlamentaria expresa una objeción jurídica y política; no equivale por sí sola a una sentencia judicial que declare ilegal el acuerdo.

El choque es especialmente significativo porque varios republicanos habían presionado durante meses para endurecer las medidas contra Moscú. El nuevo pacto parece invertir esa lógica: mientras el Congreso buscaba reducir los ingresos energéticos rusos, la Administración flexibiliza restricciones para aumentar la oferta comercial de combustible.

El senador John Barrasso, uno de los aliados de Trump, ha defendido que el presidente debe equilibrar dos objetivos: poner fin a la guerra y reducir los costes que afrontan las familias estadounidenses. Sin embargo, incluso entre los republicanos que respaldan esa explicación existe un problema político evidente: si las sanciones se presentan como una herramienta para obligar al Kremlin a cambiar de conducta, relajarlas sin una concesión rusa claramente identificada puede debilitar la presión negociadora.

El argumento central de Trump es económico y electoral. El encarecimiento del combustible supone un problema para su Administración porque repercute en el transporte, la agricultura, la logística y el coste de numerosos productos. El diésel tiene una importancia particular para los camioneros, los agricultores y las empresas que dependen del transporte de mercancías.