Las recientes revelaciones han destapado una de las extorsiones coloniales más descaradas del siglo XXI. Voceros nacionales reconocen que Estados Unidos se queda con unos 4700 millones de dólares de los ingresos petroleros como "costo" de la movilización militar que culminó con el ataque del 3 de enero. La cifra equivale a cerca del 32 % de la facturación petrolera del primer semestre de 2026. El dato desnuda hasta qué punto la clase capitalista venezolana, que naturaliza esta situación, está lejos de defender, siquiera mínimamente, la soberanía nacional ante la dominación imperialista.
Milton D’León
Caracas / @MiltonDLeon
Hay cifras que condensan una relación de dominación, y otras que funcionan directamente como una radiografía del vasallaje. La revelación de Luigi Pisella, integrante de la Comisión Especial para la Evaluación y Clasificación de Activos Públicos y representante de la patronal Conindustria, es de estas últimas. Según explicó públicamente, Venezuela habría facturado unos 14 500 millones de dólares por sus exportaciones petroleras durante el primer semestre de 2026, pero aproximadamente 4700 millones de ese monto no ingresaron al país debido al "costo" asociado a la movilización militar estadounidense contra Venezuela.
Pisella sostuvo además que Donald Trump habría dicho que ese gasto fue pagado con petróleo, en un volumen estimado de entre 40 y 60 millones de barriles. Efectivamente, Trump ha reconocido este saqueo con cinismo, jactándose de haber "recuperado la inversión de la guerra" con la venta de petróleo venezolano y alardeando de una "rentabilidad" 28 veces superior al costo de la operación militar.
Dicho de manera más directa: Estados Unidos hace un gran despliegue en aguas del Caribe para atacar al país, bombardea, secuestra a un presidente y se lleva el petróleo venezolano para cobrarse los gastos de la propia operación militar con la que sometió a Venezuela. Son miles de millones de dólares provenientes de la principal fuente de ingresos del país que, según el propio funcionario vinculado a la administración estatal, no llegan a las arcas nacionales. La dimensión de la cifra es brutal: los 4700 millones de dólares representan aproximadamente el 32,4 % de la facturación petrolera venezolana del primer semestre.
El economista Francisco Rodríguez, a quien no se le puede acusar de ser de izquierda y sus credenciales tampoco la clase dominante las pone en duda, colocó la cifra en una perspectiva histórica que permite comprender mejor la magnitud del atropello. Entre 1924 y 1931, Alemania destinó alrededor del 13 % de sus exportaciones al pago de reparaciones a las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial. Lo que Estados Unidos se estaría apropiando de las exportaciones petroleras venezolanas más que duplica ese porcentaje.
Es importante destacar que las reparaciones alemanas fueron establecidas en el marco de los acuerdos posteriores a la Primera Guerra Mundial, mientras que el mecanismo que impone Trump ahora en Venezuela responde a una relación de fuerza imperialista y a la apropiación de ingresos petroleros después de una operación militar estadounidense. Sobre este tema de Alemania hay mucha documentación de acceso público, pero su desarrollo excede el alcance de esta nota. Lo clave aquí es ver la brutal diferencia.
Venezuela, en pleno siglo XXI, después de una intervención militar estadounidense, aparece sometida a una lógica por la cual debe pagar los costos de la operación de la potencia imperialista agresora mediante su principal fuente de riqueza.
Y hay una diferencia que debería resultar repugnante: aquellas reparaciones alemanas fueron impuestas formalmente mediante un sistema internacional surgido de una guerra entre Estados. Lo que estamos viendo ahora con Venezuela es la expresión desnuda de una relación imperialista en la que la fuerza militar permite a una potencia disponer de los recursos de otro país. Un verdadero tributo colonial, una nueva y miserable forma de reparaciones coloniales.
Si el Tratado de Versalles quedó históricamente asociado a la imposición de condiciones humillantes sobre la Alemania derrotada, ¿cómo debe calificarse una situación en la que una potencia imperialista ataca y bombardea a un país, impone su dominio de protectorado y posteriormente se cobra de sus exportaciones el supuesto costo de la propia operación militar? Hoy Venezuela aparece sometida a una ecuación todavía más brutal: una potencia extranjera se arroga el derecho de disponer de una porción gigantesca de la renta petrolera del país para recuperar los costos de su propia maquinaria militar. Eso tiene un nombre: saqueo imperialista.
Hay otro aspecto de las declaraciones de Pisella que no puede pasar inadvertido. Habló de dinero que debía ingresar y que "no ha entrado". Después de ese descuento de los 4700 millones y de otros ajustes por cobros compulsivos de transnacionales (los compromisos de Chevron, que representan el 27 % de las exportaciones), Pisella estimó en unos 7000 millones de dólares los recursos netos que debieron ingresar al país.
Es decir, mientras trabajadores, jubilados y amplios sectores populares sobreviven con ingresos miserables, mientras los servicios públicos continúan siendo una calamidad y el país necesita recursos para reconstruir su infraestructura, además de los miles de millones de dólares de la renta petrolera sustraídos para pagar la maquinaria militar de la potencia que sometió al país, existen otros miles de millones que también se ha quedado Estados Unidos.
Lo verdaderamente repugnante de este escenario no es solo el apetito rapaz del imperialismo yanqui, sino el rol servil de la burguesía venezolana como clase. Lejos de denunciar un saqueo colonial de proporciones históricas, la clase dominante —a través de sus voceros empresariales como Pisella y en perfecta consonancia con el gobierno de Delcy Rodríguez— reacciona con absoluta normalidad y resignación patriarcal. Tratan la pérdida de un tercio de la riqueza nacional como si fuera un simple "costo operativo" o un ajuste técnico de facturación comercial.
Esto pone al desnudo un problema mucho más profundo: la burguesía venezolana, como clase, carece de cualquier proyecto nacional, llegando a niveles brutales de aceptación del vasallaje. Ya no se trata solo del colaboracionista gobierno que encabeza Delcy Rodríguez, sino de la clase capitalista venezolana en su conjunto, que naturaliza y normaliza esta situación. Ni siquiera exige que Estados Unidos devuelva los recursos apropiados. Por el contrario, ha asumido la subordinación como horizonte. Esto desnuda la verdadera naturaleza de esa clase social.
La burguesía venezolana vuelve a ratificar su nulo carácter nacional y su histórica condición de clase parásita y cipaya. Ante el atropello imperial, la patronal prefiere cuadrarse con el opresor para garantizar sus tajadas marginales de mercado, antes que defender la soberanía del país o los recursos que pertenecen al pueblo trabajador. Y cuando la burguesía venezolana acepta esta situación como parte de la "normalización" económica, queda demostrado que el problema no es solamente quién ocupa Miraflores, sino la clase social que dirige la economía, aceptando como natural esa relación colonial de subordinación.