Marcelo Rucci cuestionó la decisión de Halliburton Argentina de reducir los valores de los contratos vigentes con sus proveedores hasta diciembre.
La decisión de Halliburton Argentina S.R.L. de exigir una reducción de hasta el 23% en los contratos vigentes con sus proveedores encendió las alarmas en la industria hidrocarburífera de la Cuenca Neuquina. El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, cuestionó con dureza la medida y advirtió que podría impactar de lleno en el entramado productivo regional.
Según informó el dirigente gremial en un comunicado, al que accedió Mejor Informado, la empresa comunicó a sus proveedores que desde agosto y hasta diciembre deberán aplicar una rebaja del 23% sobre los precios actualmente pactados, otorgando apenas siete días para aceptar las nuevas condiciones comerciales.
“Esto es una calamidad. Las empresas locales son grandes generadoras de trabajo y estas decisiones unilaterales golpean directamente sobre el entramado empresario de la cuenca”, sostuvo Rucci.
La preocupación del sindicato que encabeza Rucci se centra en el efecto que una reducción de esta magnitud podría tener sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes) que prestan servicios para la actividad petrolera en Neuquén, Río Negro y La Pampa. Muchas de ellas dependen de contratos vinculados a la operación en Vaca Muerta y cuentan con estructuras ajustadas para sostener empleo y equipamiento.
Rucci remarcó que no existió una instancia de negociación previa y consideró que la medida responde a una decisión unilateral de una empresa con posición dominante dentro del mercado de servicios petroleros. “Acá no hay una propuesta ni una mesa de diálogo. Una empresa dominante decide mejorar sus números y descarga el ajuste sobre quienes menos margen tienen para soportarlo”, afirmó el gremialista.
Desde el sindicato señalaron que se mantienen en estado de alerta ante la posibilidad de que los recortes terminen trasladándose a los trabajadores mediante reducción de puestos laborales o ajustes en las condiciones de empleo.
La discusión sobre la competitividad y los costos operativos volvió a instalarse en el corazón de la industria energética argentina. Mientras las operadoras y empresas de servicios buscan mejorar la eficiencia para sostener la expansión productiva de Vaca Muerta, los sindicatos y proveedores locales advierten sobre los límites que pueden tener esas estrategias cuando afectan a la cadena de valor regional.
Rucci recordó que la industria recibió incentivos y condiciones favorables para impulsar inversiones y aumentar la producción de petróleo y gas no convencional. “No puede ser que nuevamente pretendan que los más débiles paguen los platos rotos”, expresó.
El gremialista también vinculó la decisión con la situación financiera global de Halliburton. Según datos difundidos por la compañía, durante el segundo trimestre de 2026 registró una ganancia neta de 534 millones de dólares y destinó alrededor de 200 millones de dólares a la recompra de acciones.
Para el sindicato, estos números reflejan que la empresa cuenta con capacidad financiera suficiente y que no corresponde trasladar los ajustes a las pymes que forman parte de la cadena de proveedores en la Cuenca Neuquina.
“Cuando se pretende sacar casi una cuarta parte del valor de un contrato que ya está en ejecución, el ajuste termina cayendo sobre el empleo. Y eso no lo vamos a permitir”, remarcó.
La polémica se produce en un momento de fuerte crecimiento de la producción de petróleo y gas en Vaca Muerta, donde las inversiones continúan impulsando proyectos orientados tanto al abastecimiento interno como a las exportaciones.
Las empresas de servicios petroleros cumplen un rol estratégico en las operaciones de perforación, fractura hidráulica y explotación de pozos, actividades fundamentales para sostener los niveles de producción que hoy convierten a Neuquén en el principal polo hidrocarburífero de la Argentina.
En ese contexto, cualquier conflicto que afecte a proveedores y contratistas genera preocupación por su posible impacto sobre el empleo regional y la continuidad de los planes de desarrollo.
