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El gobierno del presidente Donald Trump abrió un nuevo frente comercial contra México, Canadá y otros países del mundo al proponer la imposición de aranceles adicionales de 10 por ciento a las importaciones provenientes del país, bajo el argumento de que no ha aplicado de manera efectiva restricciones a bienes vinculados con trabajo forzoso.
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La medida fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) como parte de una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que la Casa Blanca busca utilizar para reinstalar gravámenes comerciales después de que otros mecanismos arancelarios enfrentaran obstáculos legales.
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De concretarse, la propuesta afectaría a México, Canadá, Reino Unido y Taiwán con un arancel de 10 por ciento, mientras que economías como China, India, Japón, Corea del Sur, Brasil y Suiza enfrentarían gravámenes de 12.5 por ciento.
La Secretaría de Economía mexicana, encabezada por Marcelo Ebrard, respondió que la medida todavía no es definitiva y adelantó que el gobierno federal trabajará con Washington para evitar la entrada en vigor de los nuevos impuestos comerciales.
Según el informe difundido por la USTR, la investigación concluyó que decenas de socios comerciales de Estados Unidos no han aplicado de manera adecuada prohibiciones a la importación de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso en terceros países.
La oficina comercial estadounidense explicó que los países que cuentan con prohibiciones formales o han mostrado compromisos para combatir este tipo de prácticas enfrentarían la tarifa más baja, mientras que aquellos que, según Washington, no han implementado o aplicado eficazmente dichas restricciones recibirían gravámenes más elevados.
“Es inaceptable que nuestros socios comerciales más importantes no aborden la importación de productos elaborados con mano de obra forzada. Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel mundial en condiciones de desigualdad”, afirmó el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.
El funcionario agregó que la administración Trump no tolerará condiciones que, a su juicio, perjudiquen la competitividad de los trabajadores estadounidenses frente a productos importados.
La Secretaría de Economía subrayó que el anuncio realizado por la USTR corresponde únicamente a una propuesta dentro de un proceso administrativo que contempla consultas públicas y mesas de discusión durante los próximos 45 días.
La dependencia recordó que la investigación forma parte de la estrategia estadounidense para sustituir otros instrumentos arancelarios previamente utilizados por la Casa Blanca, entre ellos los impuestos aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), que fueron invalidados por la Suprema Corte de Estados Unidos.
En una tarjeta informativa difundida el 2 de junio, la Secretaría de Economía indicó que México presentará argumentos técnicos y jurídicos para demostrar que la imposición de nuevos gravámenes carece de sustento.
Además, expresó confianza en que la propuesta pueda modificarse como resultado de las negociaciones bilaterales que continuarán desarrollándose en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
