Bruselas acumula sanciones por prácticas monopolísticas en Android, Shopping y AdSense desde 2017. Trump amenaza con aranceles en represalia y eleva la presión sobre la presidenta de la Comisión Europea.
La Comisión Europea ha impuesto más de 10.000 millones de euros en multas a Google a lo largo de casi diez años de litigios por prácticas monopolísticas. La acumulación de sanciones —desde el caso Shopping en 2017 hasta los más recientes expedientes abiertos bajo la Ley de Mercados Digitales— ha convertido a la tecnológica estadounidense en el rostro visible de la guerra regulatoria de Bruselas contra Silicon Valley. Este viernes, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha defendido públicamente las decisiones del Ejecutivo comunitario, pese a las crecientes amenazas de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El historial sancionador de Bruselas contra Google arranca en 2017 con la multa de 2.420 millones de euros por favorecer su propio comparador de precios, Google Shopping, frente a los rivales. Un año después, la Comisión impuso la mayor sanción de su historia a una sola empresa: 4.340 millones de euros por prácticas contrarias a la competencia en el sistema operativo Android, obligando a los fabricantes a preinstalar obligatoriamente el buscador de Google y el navegador Chrome. En 2019 llegó la tercera multa, de 1.490 millones de euros, por las restricciones impuestas a los competidores en los contratos de publicidad contextual de AdSense. Solo estas tres resoluciones suman 8.250 millones de euros.
A esa cantidad se añaden otras sanciones menores —como las vinculadas a la falta de transparencia en el uso de datos personales y los incumplimientos parciales de las órdenes de cesar y desistir— hasta superar el umbral de los 10.000 millones. Además, la Dirección General de Competencia de la Comisión mantiene abiertas varias investigaciones bajo el nuevo Reglamento de Mercados Digitales, que contempla sanciones aún más elevadas.
El caso de Android, en concreto, sentó jurisprudencia mundial: fue la base conceptual sobre la que años después Estados Unidos y Corea del Sur perseguirían a Google por el mismo tipo de conductas. Sin embargo, la dureza de las sanciones europeas ha generado un malestar constante en Washington, donde se interpretan como un ataque directo a los intereses económicos estadounidenses.
El recrudecimiento de la batalla llega en un momento especialmente delicado. Trump ha advertido en las últimas horas que la Unión Europea pagará un “precio muy alto” por la multa a Google, en declaraciones recogidas por varios medios internacionales. El expresidente, firme candidato a las elecciones de noviembre, ha insistido en que las sanciones europeas suponen un “robo” a las empresas de EE.UU. y ha amenazado con imponer aranceles selectivos si Bruselas persiste en su ofensiva contra las grandes tecnológicas.
La respuesta de la Comisión no se ha hecho esperar. Según fuentes comunitarias consultadas por ABC, la UE ha invocado el pacto transatlántico alcanzado en la cumbre de 2025 precisamente para evitar una escalada arancelaria. Aquel acuerdo, sellado con la administración Biden pero validado por el equipo económico del propio Trump, contemplaba un mecanismo de consultas previas antes de activar cualquier barrera comercial bilateral motivada por sanciones antitrust. Von der Leyen confía en que ese canal amortigüe el choque, aunque en su entorno admiten que nada está garantizado si Trump regresa a la Casa Blanca.
La guerra comercial que se libra en los despachos de Bruselas y Washington no es un conflicto puntual; es la prueba de resistencia del orden multilateral ante el poder ilimitado de los gigantes digitales.
Lo que está en juego trasciende el caso Google. En el fondo, la confrontación actual entre Bruselas y Washington es la consecuencia natural de dos modelos de capitalismo que colisionan: el europeo, basado en el Estado de derecho y la protección del consumidor, y el estadounidense, cada vez más condicionado por los intereses de sus campeones nacionales. Las multas a Google son la punta del iceberg de una batería reguladora que también afecta a Apple, Meta y Amazon.
La incógnita es si este pulso terminará lastrando las relaciones comerciales más importantes del planeta o si, por el contrario, forzará un nuevo equilibrio regulatorio global. En la práctica, las empresas tecnológicas estadounidenses llevan años anticipándose a un mundo fragmentado: Google ya ha modificado sus contratos de Android en Europa y Amazon ha separado sus negocios de marketplace y logística para esquivar sanciones. Pero una guerra arancelaria de gran calado elevaría los costes de manera imprevisible y podría arrastrar a sectores que poco o nada tienen que ver con la economía digital.
Yo creo que la Comisión va a mantener el pulso mientras el coste político de ceder sea mayor que el de resistir. El verdadero riesgo no está en las multas —Google las contabiliza como un gasto recurrente en sus cuentas— sino en la posible ruptura del marco comercial que sostiene el intercambio de bienes y servicios entre las dos orillas del Atlántico. La próxima cita clave será la reunión del Consejo de Comercio y Tecnología prevista para septiembre; allí se verá si las declaraciones de Trump son pura retórica electoral o el preludio de un choque en toda regla.
