Sin casa, sin coche y sin ahorros, el drama oculto tras el aumento del 7% en los ingresos públicos

El Gobierno de Canarias recaudó 1.038 millones de euros a través del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) durante el primer cuatrimestre de 2026. Esta cifra supone un incremento del 7% respecto al mismo periodo del año anterior, según detalla la reciente Estadística de Recaudación Tributaria publicada por el Istac.

En total, sumando el conjunto de los tributos propios, la Hacienda Canaria ingresó 1.146 millones de euros netos. Esto representa un avance del 6,2% en comparación con los cuatro primeros meses de 2025, evidenciando que el sector público engorda sus cuentas al mismo ritmo que las familias empobrecen.

Este incremento en la recaudación del IGIC tiene una causa directa, la inflación. Al tratarse de un impuesto indirecto que grava el consumo en forma de porcentaje, el encarecimiento generalizado de los bienes y servicios se traduce automáticamente en mayores ingresos para el Estado, sin necesidad de que el Gobierno apruebe una subida explícita de los tipos impositivos.

Cada vez que un ciudadano paga más por su cesta de la compra, por una factura de hostelería o por un servicio básico, la cuota de IGIC que abona es mayor. De esta forma, el alza de los precios actúa como un impuesto silencioso y doble, devalúa el salario real del trabajador y, al mismo tiempo, transfiere una porción mayor de esa riqueza privada hacia las arcas públicas.

Sin embargo, detrás del abultado dato general de recaudación, las estadísticas muestran grietas que anticipan una posible ralentización económica. El Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM) dejó 100 millones de euros, experimentando una caída del 0,3% frente a 2025. Al mismo tiempo, el Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte se desplomó un 9,2%, limitándose a 7 millones de euros.

Estas caídas no son casuales. El descenso en la compra de vehículos y el estancamiento de las importaciones señalan que la capacidad de endeudamiento y gasto de los hogares canarios está llegando a su límite. Las familias priorizan el consumo de primera necesidad, gravado por el IGIC, y paralizan las inversiones a largo plazo.

Al margen de los tributos propios, la Comunidad Autónoma también gestionó 186,5 millones de euros derivados de los impuestos cedidos por el Estado. En este bloque, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) acapara el grueso de la factura con 147,7 millones de euros.

En un contexto de tipos de interés restrictivos y dificultades para acceder al crédito, el elevado coste de este tributo añade una barrera de entrada más para los jóvenes y las familias de clase media que intentan acceder a una vivienda en Canarias, demostrando nuevamente que el peso de la Administración recae directamente sobre el ahorro de los ciudadanos.