Me encargó el Grupo Popular en el Senado que lo posicionara ante una moción socialista de las de “puro buenismo”, inconcreta donde las haya. Versaba sobre la necesidad de apoyar los sistemas de alerta temprana y reducir el riesgo de desastres en Iberoamérica. Presentamos una enmienda que la recondujera al terreno del compromiso verdadero con presupuesto, indicadores y objetivos. Por supuesto no la aceptaron y votamos su texto inicial –su brindis al sol- para no dar al sanchismo un recurso fácil para enturbiar la Cumbre iberoamericana que acogerá Madrid a principios de noviembre.
En un mes, septiembre, en el que –en 1493- iniciaba Cristóbal Colón su segunda expedición a América y cuando –en 1810- se juraron las Cortes de Cádiz en la Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo en la localidad gaditana de San Fernando. Un contexto que habla de Iberoamérica y del parlamentarismo, la democracia que surge para guiar el futuro de los territorios y sus habitantes. Hace sólo tres meses veíamos horrorizados las consecuencias de los terremotos en Venezuela, con miles de víctimas y catastróficas consecuencias económicas. Días después, Colombia también sufrió movimientos sísmicos con cientos de fallecidos. A nivel mundial, Nepal fue noticia trágica, y a nivel español contemplamos las miles de hectáreas arrasadas por los incendios forestales. De ahí que debamos compartir plenamente la importancia de la prevención de desastres naturales, los sistemas de alerta temprana y la cooperación internacional para salvar vidas humanas. Nadie puede estar en contra de mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias ni de fortalecer la resiliencia de las comunidades más vulnerables.
Por eso hay que subrayar la importancia de la futura Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil, ente que se constituirá en la XXX Cumbre. Y no olvidar, cómo también silenciaba la propuesta socialista el papel de entidades como el Comité Iberoamericano para la reducción de desastres naturales, el propio Banco Interamericano de Desarrollo (con herramientas específicas como RiskHub o RiskMonitor para alertas tempranas con IA), la Oficina de Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres –lleva el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030-. Tampoco pueden quedar en el tintero el REDLAC (Grupo Regional sobre Riesgos, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe) o el Cepredenac (centrado en América Central y la República Dominicana)
En este terreno, como en otros, necesitamos más que declaraciones políticas. Estamos en 2026 d.C. (después de Ceuta), tras un ataque sin precedentes a nuestra integridad territorial, y me niego a que ante un desastre o crisis extraordinaria tengamos que asumir como protocolos de actuación frases como “el que quiera ayuda, que la pida” o “pregúntenle a Vivas”. En este escenario debemos llegar a todo aquello en lo que el ministro Albares no ha sido capaz de llegar: desde la pérdida de peso económico de la política iberoamericana frente a la Unión Europea y al Magreb, pasando por la gestión de las crisis diplomáticas en México y Argentina, y terminando con la denuncia de la lentitud en la cooperación, vistos los “pasos de tortuga” en la ejecución del presupuesto –que no ha crecido al ritmo de la inflación- de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El Gobierno y los grupos que lo apoyan –los que quedan- deben descartar la autocomplacencia política. Tienen que asumir responsabilidades, fijar prioridades y ejecutar políticas públicas eficaces. Presupuestos, calendarios, indicadores… Menos poesía y más logística. Este Gobierno sí que es un desastre, y la mejor prevención posible es utilizar, en palabras del presidente Lyndon B. Johnson durante la firma de la Ley de Derecho al Voto de 1965, “el instrumento más poderoso jamás concebido por el hombre para derribar la injusticia”. Ustedes saben perfectamente cuál es. Exacto: la papeleta electoral.
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