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Ocho camiones ardieron a casusa del incendio provocado a finales del mes de marzo en el CTLB. | FIRMA
La investigación abierta tras el incendio que a finales de marzo destruyó siete vehículos pesados y dañó parcialmente un octavo en el Centro de Transportes y Logística de Benavente (CTLB) ha concluido con la detención del presunto autor material de los hechos y del supuesto inductor del ataque, un empresario del sector del transporte en la ciudad que, según las diligencias practicadas por la Guardia Civil, habría ordenado a uno de sus trabajadores prender fuego a los vehículos de una empresa competidora a cambio de una compensación económica.
La operación supone el esclarecimiento de un suceso que causó una gran alarma en el ámbito empresarial y logístico de Benavente. El incendio se declaró de madrugada en la zona logística del CTLB y, en un primer momento, afectó a varios camiones estacionados en las instalaciones de una empresa de transporte. Los servicios de emergencia movilizados comprobaron entonces que seis vehículos habían quedado completamente calcinados, mientras otros dos presentaban daños por la intensa radiación térmica generada por las llamas. No se registraron heridos.
La posterior investigación desarrollada por la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Benavente de forma tenaz permitió determinar que los hechos no se limitaron a los daños observados inicialmente. El trabajador ahora detenido llegó a incendiar un total de ocho camiones. Siete de los vehículos pertenecían a la empresa de transporte que resultó principalmente perjudicada, mientras que un octavo camión, propiedad de otra mercantil diferente, sufrió daños de menor consideración como consecuencia de la acción delictiva y pudo circular con posterioridad.
El principal elemento que permitió avanzar decisivamente en el esclarecimiento del caso fue la declaración del presunto autor material. El trabajador, residente en Benavente, reconoció su participación en los hechos y explicó ante los investigadores la forma en que ejecutó el incendio a cambio, presuntamente de una recompensa económica de 1.500 euros por vehículo calcinado. Según las diligencias, detalló de manera exhaustiva el procedimiento empleado para llevar a cabo la quema de los vehículos y señaló que actuó siguiendo instrucciones de su jefe.
La confesión obtenida por los agentes reforzó la línea de investigación que la Guardia Civil había mantenido prácticamente desde el inicio del caso. Los investigadores llevaban semanas centrando sus pesquisas sobre el ahora detenido y continuaron recabando indicios hasta lograr esclarecer completamente la secuencia de los hechos y el supuesto móvil de la acción.
El segundo detenido, el empresario identificado por los investigadores como el presunto inductor del incendio, ha negado durante su declaración haber ordenado la quema de los camiones. No obstante, la Guardia Civil considera que existen indicios suficientes para atribuirle una participación relevante en la planificación de los hechos, motivo por el que fue igualmente puesto a disposición judicial junto al autor material.El autor material ha sido acusado de un presunto delito de daños. El empresario, de inducción al delito con los presuntos agravantes de usar fuego, a cambio de recompensa económica y causar grave quebranto económico.
Los daños ocasionados por el incendio superan los 200.000 euros, según las primeras valoraciones realizadas tras el siniestro. A esta cantidad habría que añadir el denominado lucro cesante, esto es, el perjuicio económico derivado de la paralización parcial de la actividad de la empresa más afectada, que tuvo que reorganizar su operativa tras la pérdida de gran parte de los vehículos afectados por el fuego. Entre las consecuencias posteriores se encuentra también la adopción de medidas laborales de carácter temporal por parte de la mercantil perjudicada a través de un ERTE.
La causa permanece ahora en sede judicial. Tras pasar a disposición del Tribunal de Instancia de Benavente, tanto el presunto autor material como el supuesto inductor quedaron en libertad con medidas cautelares, entre ellas la obligación de comparecer ante la jueza responsable del procedimiento el primer día de cada mes mientras continúan las actuaciones. n
