Ofensivo plan de reformas para la consumación de la restauración capitalista en Cuba

La amplitud y profundidad de las 176 medidas —abarcando todos los sectores de la economía y planteando la apertura casi total al capital privado local y extranjero en áreas antes de monopolio estatal—, proyectan la imagen de una política de shock para atraer inversiones extranjeras, desarrollar el capital privado local, reducir drásticamente el papel del Estado en todo el aparato productivo, financiero y de servicios, y descargar un nuevo golpe sobre los trabajadores y el pueblo con despidos e inflación.

El proyecto tuvo un tratamiento exprés. Desde el anuncio que hiciera el presidente Miguel Díaz-Canel el 12 de junio, en apenas 7 días, con el aval expreso de Raúl Castro, de la mayor parte de la cúpula del Partido Comunista y con la aprobación por unanimidad del parlamento, que “discutió” las medidas en solo un día, el gobierno cubano abrió la puerta a la mayor transformación económica desde 1959/1961. El texto con las 176 medidas fue finalmente publicado el pasado miércoles 24 de junio en los medios oficiales, aquí tomamos algunas de las cuestiones nodales del mismo.

En el texto difundido, y como adelantamos en un artículo anterior, una de las reformas más destacadas es en el sistema financiero, al que por primera vez se permitirá el acceso del sector privado nacional y extranjero, además de institucionalizar y ampliar el uso de criptomonedas (una de las herramientas más importante de los capitales especulativos). También por primera vez, podrán ingresar remesas sin intermediarios estatales. Es decir que por primera vez podrá haber bancos y financieras privadas que realicen en forma directa este tipo de operaciones como el envío de remesas y apertura de cuentas bancarias en bancos no estatales.

Desde la nacionalización de la banca en 1960, no hubo participación privada ni local ni extranjera. Durante las reformas aperturistas de los años 90, se permitió la asociación de algunos bancos extranjeros bajo la modalidad de empresas mixtas con bancos estatales (como el caso de la Corporación Financiera Habana, S.A. entre el Casa Madrid y el Popular de Ahorro), pero estaban limitados al financiamiento de empresas estatales y a facilitar las inversiones extranjeras. No podían captar depósitos de la población, dar créditos personales y otros negocios habituales de un banco tradicional. Los posteriores procesos de reformas, los Lineamientos de 2011 y la Conceptualización del Modelo de 2016, fueron todavía más “conservadores” en este aspecto, sin modificar el monopolio estatal del sistema financiero, solo habilitaron al sector privado (en ese momento cuentapropista) a tomar créditos de los bancos estatales.

El último proceso grande de reformas pro mercado, iniciado con la Tarea Ordenamiento en 2021 y reformas posteriores, aplicó la digitalización casi total del sistema debido a la falta de efectivo, la apertura de un mercado cambiario y el uso de criptomonedas, pero sin cambiar lo esencial del sistema que era el monopolio estatal.

En cuanto a las remesas, una de las principales entradas de divisas al país, la intermediación estatal era clave para el financiamiento de la economía, tanto de manera directa vía impuestos y comisiones, como de manera indirecta a través de distintos mecanismos: estar sujetos los receptores a utilizar el dinero en tiendas estatales mediante tarjeta, controlar el retiro de efectivo en dólares (tiendas CADECA de GAESA) o en pesos (BANDEC, BPA y Metropolitano), por retrasos en las acreditaciones, etc. Hay que decir acá que la principal beneficiada era GAESA, el holding empresarial que controla la cúpula de las FAR, es decir sectores de la propia burocracia gobernante, a través de Fincimex y Orbit SA., que tienen el monopolio para operar con agencias extranjeras (Western Union, etc.).

Otra reforma clave es en el sector empresarial privado local. Una misma persona podrá ser propietaria de más de una empresa privada o tener participación en otras empresas, y las llamadas mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) podrán contratar a más de 100 trabajadores (eliminando ese límite actual, a partir del cual pasarían a categorizarse como “empresa privada”). Además, se introduce la negociación de los sistemas salariales por empresa, y la ampliación de las actividades comerciales más allá de la que haya sido autorizada. De esta manera, el gobierno daría lugar por primera vez en más de 60 años a la formación de grandes empresas privadas, profundizando la transformación del sistema de propiedad. Es uno de los elementos que convierten a este paquete de medidas, de ser finalmente aplicadas, en un salto cualitativo en el proceso de restauración capitalista.

Durante las reformas pro mercado del Período Especial de mediados de los 90, se permitieron pequeños negocios privados como los famosos “paladares”, casas de alquiler y taxis (los pintorescos “almendrones”) para el turismo, a la vez que la participación mediante empresas mixtas de grandes capitales extranjeros (los mismos que hoy han tenido que irse, como la Sherrit, Meliá, Iberostar entre otros, debido a las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump, y que todo indica que serán reemplazadas por capitales estadounidenses). Con los Lineamientos y la Conceptualización, se reconoció como actor económico al sector privado (aunque la propiedad capitalista recién se introdujo en la Constitución de 2019), y se lo impulsó de diversas maneras: creando por primera vez cooperativas no agropecuarias, ampliando la cantidad de actividades en las que podían actuar, permitiéndoles contratar unos pocos empleados, dándoles créditos estatales, o estableciendo relaciones comerciales con entidades estatales. La introducción de las Mipymes a mediados de 2021 significó otro salto en el desarrollo del sector privado. Pero se seguía impidiendo la concentración y acumulación de capital en grandes empresas.

Otro capítulo clave del paquete es el fin del monopolio del comercio exterior, otro de los pilares clave del estado surgido de la revolución mediante el cual controlaba las importaciones y exportaciones. Desde hace unos años se había descentralizado en una decena de empresas estatales a través de las cuales luego se permitió que las mipymes pudieran comerciar con el exterior. Ahora, el comercio quedaría abierto a cualquier empresa nacional o extranjera que simplemente deberá pagar impuestos y pasar controles como en cualquier país capitalista, a excepción de productos o servicios que el gobierno considere en una “lista negativa” que aún no fue publicada.

En cuanto al capital extranjero, se amplía su participación a casi todos los sectores de la economía, bancario, agropecuario, (además del turismo y minería donde ya participaban), y se permiten empresas de 100% capital privado extranjero. Además, se habilitan las asociaciones con empresas privadas nacionales (mipymes). Esto sería otro cambio fundamental para el estado cubano que hasta ahora limitaba la participación de capitales extranjeros mediante empresas mixtas con empresas estatales (una de las principales reformas aplicadas por Fidel Castro en los años 90). También estaban limitadas a ciertos rubros de la economía como el turismo y la minería, y no podían asociarse al sector privado local (aunque sí comprarle productos o contratar servicios).

Esta reforma que abre la economía al capital extranjero, está íntimamente relacionada con la transformación “de la empresa estatal socialista en una sociedad mercantil por acciones o por participación”, lo que significaría un salto de calidad en el desmonte de lo que queda de la economía nacionalizada, que fue pilar del estado obrero surgido de la revolución de 1959, y permitiría una privatización total o parcial de las mismas por capitales privados tanto locales como extranjeros. También se distingue expresamente entre “propiedad” y “gestión”, permitiendo la sesión de empresas públicas a la gestión privada, otra forma de privatización en los hechos.

Por otro lado, la reforma implica un salto histórico en la descentralización del Estado delegando potestades del gobierno nacional en los gobiernos provinciales y sobre todo los municipales, pasando a su órbita la autorización de inversiones extranjeras para proyectos locales, la gestión del comercio exterior, la aprobación licencias a empresas privadas, y la extinción, reestructuración o fusión de empresas estatales locales entre sí o con otras del sector privado. Gran parte de estas medidas ya estaban en el decreto 140/2025 (que entró en vigor en marzo de 2026), pero ahora se profundizarían. La autonomía para la creación, fusión, reestructuración o extinción de empresas, también se le otorga por primera vez a las OSDE Organización Superior de Dirección Empresarial (creadas con los Lineamientos económicos en 2011 para separar las funciones administrativas de las comerciales), que dependen directamente de los ministerios.

Aunque formalmente se mantiene la planificación de un sector de la economía, se introduce el sector privado tanto local como extranjero, se termina la asignación estatal de recursos (así como los aportes de las empresas al Estado que pasa a cobrar impuestos) y se la reemplaza por la autofinanciación mediante mecanismos de mercado. Es decir que en los hechos la planificación desaparece, a través de la descentralización y la desfinanciación.

Como acostumbra la burocracia gobernante, todas estas reformas van acompañadas de un duro ajuste a los trabajadores. En primer lugar, se van a “redimensionar” la Administración Central del Estado y las entidades presupuestadas a nivel nacional, provincial y municipal, es decir despidos en toda la administración y empresas públicas. Ya no será necesaria la aprobación de despidos del Ministerio de Trabajo como funcionaba hasta ahora, sino que lo decidirá cada empresa de forma autónoma. Habrá una indemnización máxima de hasta 6 salarios tanto en el sector estatal como privado, y de solo 1 salario para empleados de cuentapropistas. En la situación actual de profunda crisis económica (entre 2020 y 2025 el PBI cayó 15% y para 2026 se calcula que a raíz del bloqueo habrá una nueva y fuerte caída de entre el 6,5% y hasta el 15% según la fuente) una medida como esta, de por sí reaccionaria, podría tener consecuencias brutales con decenas y hasta cientos de miles de nuevos desocupados.

En segundo lugar, se anuncia la eliminación de subsidios a productos y servicios y se los reemplaza por subsidios a personas “que realmente lo necesiten”. Así mismo, se eliminarían los topes de precios a productos básicos como alimentos, productos de higiene, etc., “liberando” al mercado, la oferta y demanda. Todo esto augura un nuevo golpe inflacionario más allá de la inflación actual que se viene acelerando producto, entre otros factores, del encarecimiento brutal de los combustibles debido al bloqueo yanqui, y de la devaluación del peso frente al dólar y el hecho de que la mayor parte del consumo popular ya se realiza en negocios privados y estos importan casi el 100% de lo que venden, por lo que trasladan automáticamente la devaluación del peso a los precios.