Los tlaxcaltecas salieron a marchar para defender la soberanía nacional. La noticia resulta emotiva porque no todos los días se ve a miles de personas dispuestas a defender conceptos del siglo XIX, sino porque lo hacen desde un estado cuya soberanía es administrada por otros desde hace varios siglos.
En teoría se vive en una república federal. En la vida real, México se parece a esas familias donde los hijos ya tienen su casa, coche y hasta credencial para votar, pero todavía van con la mamá cuando necesitan dinero para pagar la luz. Los estados pueden ser libres y soberanos, pero Hacienda tiene que estar de acuerdo.
Tlaxcala conoce bien el asunto. Después de la Independencia libra una batalla política para no desaparecer absorbida por Puebla. La creación de esa ciudad y su consolidación como centro económico regional convierte a Tlaxcala en una especie de vecino incómodo: suficientemente cerca para depender de ella, pero demasiado orgullosa para admitirlo.
Todavía hoy buena parte de la vida económica, educativa, comercial y hospitalaria del estado mantiene una relación de dependencia con Puebla. Miles de tlaxcaltecas estudian, trabajan, compran o se atienden médicamente fuera de su territorio. No es una invasión militar; es algo mucho más eficiente: una costumbre.
La situación cambia cuando se miran las finanzas públicas. De cada peso que ejerce el gobierno estatal, más de 90 centavos provienen de transferencias federales. Dicho de otro modo, la soberanía local se ejerce con dinero ajeno.
Por eso la marcha hace que muchos se pregunten: si todos quieren defender la soberanía, ¿hay que separarse de la Federación? Porque resulta complicado declarar la autonomía mientras se espera, cada mes, que llegue la transferencia desde la capital del país.
Una vez lograda la independencia de la Federación, lo que sigue es revisar cómo está el capital extranjero en Tlaxcala. La propuesta es simple. Si la patria corre peligro por causas de otros países, lo lógico es buscar a los extranjeros que están en la economía local y pedirles que se vayan.
En los últimos años, una gran parte de la inversión extranjera en Tlaxcala viene de Estados Unidos, sobre todo empresas del sector automotriz, metalmecánico, químico y manufacturero. Algunas empresas participan de forma directa y otras de forma indirecta. Muchos trabajos dependen de cadenas de producción que tienen su control muy lejos, en lugares donde casi nadie conoce o puede pronunciar el nombre de Huamantla.
La situación cambia cuando llegan los polos de desarrollo. Se afirma que estas opciones ayudaran a traer dinero, mejorar la competencia y crear trabajos nuevos. La población recibe la noticia con alegría. Al final, nadie quiere perder la oportunidad de que llegue un inversionista y que ese inversionista pague impuestos.
Aquí surge una duda incómoda. Si la soberanía significa que los extranjeros no se metan en las decisiones internas, ¿qué pasa con los parques industriales que se construyen para que vengan esas empresas extranjeras? ¿Se convierten en museos de la independencia económica? ¿Los transformaran en centros de capacitación para producir microchips con recursos estrictamente locales?
La paradoja es clara. Durante años, los gobiernos de cada estado atraen inversión de otros países. Entregan la infraestructura, los incentivos, las facilidades administrativas y la mano de obra. Ahora descubren que el extranjero es una amenaza para la soberanía, pero únicamente después de haberlo invitado a pasar, ofrecerle asiento y preguntarle si desea otra taza de café.
Después de resolver el tema con los inversionistas extranjeros, queda otro problema para la defensa de la soberanía: Las remesas. Durante muchos años, los tlaxcaltecas usan una estrategia económica que funciona muy bien. Consiste en enviar a un familiar a trabajar a los Estados Unidos, esperar algunos meses y después recibir dólares con los cuales se pagan alimentos, colegiaturas, medicinas, materiales de construcción, fiestas patronales y, en ocasiones, hasta campañas políticas.
La lógica soberanista hace que se tengan que hacer preguntas difíciles. Si la influencia extranjera pone en peligro la independencia del país, entonces hay que decidir qué hacer con el dinero que cada mes llega de Chicago, Nueva York, Los Ángeles o Dallas.
La respuesta coherente parecería ser el rechazo absoluto. Después de todo, resulta contradictorio denunciar la dependencia del exterior mientras se espera la notificación bancaria con la llegada de varios cientos de dólares enviados por un primo, un hermano o un hijo que trabaja al otro lado de la frontera.
La medida tiene consecuencias interesantes. Hay que explicarles a miles de familias que los recursos con los que completan sus ingresos constituyen una forma de intervención económica extranjera.
