Trump frena el fondo ‘antipolitización’ de 1.800 millones tras el rechazo unánime del Congreso

La partida, creada para compensar a supuestas víctimas de la politización del IRS, ha sido suspendida tras semanas de oposición bipartidista. Las demandas judiciales y la presión de líderes republicanos como Mike Johnson y John Thune forzaron la marcha atrás.

La Administración Trump ha congelado el fondo ‘antipolitización’ de 1.800 millones de dólares, una partida creada para compensar a supuestas víctimas de la presunta instrumentalización del IRS, después de que el Congreso —incluidos los republicanos— mostrara un rechazo unánime. La decisión, adelantada por Axios y confirmada por el Departamento de Justicia, llega tras semanas de tensión bipartidista y varias demandas judiciales que cuestionaban la legalidad de la iniciativa.

He revisado los documentos del acuerdo y las reacciones en el Capitolio, y lo que me ha llamado la atención es la rapidez con la que el presidente ha dado marcha atrás ante la presión de su propio partido. El fondo fue anunciado el pasado 18 de mayo como parte de un acuerdo entre Trump y el IRS, que incluía la inmunidad vitalicia para el presidente y su familia frente a cualquier auditoría fiscal. Aquel acuerdo cerraba la demanda que Trump había interpuesto en enero, en la que reclamaba 10.000 millones de dólares por la filtración de sus declaraciones de impuestos.

La oposición dentro de las filas republicanas fue inmediata y contundente. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, trasladó personalmente a Trump las quejas del partido, mientras que el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, vinculó la paralización del fondo a la aprobación de un proyecto de ley de 72.000 millones de dólares para financiar la política migratoria. Varios senadores republicanos —Mitch McConnell, Bill Cassidy o el saliente Thom Tillis— calificaron el fondo de “hucha para matones” o de “pago a delincuentes”.

“Los medios informan de que Trump afirma que retirará su fondo de 2.000 millones de dólares para el MAGA. Pero una promesa de Trump no vale nada. Si Trump y los republicanos realmente abandonan este esquema corrupto, no deberían tener ningún problema en prohibirlo por ley.” — Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado, 1 de junio de 2026.

Las demandas judiciales han sido otro frente determinante. Hasta tres litigios independientes —liderados por Democracy Forward, un grupo de policías heridos el 6 de enero y la organización Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW)— lograron que un juez federal bloqueara temporalmente la creación del fondo. Paralelamente, el juez de Florida que debía tramitar la demanda original de Trump contra el IRS reabrió el caso al conocerse los detalles del acuerdo, algo que el tribunal consideró irregular.

Lo que veo en este episodio es un ejemplo de que los contrapesos del sistema estadounidense, aunque tensionados, siguen funcionando. La reacción bipartidista ha sido tan intensa porque la iniciativa concentraba varios conflictos de interés en una sola operación: el presidente demandaba a una agencia que él mismo dirige, negociaba un acuerdo con su propio Departamento de Justicia y creaba un fondo al margen del Congreso. La oposición de los republicanos a que el dinero del contribuyente sirviera para compensar a potenciales condenados por el asalto al Capitolio demuestra que, en este caso, la línea roja era demasiado visible incluso para el partido mayoritario.

Sin embargo, la suspensión del fondo no resuelve los problemas de fondo. El Departamento de Justicia ha asegurado que cumplirá con la decisión judicial, pero Nikhel Sus, asesor jurídico de CREW, advirtió a Al Jazeera que “el supuesto abandono temporal no es suficiente y no resuelve las cuestiones legales planteadas”. Además, el desbloqueo del proyecto de ley migratorio de 72.000 millones de dólares, que los senadores republicanos habían retrasado como medida de presión, indica que la Casa Blanca ha perdido temporalmente margen de maniobra en su propio grupo, pero no que haya renunciado a futuros intentos de derivar fondos públicos hacia intereses personales o partidistas. La próxima batalla se librará en los tribunales y en el redactado de la ley que Schumer pretende impulsar para prohibir expresamente este tipo de fondos.

El impacto directo en España es limitado, pero el episodio subraya un riesgo sistémico: la erosión de la separación de poderes en la mayor economía del mundo. Para las empresas españolas con intereses en EE.UU., la posibilidad de que un presidente pueda autoadjudicarse inmunidad fiscal y crear fondos discrecionales al margen del Congreso introduce una incertidumbre jurídica poco usual.