La Corte Suprema de Estados Unidos atraviesa la recta final de su período judicial con varios casos pendientes de alto impacto, entre ellos el relacionado con la orden ejecutiva de Donald Trump que busca limitar la ciudadanía por nacimiento. El tribunal podría anunciar nuevas opiniones el jueves 25 de junio, aunque no anticipa de antemano qué expedientes resolverá ese día.
El caso forma parte de una serie de decisiones pendientes sobre el alcance del poder presidencial y la política migratoria. Según Reuters, la Corte todavía debe pronunciarse sobre disputas vinculadas con la ciudadanía por nacimiento, la remoción de funcionarios de agencias independientes y la finalización de ciertas protecciones contra la deportación.
De acuerdo con los tiempos de la justicia, se espera que los magistrados se pronuncien sobre la ciudadanía por nacimiento el jueves. .
En lo que va del segundo mandato de la administración Trump, los jueces de la Corte permitieron aplicar varias de sus políticas. “Cada vez hay más gente que piensa que el tribunal es simplemente un instrumento de Trump”, expresó al respecto Stephen Wermiel, profesor de derecho en la American University, en diálogo con Wall Street Journal.
Luego, agregó que este momento es clave para “dejar claro que siguen interpretando la Constitución a su manera y no se limitan a seguir las directrices del presidente”. Pese a estas afirmaciones, los magistrados también prohibieron al mandatario avanzar con varias de sus medidas.
A principios de este año, el presidente sufrió un revés cuando el Tribunal Supremo bloqueó los aranceles adicionales a las importaciones de distintos países. Previamente, en diciembre del 2025, impidió que Trump enviara la Guardia Nacional a Chicago.
La medida impulsada por Trump instruye a las agencias federales a no reconocer automáticamente la ciudadanía estadounidense de los bebés nacidos en territorio nacional cuando ninguno de sus padres es ciudadano estadounidense ni residente permanente legal.
En el documento, publicado en su sitio web oficial, la Casa Blanca aseguró que el objetivo es excluir a quienes “no están sujetos a la jurisdicción”.
De esta manera, se reinterpreta el artículo al asegurar que estas palabras requieren una “lealtad primaria” o “domicilio permanente” de los padres del recién nacido. La medida busca dejar de emitir la ciudadanía a las personas nacidas en las siguientes circunstancias, entre otros casos:
De acuerdo con USA Today, la iniciativa enfrenta obstáculos jurídicos y existen distintos caminos para que la Corte Suprema la invalide.
Uno de los principales problemas consiste en que expertos aseguran que la orden ejecutiva contradice la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Esta sección garantiza la ciudadanía a “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción”.
Por otro lado, los jueces podrían adoptar una postura más limitada y concluir que la disposición presidencial entra en conflicto con una ley migratoria aprobada en 1952.
Actualmente, la mayoría de naciones que otorgan la ciudadanía a cualquier persona nacida en el territorio se encuentran en América (Argentina, Canadá, México, Brasil, Chile y Uruguay, entre otros).
En el extremo contrario, gran parte de los países europeos, como Italia, Alemania o Suiza, otorgan la ciudadanía por sangre (ius sanguinis). Esto significa que el documento se adquiere por la nacionalidad de los padres, independientemente del lugar de nacimiento.
Además de la ciudadanía por nacimiento, el máximo tribunal todavía debe pronunciarse sobre una serie de expedientes considerados de alto impacto político, social y económico, entre los que figuran:
