Tras 1986, la pesca desplazó a la lana y hoy representa casi 60% del PBI de las islas, mientras el petróleo busca abrir una nueva etapa.
Tras 1986, la pesca desplazó a la lana y hoy representa casi 60% del PBI de las islas, mientras el petróleo busca abrir una nueva etapa.
Malvinas no es solo un capítulo cerrado de 1833 o de 1982: es una corriente que atraviesa toda nuestra historia y que, lejos de apagarse, parece crecer.
La economía de las Islas Malvinas tiene hoy una dependencia muy marcada de los recursos naturales. El último cálculo oficial del Gobierno de las islas ubica el PBI de 2024 en £288 millones, de los cuales £168 millones provinieron de la pesca y la acuicultura, equivalente al 58,3% del producto. Agricultura y ganadería representaron £8,1 millones, mientras que las actividades vinculadas con petróleo, gas, minería, manufacturas y otras actividades industriales sumaron £10 millones.
El indicador de ingreso requiere una precisión. El PBI per cápita alcanzó £86.050 en 2024, calculado sobre una población residente estimada de 3.347 habitantes. Pero el propio Gobierno advierte que ese número no representa lo que efectivamente reciben los residentes, porque una parte de las empresas y de la mano de obra pertenece al exterior. Por eso, el indicador más apropiado para aproximarse al ingreso generado para los residentes es el Ingreso Nacional Bruto (GNI): fue de £196,6 millones, o £58.749 por habitante.
El cambio respecto del modelo histórico fue profundo. La agricultura comenzó a desarrollarse en 1845 y la producción de lana se consolidó desde fines del siglo XIX. Durante aproximadamente un siglo, la oveja y la exportación de lana fueron el principal sostén económico del archipiélago. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, la estructura productiva continuó dependiendo fuertemente de las estancias y del mercado lanero. El propio Gobierno de las islas define a la lana como el principal producto agropecuario actual, aunque su peso económico ya es muy inferior al de la pesca.
El punto de quiebre llegó en 1986, cuando las autoridades de las islas establecieron una zona de conservación pesquera y un nuevo régimen de administración de los recursos marítimos. Según el Departamento de Pesca de las Malvinas, ese sistema transformó la economía: los ingresos del Gobierno aumentaron 500% y permitieron alcanzar la autosuficiencia en prácticamente todas las áreas salvo defensa y relaciones exteriores. Desde entonces, la pesca pasó a convertirse en la principal actividad económica.
El negocio se estructuró alrededor de licencias, cuotas transferibles y sociedades locales vinculadas con compañías pesqueras internacionales. El registro oficial de ITQ —Individual Transferable Quotas— al 1° de enero de 2024 identifica, entre otros titulares, a RBC Ltd., Fortuna Ltd., Argos Group Ltd., Sulivan Shipping Services Ltd., Pioneer Seafoods Ltd., Southern Cross Ltd., Beauchene Fishing Co. Ltd., Seaview Ltd., Seafish (Falklands) Ltd. y Bold Ventures Ltd. Todas esas sociedades están constituidas o registradas en las Islas Malvinas.
El mapa empresarial, sin embargo, tiene una fuerte conexión internacional. Beauchene Fishing, por ejemplo, es una compañía de las islas que trabaja mediante sociedades conjuntas con Pesquera Echalar, radicada en Pontevedra, España, y con Copemar, con sede en Vigo. En el caso de Southern Cross, documentación oficial registra una sociedad conjunta en la que participaba Chymar SA, de España. Polar Seafish, por su parte, surgió de la integración de Seaview y Seafish y mantiene vínculos con socios españoles. Es decir, el domicilio societario en las islas no equivale necesariamente al origen de todo el capital involucrado.
Entre las sociedades con mayor presencia en el sistema de cuotas aparece RBC, con 38,33% del ITQ de finfish (peces de aleta) y 36,8% del correspondiente a skate (rayas marinas); Fortuna, con 24,96% de finfish, 27,53% de Loligo (calamar) y 29,20% de skate; Argos Group, con 18,75% de Loligo; Sulivan Shipping, con 34% de skate; Pioneer Seafoods, con 7,86% de finfish; Southern Cross, con 11,56% de Loligo; Beauchene, con 12,97% de Loligo; Seaview, con 14,34% de Loligo; Seafish, con 4,40%; y Bold Ventures, con 25,655% del segmento de squid y finfish restringidos. Las participaciones no pueden sumarse entre sí porque corresponden a pesquerías diferentes.
El principal producto es el calamar. El Departamento de Pesca señala que, en un año típico, dos especies de calamar explican alrededor del 75% de las capturas. El Loligo —calamar patagónico— constituye una de las pesquerías históricas y se captura en dos temporadas; el Illex, por su parte, tiene un régimen específico y parte de sus licencias corresponde a empresas no residentes. Esta última particularidad es importante: las cuentas nacionales aclaran que la actividad de compañías no residentes que capturan Illex bajo licencias tipo B no se incorpora al PBI local, aunque genere actividad económica y recursos vinculados al sistema pesquero.
La pesca también es determinante para las cuentas públicas. En las estimaciones oficiales de 2023/24, el Gobierno proyectó £33,79 millones en ingresos por licencias de pesca, además de los cargos por transbordo y otros conceptos. Un documento económico oficial de 2025 estimó que la actividad pesquera explicaba alrededor del 40% de los ingresos gubernamentales, pese a emplear directamente sólo cerca del 4% de la fuerza laboral. La diferencia entre los £168 millones de valor agregado pesquero y los ingresos por licencias resulta fundamental: el primer dato mide producción dentro de la economía; el segundo, recursos que ingresan directamente al Gobierno.
El mercado externo terminó de consolidar ese esquema. Antes del Brexit, la Unión Europea era el principal destino de la pesca: entre 2016 y 2019 absorbió, en promedio, 83,5% de las exportaciones pesqueras de las islas. El cambio de régimen comercial posterior a la salida británica de la UE eliminó el acceso preferencial y sometió a los productos pesqueros de las Malvinas a los aranceles comunitarios, que el Gobierno de las islas estimó entonces entre 6% y 18%. España mantiene, además, una presencia empresarial particularmente importante en el entramado pesquero.
Sobre esta estructura se proyecta ahora Sea Lion, el desarrollo hidrocarburífero que puede modificar nuevamente la composición económica del archipiélago. Navitas Petroleum, de origen israelí, posee 65% y opera el proyecto a través de su subsidiaria británica; Rockhopper Exploration, compañía británica, conserva 35%. En diciembre de 2025 ambas compañías tomaron la decisión final de inversión y el Gobierno de las islas aprobó las fases 1 y 2. La primera etapa contempla 11 pozos y una producción máxima estimada cercana a 50.000 barriles diarios, mientras Navitas apunta al primer petróleo para marzo de 2028.
El proyecto llega, además, en un momento de nueva tensión entre Argentina y el Reino Unido. El 4 de septiembre de 2026, el Gobierno de Javier Milei anunció procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas, invocando la Ley 26.659. La Cancillería argentina sostiene que esas operaciones afectan recursos de la plataforma continental argentina. El 9 de septiembre anunció nuevas denuncias contra sociedades vinculadas con Rockhopper, Borders & Southern y Desire Petroleum. El Reino Unido, en una guía publicada este martes, respondió que respalda la actividad económica y el desarrollo de hidrocarburos de las islas y sostiene que la legislación argentina no tiene jurisdicción sobre ellas.
