A mediados de abril, Sánchez concluyó su cuarto viaje a China en cuatro años. Firmó diecinueve acuerdos bilaterales con Pekín y se reforzaron los vínculos diplomáticos. También se suscribieron varios protocolos de exportación de productos españoles hacia el gigante asiático, así como acuerdos para atraer inversión a España y, en reciprocidad, fomentar allí la presencia de nuestras empresas. Estos días hemos conocido que SAIC, dueña de la automovilística MG, se instalará en Galicia.
Justo tras el viaje, la Comisión Europea anunció una serie de medidas, como el bloqueo de financiación para proyectos de renovables que utilicen tecnología china de empresas como Huawei, invocando riesgos de ciberseguridad y dependencia estratégica. Por otra parte, Bruselas mantiene una línea dura con aranceles a los vehículos eléctricos chinos para combatir -se aduce- subsidios estatales injustos de los que serían beneficiarios. Hace muy poco, la UE sancionó a empresas chinas por sus supuestos vínculos con la guerra de Ucrania.
En resumen, mientras Sánchez intenta posicionar a España como puente entre China y la UE, Bruselas acelera la exclusión de tecnología china de las infraestructuras críticas europeas.
Por otra parte, en marzo de 2026, España alcanzó un récord histórico en la compra de gas natural licuado(GNL) a Rusia, lo que convirtió a este país en nuestro tercer proveedor de esta fuente de energía. Paradójicamente, este intenso comercio se produce a pocos meses de que entren en vigor las prohibiciones europeas sobre nuevos contratos de GNL con Moscú, previstas para enero de 2027, en el contexto de la sucesiva escalada de sanciones impuestas al Kremlin.
Así pues, el gobierno español está protagonizando un comportamiento contradictorio. Por un lado, se acerca a China y a los BRIC porque en ello le va parte de su futuro económico, como ocurre con el conjunto de Europa. Por otro, su anclaje a la OTAN y a Bruselas le impone unas servidumbres incompatibles con la búsqueda de una vía propia para garantizar el progreso de este país.
La OTAN es el dogal mediante el cual EE UU mantiene a Europa subordinada a su estrategia de impedir el hundimiento definitivo de su hegemonía global. Las amenazas de Trump contra España y otros países europeos no son más que rabietas de ese narcisista infantilizado que es el presidente norteamericano, contrariado porque los europeos no se han implicado a la hora de hacer el ridículo en Ormuz. Pero la realidad es que EE UU no puede prescindir del llamado ‘vínculo transatlántico’: gracias a él, fluye dinero desde Bruselas hacia Washington debido a la relación comercial desigual impuesta a la UE desde la otra orilla del Atlántico en forma de aranceles, compras de energía y armamento e inversiones comprometidas por la Comisión Europea ante la Administración norteamericana. A este respecto, el Parlamento Europeo acaba de aprobar, con los votos favorables de PP y PSOE y la abstención de Vox, el humillante acuerdo arancelario con EE UU.
Además, la presencia militar estadounidense en Europa va a continuar por las mismas razones de exigencia imperial. Y en el ámbito militar lo vemos claramente en la guerra de Ucrania: Trump no se ha desentendido en absoluto del apoyo a Zelenski. Lo que ha ocurrido es que ese respaldo se ha externalizado: serán los europeos quienes asuman el coste económico del mantenimiento de la guerra y del sostenimiento del régimen ucraniano, cada vez más debilitado y cuestionado.
Todo esto le cuesta a Europa mucho dinero, porque exige unos gastos de rearme para mantener a Kiev y sostener la tensión con Rusia que están vaciando las arcas comunitarias y erosionando el Estado del Bienestar. Alemania es el paradigma de ello: su gobierno ha anunciado el objetivo de alcanzar un presupuesto de Defensa que pone los pelos de punta tratándose del país que desencadenó dos guerras mundiales y parió el nazismo. España, aunque jugando en otra liga, tampoco se queda atrás: nuestro gasto militar ascendió en 2025 a más de 40.000 millones de euros, el 2,48% del PIB, según datos recabados por el Centro Delás.
Y por lo que respecta a la propia dinámica interna de la UE, las perspectivas no son alentadoras. El gasto social comunitario se reduce en favor del destinado al rearme: en estos momentos se gestiona un préstamo de 90.000 millones de euros -que acabará convirtiéndose en una donación- para que Zelenski prosiga la guerra en Ucrania. Y eso saldrá del bolsillo de todos los europeos, que recibirán menos fondos de cohesión y menos ayudas de la PAC. Si tenemos en cuenta que España es ya un país contribuyente neto de la UE, es decir, que aporta más al presupuesto comunitario de lo que recibe, la conclusión es evidente: pertenecer a la UE y a la OTAN supone una sangría para nuestra economía y un obstáculo para establecer relaciones comerciales y económicas con aquellas zonas emergentes del planeta que, en lugar de succionar nuestros recursos, como hace EE UU, nos proporcionan energía barata, inversiones y mercados para nuestros productos.
Pero no sólo es el bolsillo lo que se resiente de nuestra actual pertenencia a la OTAN y a la UE. También lo hacen los valores sobre los que presuntamente se fundó el bloque comunitario. La idea de la paz se arrincona día tras día en favor de un discurso militarista y belicista que pretende justificarse en una supuesta amenaza rusa que resulta manifiestamente inverosímil: se alimenta el miedo para favorecer los intereses del complejo militar industrial.
Y, por si fuera poco, también se deteriora el compromiso europeo con los derechos humanos: la UE ha puesto en marcha su nuevo pacto migratorio, que contempla redadas y deportaciones -al más puro estilo de un ICE europeo- de familias enteras hacia terceros países. Salta por los aires la imagen humanista que Europa pretende proyectar.
Europa difícilmente podrá conciliar el sueño. Los problemas de conciencia y los económicos, ambos derivados de su adscripción al lado equivocado de la historia, amenazan con atormentar sus noches. Quizá haya llegado el momento de abandonar ciertos clubs siniestros.
