Pagando más por menos

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Ningún problema desaparece porque se deje de hablar de él. Más bien ocurre lo contrario: cuanto más tiempo permanecen en el olvido, premeditado o no, pero sin resolverse, mayor es el coste que supone y que, al final, como es habitual, acaban pagando los ciudadanos. El debate sobre la financiación autonómica es uno de esos asuntos que, tras años sobre la mesa, sigue con amplias diferencias incluso para empezar a afrontarlo. No se trata de una concesión política ni de una reivindicación territorial más. Es una exigencia derivada del propio modelo constitucional y una condición indispensable para garantizar la igualdad efectiva de todos los españoles y, por ende, de los valencianos respecto del resto de España.

La reunión mantenida esta semana entre el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca y el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad que ya nadie discute: la Comunitat Valenciana es la autonomía peor financiada de España. Pero lo verdaderamente preocupante no es que el diagnóstico siga siendo el mismo, sino que, después de muchos años de reivindicación, seguimos sin ver la intención del Gobierno de España de afrontar un proceso de solución definitiva.

La infrafinanciación valenciana constituye uno de los mayores fracasos estructurales del Estado autonómico.

No es un agravio coyuntural, ni una reclamación partidista, ni una batalla ideológica. Es una anomalía objetiva, acreditada por informes oficiales, por expertos independientes y por los propios datos del sistema. Una anomalía que ha obligado durante décadas a la Comunitat Valenciana a sostener los mismos servicios públicos que el resto de las autonomías, pero con muchos menos recursos.

La paradoja valenciana resulta difícil de explicar. Somos una comunidad con más de cinco millones de habitantes, una de las principales economías del país, líder en exportaciones, turismo e industria. Sin embargo, recibimos menos financiación por habitante ajustado que la media nacional. Dicho de otra manera: atendemos más necesidades sanitarias, educativas y sociales que otras comunidades, pero con menos dinero.

Las consecuencias de esta situación han sido devastadoras para la Hacienda valenciana. Diversos estudios elaborados por organismos públicos y expertos en financiación autonómica estiman que la infrafinanciación acumulada desde la implantación de los sucesivos modelos ha supuesto para la Comunitat Valenciana un perjuicio superior a los 20.000 millones de euros, que algunas estimaciones elevan por encima de los 30.000 millones al contabilizar los efectos acumulados durante las dos últimas décadas.

Esa cifra puede ayudarnos a comprender una realidad frecuentemente distorsionada en el debate público. La deuda valenciana no nace de un exceso de gasto. Nace, en gran medida, de una insuficiencia de ingresos. La Comunitat no debe más porque haya vivido por encima de sus posibilidades, sino porque, durante demasiado tiempo, ha recibido ingresos por debajo de sus necesidades.

La infrafinanciación no es un concepto técnico reservado a especialistas. Tiene consecuencias concretas sobre la vida de los ciudadanos. Significa menos capacidad para construir centros de salud, modernizar hospitales, ampliar infraestructuras educativas, reforzar los servicios de dependencia o impulsar inversiones estratégicas. Significa que cada euro que falta en financiación termina reapareciendo en forma de deuda, de inversiones aplazadas o de menores márgenes para mejorar los servicios públicos.

Lo más llamativo es que esta reivindicación ha logrado algo excepcional en la política valenciana: unir a prácticamente toda la sociedad. Gobiernos autonómicos del Partido Popular y del PSPV, organizaciones empresariales, sindicatos, universidades, expertos y entidades sociales han denunciado durante años la misma situación. Pero solo hasta que, quien durante años reivindicó esa infrafinanciación, llegó a ser ministro de España, con capacidad para afrontar la resolución del problema, y dejó de considerarlo como preferente.

El actual modelo de financiación debía haberse reformado en 2014. Es cierto que, una situación de crisis económica, como la que vivíamos en aquel momento, era difícil afrontar una negociación de estas características. Pero han pasado ya más de once años desde aquella fecha. Once años de prórrogas, retrasos y promesas incumplidas, en los cuales la desigualdad financiera de los valencianos ha seguido aumentando.

La reunión de esta semana ha evidenciado una realidad incontestable: nadie discute el problema. Pero el reconocimiento del diagnóstico no basta. Lo que los valencianos necesitan son soluciones concretas, plazos verificables y una negociación real, mientras el Gobierno central parece instalado en una estrategia de dilación permanente.

Al mismo tiempo que se negocia bilateralmente cuestiones territoriales con determinadas comunidades autónomas por razones de pura supervivencia parlamentaria, sigue sin abordar una reforma estructural que afecta al conjunto del sistema. La financiación autonómica no puede depender de acuerdos particulares ni de mayorías coyunturales. Debe resolverse desde el marco multilateral que establece nuestro ordenamiento, con transparencia, igualdad y respeto a todos los territorios.

La Comunitat Valenciana no pide privilegios. Precisamente porque ha sufrido las consecuencias de los privilegios ajenos, reclama un sistema donde todos los españoles sean tratados con los mismos criterios. No queremos recibir más que nadie, pero sí lo que nos corresponde.