La transición energética en las islas Canarias da un paso decisivo desde el tejido empresarial. El grupo Satocan y la compañía energética DISA han cerrado una alianza para construir y gestionar la primera hidrogenera del Puerto de Las Palmas. Este movimiento corporativo sitúa al recinto grancanario en la vanguardia del suministro de combustibles alternativos, una necesidad ineludible para mantener la competitividad del archipiélago en el tráfico marítimo internacional y en la logística terrestre.
El consejo de administración de la Autoridad Portuaria tiene previsto tramitar este mismo jueves la concesión de dominio público a favor de Atlántico Gas Natural. Esta sociedad asumirá el control de una parcela estratégica de casi cuatro mil metros cuadrados, operada hasta ahora por la multinacional BP. El espacio albergará una infraestructura vital diseñada para el suministro de nuevas energías orientadas al transporte pesado industrial.
El origen de este acuerdo refleja la agilidad del sector privado para sortear obstáculos administrativos. En un primer momento, ambas corporaciones presentaron solicitudes independientes para explotar servicios de repostaje en el recinto demanial portuario. Esta duplicidad de intereses amenazaba con activar un trámite de competencia de proyectos, un procedimiento burocrático denso que suele estancar las inversiones productivas.
La solución ha sido buscar el mutuo beneficio. Las empresas optaron por coordinar esfuerzos, fusionar sus capacidades y presentar una propuesta unificada. La estructura de Atlántico Gas Natural S.L. refleja hoy este equilibrio operativo. La mercantil ha dejado de ser una sociedad unipersonal controlada en exclusiva por Satocan para transformarse en un vehículo de inversión conjunta.
La presidencia recae en Satocan Energía, representada por Sergio Cabrera Hernández. El consejo de administración incorpora también a José Julio Artiles Moragas, en nombre de la matriz constructora, y a Florencio de la Rosa Camejo, actual consejero delegado de DISA. El capital privado asume así el riesgo financiero de una tecnología incipiente, garantizando la ejecución del proyecto sin cargar el coste sobre los presupuestos públicos.
La elección del enclave atiende a razones de puro dinamismo económico. El puerto grancanario concentra la mayor parte de la actividad industrial de la isla. La nueva planta no solo ofrecerá hidrógeno verde, sino que funcionará como una estación de servicio integral capaz de dispensar también combustibles tradicionales.
El objetivo de mercado apunta directamente al abastecimiento de vehículos industriales. A medio plazo, el hidrógeno está llamado a sustituir a los derivados del petróleo en aquellos sectores donde la electrificación de baterías no resulta eficiente por cuestiones de peso y autonomía de carga. La instalación de esta hidrogenera envía un mensaje de certidumbre a las empresas logísticas que operan en Canarias, que ahora cuentan con la infraestructura necesaria para justificar la renovación de sus flotas.
El impacto económico de esta inversión trasciende las fronteras del muelle. Las grandes operadoras de transporte de pasajeros de Gran Canaria, como Global y Guaguas Municipales, ya evalúan la incorporación de vehículos propulsados por pila de combustible. Tener una planta operativa en la capital facilita la viabilidad financiera y técnica de estos proyectos y abre la puerta a una movilidad terrestre de cero emisiones en la isla.
A esta tracción del mercado se suman otras entidades como Megaturbinas de Arinaga, que busca espacio portuario para escalar usos de nuevas fuentes de energía. La concentración de demanda industrial en torno a la hidrogenera de DISA y Satocan generará economías de escala, abaratando paulatinamente los costes de un vector energético que aún resulta costoso de producir.
El frente marítimo también exige adaptación rápida. El Puerto de Las Palmas sufrió un grave revés competitivo tras el fracaso del proyecto institucional para instalar una planta de gas natural. Esta carencia limitó las opciones de los armadores que buscaban combustibles puente para cumplir con las normativas europeas y esquivar las penalizaciones por emisiones.
Mientras las administraciones buscan alternativas provisionales para almacenar gas en gabarras flotantes, la alianza privada aporta una solución estructural de futuro. La Autoridad Portuaria ya contempla probar la tecnología del hidrógeno en embarcaciones menores, pero será la red privada la que permita el abastecimiento a escala comercial.
Compañías como Balearia demuestran a diario que el sector demanda estas innovaciones. Su buque Mercedes Pinto ya navega en aguas canarias con motores duales, repostando a través de sistemas flotantes. Cuando el hidrógeno termine de madurar en la ingeniería naval, La Luz contará con la infraestructura instalada y preparada para atender a los ferris y buques mercantes.
Para una economía fragmentada y aislada, el coste logístico determina la viabilidad de su tejido productivo. Iniciativas como la de Atlántico Gas Natural demuestran que el capital canario tiene capacidad para liderar la modernización de infraestructuras críticas. Al margen de planificaciones dirigistas, son los acuerdos de mercado los que están construyendo la competitividad futura del transporte en las islas.
