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Los aumentos dispuestos por el gobierno de Javier Milei regirán a partir del próximo 21 de noviembre. El último aumento había sido en marzo.
El gobierno de Javier Milei autorizó este miércoles al Registro Nacional de las Personas (Renaper) a aplicar fuertes subas en el cuadro tarifario para tramitar el pasaporte argentino y el Documento Nacional de Identidad (DNI). Desde el próximo sábado 21 de noviembre, el trámite regular del pasaporte pasa de 100 mil a 130 mil pesos, un aumento del 30% mientras que el DNI pasará a costar 20 mil peso, lo que representa una suba del 100%. El último ajuste se había aplicado a principios de marzo.
“Con el propósito de continuar asegurando los mejores estándares en términos tecnológicos, de diseño y de seguridad de los documentos de viaje argentinos, y con el objeto de garantizar la sustentabilidad financiera, satisfacer las necesidades del organismo y efectuar una reinversión más eficiente de sus recursos, deviene necesario establecer un mecanismo de actualización de los aranceles percibidos”, señaló el Renaper entre los fundamentos de la Disposición 759/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial.
Fuerte aumento en los costos para tramitar el DNI y el pasaporte.
Con respecto al DNI, el Gobierno explicó que la actualización busca mejorar la reinversión de los recursos y acompañar el proceso de modernización tecnológica y de emisión del nuevo documento electrónico. Los nuevos valores fueron dispuestos en la resolución 151.
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El pasaporte argentino tiene validez por 10 años desde la fecha de emisión para mayores de 18 años y de cinco para los menores. Los nuevos valores desde el sábado 21 de noviembre son los siguientes:
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En tanto el pasaporte excepcional para extranjeros aumentará de 100 mil a 130 mil pesos. El mismo valor se aplicará a los documentos de viaje para personas apátridas y para personas refugiadas, que hasta ahora tenían un arancel de 100 mil pesos.
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En tanto con el ajuste de hasta 100%, el nuevo cuadro tarifario para tramitar el Documento Nacional de Identidad quedó de la siguiente manera:
Los DNI para mayores de 14 años, tanto argentinos como extranjeros, tienen una validez de 15 años desde su fecha de expedición.
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La jornada de huelga general convocada por los sindicatos en Aragón ha comenzado con dos visiones contrapuestas. Mientras las organizaciones sindicales llaman a la movilización para reclamar mejoras salariales, facilidades en el acceso a la vivienda y medidas contra el encarecimiento del coste de la vida, la patronal aragonesa describe un panorama de normalidad y seguimiento minoritario. Las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME han emitido un comunicado conjunto en el que destacan la ausencia de incidentes relevantes y un clima de respeto durante las primeras horas. DIRECTO COPE | Escucha aquí la última hora de la huelga general Para analizar la perspectiva empresarial, el secretario general de CEPYME Aragón, Carmelo Pérez, ha intervenido en el programa 'Herrera en COPE Zaragoza', donde ha confirmado la percepción de tranquilidad en el tejido productivo de la comunidad. Pérez ha subrayado que, más allá de la actividad de los piquetes informativos, el aspecto general en las calles y los centros de trabajo es de absoluta normalidad, un hecho que ha calificado como "una muy buena noticia". El representante de la patronal ha insistido en que "hay respeto entre las partes al que está haciendo huelga y respeto al que quiere trabajar". Como prueba de ello, ha señalado que no se han registrado incidencias relevantes que hayan alterado el funcionamiento de las empresas y que el acceso a los polígonos industriales y otros centros de trabajo ha estado garantizado durante toda la mañana, tras algunas "pequeñas escaramuzas de 6 a 7 de la mañana". Según los datos que maneja la patronal, el seguimiento del paro está siendo bajo, especialmente en el sector privado. "La incidencia está siendo baja", ha afirmado Carmelo Pérez, a la espera de publicar cifras más detalladas de las tres provincias aragonesas. Ha explicado que "prácticamente no hay ninguna gran empresa que haya parado", y que tanto los centros comerciales como los polígonos industriales están funcionando con normalidad. Para ilustrar la situación, ha comentado que grandes superficies como El Corte Inglés abrieron sus puertas sin piquetes. Pérez ha diferenciado la situación del tejido empresarial privado de la que pueda darse en la administración pública, que "tiene otros parámetros de funcionamiento". En el ámbito de las empresas, la tranquilidad ha sido la tónica dominante, lo que, a su juicio, "dice mucho del índice de participación". El secretario general de CEPYME Aragón ha recordado que el tejido productivo de la comunidad está formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, un dato clave para entender su postura. Carmelo Pérez también ha analizado el fondo de las reivindicaciones sindicales, mostrando su escepticismo sobre los argumentos esgrimidos para la huelga. En cuanto a los salarios, ha lanzado una pregunta directa: "Ellos firman los convenios colectivos, que son los que rigen los salarios de este país. ¿Van contra ellos mismos?". Con esta interpelación, ha puesto el foco en la responsabilidad compartida de los agentes sociales en la negociación de las condiciones laborales, sugiriendo una contradicción en la postura sindical. Respecto al acceso a la vivienda y el coste de la vida, Pérez ha asegurado que los empresarios, y en especial las pymes, son también víctimas de esta situación. "La mayoría de las pymes somos sufridores exactamente igual que cualquier ciudadano", ha declarado. Ha explicado que muchos pequeños empresarios son autónomos que no disponen de una nómina, lo que les dificulta el acceso a un alquiler, y que el alto coste de la vivienda también es un obstáculo para contratar personal. Asimismo, ha recordado que el aumento de precios, el coste de la energía y los problemas en la logística impactan directamente en las cuentas de las empresas, que deben asumir las revisiones salariales ligadas al IPC. Para contextualizar la realidad empresarial de la región, ha aportado un dato significativo: "Ocho de cada diez empresas de Aragón tienen menos de dos trabajadores", lo que evidencia su limitada capacidad para influir en factores macroeconómicos como la inflación o el mercado inmobiliario. Aunque ha evitado calificar la huelga como una movilización de carácter político, dejando que "eso corresponde hacerlo a los demás", Pérez ha sugerido que existen "otras fórmulas para poder reivindicar" en las que probablemente se sumaría "toda la sociedad". En su opinión, la histórica cultura de diálogo social en Aragón es uno de los factores que explican la baja incidencia del paro, y ha destacado la buena sintonía con los sindicatos aragoneses en este marco de negociación. Finalmente, ha defendido el diálogo social como la herramienta "imprescindible" para encontrar soluciones conjuntas y equilibradas a los problemas actuales. "Tenemos que ser capaces de entre todos buscar las soluciones", ha concluido, reconociendo el deseo de las pymes de poder subir los salarios, pero advirtiendo de que un incremento desmedido, como un 20%, les haría perder competitividad y generar otros problemas. La clave, ha insistido, es alcanzar acuerdos que beneficien al conjunto de la sociedad.