“Buque insignia”: los detalles del proyecto del MEF para bajar precios y agilizar trámites

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El Poder Ejecutivo remitió este jueves a la Asamblea General el proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida. La iniciativa fue presentada por cuatro ministros el pasado 10 de junio en la Torre Ejecutiva; en la conferencia de prensa, el titular de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, la definió como un “buque insignia” de la actual administración.

Según la exposición de motivos, el proyecto busca trasladar al ámbito microeconómico los avances macroeconómicos que el país logró, atacando los costos regulatorios y administrativos que afectan a empresas y consumidores.

El texto sostiene que, una vez alcanzados niveles más estables de precios, los desafíos del crecimiento se trasladan al plano microeconómico: la productividad, la calidad regulatoria y la intensidad de la competencia pasan a ser determinantes de los costos de producción y del nivel de vida en Uruguay.

En ese sentido, la exposición de motivos plantea que la agenda de competitividad es, al mismo tiempo, una agenda de reducción del costo de vida, ya que regulaciones más simples y mercados más abiertos no solo benefician a las empresas, sino que también permiten que los consumidores accedan a más variedad de bienes y servicios en mejores condiciones de precio y calidad.

En los primeros artículos se crea el Programa de Calidad Regulatoria y Agilización de Trámites y un sistema de registro centralizado de poderes y representaciones, para que las empresas y las personas no deban acreditar reiteradamente la misma documentación ante distintos organismos.

Entre sus medidas más destacadas figuran la creación de la Ventanilla Única Marítima, que integrará en un solo sistema digital los trámites de arribo y salida de buques, y la ampliación del marco de acción de la Agencia de Vigilancia Sanitaria (Avisu) para que abarque también equipos médicos, reactivos de diagnóstico y productos domisanitarios.

También se establece una vigencia mínima de diez años para los registros de productos sometidos a vigilancia sanitaria, se simplifican trámites agropecuarios y de la cadena cárnica y se deroga la prohibición histórica de abrir carnicerías los domingos, vigente desde 1941.

Los artículos crean el autodespacho aduanero, que permitirá a empresas con capacidad técnica acreditada gestionar directamente sus propias operaciones de importación y exportación sin depender de un despachante de aduana.

El proyecto también elimina la facultad del Poder Ejecutivo de aplicar detracciones a las exportaciones, promueve que los controles aduaneros se concentren en las operaciones de mayor riesgo en lugar de revisiones generalizadas, habilita el pago diferido de tributos de importación y elimina la obligación de conservar documentación en papel.

Además, levanta la prohibición de importar ciertos vehículos pesados usados (manteniendo la restricción para camionetas y utilitarios livianos) e incorpora un marco para prevenir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

Los artículos transforman a la actual Comisión de Defensa de la Competencia en un servicio descentralizado (Coprodec) con un directorio independiente y una nueva Dirección de Investigación separada de quienes deciden los casos. Se reduce el umbral de facturación que obliga a notificar una fusión empresarial e incorpora, por primera vez en el país, un programa de clemencia para detectar carteles.