Bloqueo en La Laguna, el 11N arranca bloqueando el transporte público y colapsando el tráfico

La jornada de huelga general del 11 de noviembre ha comenzado en Canarias mostrando su verdadera naturaleza. No como un cese voluntario y pacífico de la actividad productiva por parte de trabajadores organizados, sino mediante la paralización forzosa de las infraestructuras críticas. Desde primera hora de la noche, las calles adyacentes a la parada de guaguas del Intercambiador de San Cristóbal de La Laguna han sido escenario de cortes de tráfico provocados por piquetes que, enfundados de negro y ondeando banderas rojas, han bloqueado la salida de los vehículos de Titsa.

Bajo la consigna coral de "aquí están los antifascistas" y rodeados de cartelería sindical de organizaciones como CGT o Cobas, los manifestantes han impedido el libre tránsito de vehículos y ciudadanos. El resultado inmediato no es una reivindicación laboral efectiva, sino un colapso deliberado de la movilidad en una de las principales arterias del área metropolitana de Tenerife.

Este tipo de actuaciones evidencia la perversión económica que subyace en la táctica del piquete. Cuando un grupo minoritario bloquea una red de transporte público, lo que está imponiendo en la práctica es un impuesto directo sobre el tiempo, la productividad y el bolsillo del ciudadano medio. El usuario habitual del Intercambiador de La Laguna no es el gran rentista al que estos colectivos dicen combatir, sino el estudiante de la Universidad de La Laguna o el trabajador que depende estrictamente de los horarios de las guaguas para llegar a su puesto y ganarse el sueldo.

Al impedir la circulación del transporte y generar las primeras retenciones masivas, los convocantes del 11N incurren en una contradicción letal: afirman salir a la calle para exigir soluciones frente a la carestía de la vida y los alquileres, pero su primera medida es asfixiar a quienes intentan producir riqueza. Cada minuto que un canario pasa atrapado en su coche particular o esperando en una dársena bloqueada representa una pérdida de capital humano irrecuperable. La complacencia de las autoridades políticas frente a esta apropiación del espacio público no hace más que alentar un modelo donde la coacción sustituye a la legalidad. ¿Dónde está la garantía del derecho a la libre circulación cuando un grupo coordinado decide paralizar tu ciudad de facto?

El fondo del problema es aún más grave si analizamos la delicada coyuntura del archipiélago. Canarias se enfrenta a un desafío habitacional sin precedentes, agravado precisamente por la inseguridad jurídica y el tope a los precios que aplaude esta misma izquierda, a una crisis logística y a un desbordamiento migratorio estructural en islas como El Hierro. Frente a este panorama, la respuesta de los sindicatos es promover la destrucción de riqueza.

El progreso de los salarios reales y el abaratamiento del coste de vida no se logran paralizando el tráfico ni asaltando la movilidad de los tinerfeños, sino atrayendo inversión, aumentando la productividad marginal del trabajo y permitiendo que el mercado ajuste los precios mediante una mayor oferta. Sin embargo, los incentivos de esta huelga son radicalmente opuestos: buscan visibilidad política mediante el chantaje logístico, alejando a los inversores y encareciendo los costes de transacción. El 11N no ha empezado como una defensa de la clase trabajadora, sino como un secuestro de la economía canaria a manos de quienes confunden el legítimo derecho a la huelga con la potestad de someter a toda una isla.