Juan Ramón Rallo alerta: la extrema izquierda de Pedro Castillo amenaza la inversión en Perú

El economista analiza las propuestas de Roberto Sánchez, que incluyen una nueva Constitución, nacionalización de recursos y un peligroso giro autoritario para la economía peruana.

Todavía no es seguro que Roberto Sánchez llegue a la presidencia del Perú, pero el análisis que Juan Ramón Rallo ha hecho de su programa económico y político en su canal de YouTube debería bastar para que cualquier inversor o ciudadano peruano tomara buena nota. Y es que, si las urnas y el voto por correo lo confirman, el candidato de la extrema izquierda pondrá patas arriba los pilares que han sustentado el crecimiento del país en las últimas décadas.

Rallo empieza por señalar que Sánchez quiere convocar una asamblea constituyente para redactar una nueva carta magna que deseche los artículos que hoy limitan la intervención estatal. En concreto, el artículo 58, que define a Perú como una economía social de mercado donde el Estado solo orienta el desarrollo, le resulta demasiado restrictivo. El candidato prefiere sustituir el verbo orientar por controlar, lo que abre la puerta a la estatalización de sectores estratégicos.

Lo mismo piensa del artículo 60, que consagra el principio de subsidiariedad: el Estado únicamente puede emprender una actividad empresarial cuando el sector privado no puede o no quiere hacerlo. Derogarlo permitiría al nuevo gobierno montar empresas públicas sin justificación alguna y competir con ventaja frente a los particulares.

El artículo 66 de la Constitución actual ya establece que los recursos naturales son patrimonio de la nación y que el Estado otorga concesiones para su explotación. Pero a Sánchez le parece poco. Su intención es estatalizarlos todos. Gas, petróleo, agua, bosques, energía, mares, espacio aéreo, puertos… todo pasaría a ser gestionado directamente por el Estado. Adiós a las concesiones.

En su análisis Rallo sostiene que Sánchez quiere cargarse este artículo para que el Estado peruano pueda revisar unilateral y retroactivamente los contratos. Podría, por ejemplo, modificar las condiciones de una concesión minera de la noche a la mañana, sin que la empresa pueda recurrir a la Constitución porque ese blindaje habría desaparecido. Es, literalmente, dinamitar la confianza inversora.

Y para rematar, eliminar el artículo 63, que establece la igualdad de trato entre inversión nacional y extranjera, así como la libertad de comercio exterior. El objetivo es discriminar a las empresas de fuera para proteger a los grupos de interés locales afines al poder, e imponer aranceles que encarecerán los productos que los peruanos compran cada día.

‘El Estado en cualquier momento puede decir Diego donde dijo Diego’, resume Rallo; ‘se trata de erosionar la seguridad jurídica dentro del país’.

Fuera del ámbito constitucional, Rallo desgrana otras propuestas igualmente inquietantes. La primera, convertir el Banco Nación en un banco público de crédito hipotecario que socializaría pérdidas con todos los contribuyentes.

La segunda es casi duplicar la presión tributaria: del entorno del 14% del PIB actual al 25%. Aunque esa cifra siga por debajo de la media europea, el impacto en una economía con un 75% de trabajadores en la informalidad sería brutal. Como apunta Rallo, a los pocos que pagan impuestos habrá que apretarles las clavijas hasta asfixiarlos, empujando a muchos más hacia la economía sumergida.

Y la tercera, subir el salario mínimo un 33% el primer día de gobierno. Una medida que colocaría el nuevo suelo salarial por encima de lo que percibe de media un trabajador del sector informal. La consecuencia, según el analista, es más coste laboral para las empresas formales, más fuga hacia la informalidad y menos recaudación fiscal.

El programa de Sánchez tampoco descuida el control social. Rallo pone el foco en dos iniciativas que desvelan una vocación autoritaria. La primera, la creación de organismos ‘ciudadanos’ encargados de fiscalizar a los medios de comunicación. Esta supervisión, en realidad, estaría controlada por el poder político y serviría para emitir alertas contra contenidos que molesten al gobierno, so pretexto de combatir la desinformación. Al mismo tiempo, se repartirían licencias radioeléctricas de forma que el Estado y los medios comunitarios afines acaparen el espacio, mientras se estrangula al sector privado.

La segunda es la propuesta de un nuevo ‘poder popular’, una cuarta rama del Estado que institucionalizaría referendos, consultas y consejos vecinales con capacidad de autogobierno. Rallo concede que la descentralización para temas de infraestructura local puede ser positiva, pero advierte de que aquí no se trata de eso: se trata de dar un barniz de legitimidad popular a un plan que, en el fondo, busca estatalizar la economía y eliminar todos los contrapesos al Ejecutivo.

En definitiva, el análisis de Rallo dibuja un escenario en el que Perú perdería décadas de avances en seguridad jurídica, apertura comercial y libertad económica. No es solo una cuestión de números; es una amenaza directa a las libertades individuales. Porque, como él mismo subraya, Sánchez aspira a construir un Estado omnipotente sin frenos, al más puro estilo chavista.

Puedes ver el análisis completo en el vídeo original de Juan Ramón Rallo en YouTube: