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La Administración de Donald Trump ha decidido ampliar el alcance de su política de máxima presión sobre Cuba con nuevas medidas dirigidas tanto contra responsables del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) como contra nueve entidades estatales.
Entre los sancionados figuran Fernando González Llort, presidente del ICAP; Noemí Rabaza Fernández, vicepresidenta primera; y Leima Martínez Freire, responsable de la división para Norteamérica. La decisión sitúa en el centro de la estrategia estadounidense a una organización que Washington acusa de servir como instrumento de influencia política en Estados Unidos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, sostiene que el Gobierno cubano ha utilizado durante años organizaciones de este tipo para ampliar su capacidad de influencia mediante actividades culturales, educativas y de intercambio. La acusación añade una dimensión política a unas sanciones que, hasta ahora, tienen también un importante componente económico.
El segundo frente abierto por Washington afecta a empresas vinculadas con la minería, la metalurgia, el comercio exterior, el transporte y la construcción. Entre las entidades incluidas aparecen la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, Metalcuba, Geominsal, Acinox Comercial y Transimport.
La selección resulta relevante porque no se trata únicamente de compañías periféricas, sino de estructuras relacionadas con áreas necesarias para el funcionamiento de la economía estatal cubana. El objetivo estadounidense es aumentar el coste financiero de mantener relaciones con organismos considerados parte del aparato gubernamental.
La advertencia, además, trasciende las fronteras de la isla. Washington avisa de que terceros que proporcionen financiación, servicios o respaldo a las entidades sancionadas también pueden quedar expuestos a nuevas restricciones. Para bancos y empresas internacionales, el mensaje introduce un riesgo adicional a la hora de mantener operaciones con Cuba.
Las nuevas medidas se producen cuando la economía cubana afronta graves problemas de abastecimiento, energía y capacidad productiva. Por ello, su impacto puede ir más allá de las organizaciones directamente señaladas y complicar todavía más el acceso de la isla a determinados circuitos comerciales y financieros internacionales.
El Gobierno cubano rechaza esta interpretación y responsabiliza a Washington del deterioro económico. El ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, acusa a Estados Unidos de utilizar las sanciones para dificultar la llegada de alimentos, medicamentos y otros suministros.
El enfrentamiento deja así dos lecturas contrapuestas: para Washington, el endurecimiento busca limitar los recursos y las estructuras que sostienen al Gobierno cubano; para La Habana, estas medidas profundizan una crisis que ya afecta directamente a la población. En ambos casos, el resultado es una nueva escalada de la confrontación entre ambos países, sin señales de una reducción inmediata de la presión económica. @mundiario
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