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La mesa política priorizó el financiamiento empresario y congeló desregulaciones más resistidas. Qué pasará con las farmacias, las garrafas y otras batallas.
El Gobierno priorizará el envío al Congreso de la reforma del Mercado de Capitales, mientras desmenuza el paquete que preparó Federico Sturzenegger, tras el fracaso de los cambios en la ley de Tierras. Contenido por la mesa política, el Coloso postergará la desregulación de la venta de libros y la apertura del cabotaje a buques y tripulaciones extranjeras.
La mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asumió el control de la agenda legislativa para auditar la viabilidad política de cada medida antes de enviarlas al Congreso.
El traspié oficial con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada aceleró la decisión de buscar mayor consenso.
El primer proyecto que el Gobierno preparó para enviar al Congreso fue la reforma de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales, anunciada por el presidente Javier Milei durante su última cadena nacional. La iniciativa buscó facilitar el acceso de las empresas a fuentes de financiamiento más rápidas y económicas.
La propuesta procuró ampliar los instrumentos disponibles para capitalizar compañías. A las acciones, bonos, fideicomisos y fondos comunes de inversión se sumaron activos digitales, criptomonedas, tokens de bienes reales y pagarés con cláusulas de actualización por índices o unidades de valor, especialmente destinados al financiamiento de pequeñas y medianas empresas.
Los críticos advirtieron que una reducción de las autorizaciones previas de la Comisión Nacional de Valores (CNV) podía dejar más expuestas tanto a las empresas como a los inversores. El proyecto redefinió el papel del organismo y lo orientó hacia criterios de libre competencia y eficiencia del mercado.
Entre las iniciativas que perdieron velocidad quedó la reforma de protección de la actividad librera, que contempló la desregulación del precio único del libro. El proyecto formó parte del paquete sectorial preparado por Sturzenegger, pero quedó sometido al nuevo filtro político que exigió ampliar los consensos antes de avanzar en el Congreso.
También quedó bajo revisión la apertura del cabotaje nacional. El proyecto permitía que buques de bandera extranjera realizaran viajes entre puertos argentinos sin obligación inmediata de contratar tripulación local. Además, excluía de esa categoría algunos transportes de granos entre Entre Ríos y el complejo exportador de Rosario.
El proyecto también establece que solo es obligatorio incorporar un porcentaje de tripulación argentina después de los 90 días de operación en aguas nacionales; si el buque permanece por más de 360 días, estaría obligado a contratar al 75% de la mano de obra local.
El titular del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (Siconara), Mariano Vilar, sostuvo que Sturzenegger buscaba una “apertura indiscriminada del cabotaje con embarcaciones y tripulaciones extranjeras” y afirmó que la reforma beneficiaba a cerealeras como Dreyfus y a las grandes navieras.
Otra reforma proponía modificar la ley de Martilleros y Corredores. Eliminaba la obligación de contar con título universitario y pertenecer a un Colegio de Martilleros para intervenir en operaciones inmobiliarias, realizar tasaciones o emitir informes. También impedía fijar aranceles, comisiones u honorarios mínimos, máximos o sugeridos.
La ley establece que el precio de la comisión es del 6% de la operación de compra y venta, y el 4% del valor del contrato de alquiler. Si prospera el proyecto de Sturzenegger quedaría librado al mercado.
La iniciativa abría además el mercado a plataformas digitales que podían operar en todo el país. La denominada “libertad inmobiliaria” retomó ideas impulsadas por el diputado libertario Alejandro Bongiovanni, director de la Fundación Faro, y por Jorge Casotti, fundador de la plataforma Poptech Pint.
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