El Congreso vota la moción del PP para que el Gobierno aclare la «cadena de mando» tras la crisis de Ceuta

El Pleno del Congreso votará este miércoles una moción del PP en la que se insta al Ejecutivo a aclarar qué hizo el Gobierno central y la delegación del Gobierno en Ceuta tras los avisos de los servicios de inteligencia sobre la llamada a una entrada masiva en Ceuta la víspera de la que tuvo lugar el pasado 30 de julio en la ciudad autónoma y que concrete qué decisiones se tomaron y cuál fue la «cadena de mando».

Se trata de una moción consecuencia de la interpelación que el diputado Carlos Rojas dirigió en la última sesión a la ministra de Defensa, Margarita Robles. En aquel debate, el PP pidió la dimisión de Robles, pero finalmente no ha utilizado la moción para censurar su actuación mediante una reprobación.

Rojas también insinuó que hubo «una llamada de Moncloa» que retrasó el envío del Ejército a Ceuta una vez que se había producido la entrada de inmigrantes, pero la ministra lo negó.

En este contexto, los 'populares' intentarán que la Cámara exija Gobierno que informe «con claridad de todas las alertas recibidas que anticipaban el asalto a la frontera de España con Marruecos», especificando a qué autoridades se les entregó y qué decisiones se tomaron en consecuencia y qué órdenes expresas se dieron.

Su objetivo es que detalle «la cadena de mando entre los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración General del Estado que dieron, recibieron o trasmitieron dichas órdenes, tanto de la organización central como de la organización territorial», decir de los ministerios y también de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

El debate se producirá dos días después de la dimisión del hasta ahora delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, quien se despidió asegurando que semanas antes del 30 de julio emitieron informes y comunicaciones diarias y pidieron medidas y refuerzos en la frontera.

El 11 de septiembre ya había dimitido quien era su jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, quien recibió mensajes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a través deWhastAppp y mantuvo una conversación telefónica de unos once minutos con uno de sus agentes el 29 de julio. Tras la desclasificación de la información que permitió conocer esos contactos de su jefe de Gabinete, Pérez Triano aseguró que los desconocía, lo que su excolaborador rebatió señalando que le había informado «personalmente».

Con su iniciativa, el PP también pretende que el Congreso inste al Gobierno a «cumplir los objetivos de la política de defensa ante la crisis para la Seguridad Nacional declarada en Ceuta», que se dote a las Fuerzas Armadas de todos los medios humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de su misión y que se les reconozca como «agentes de la autoridad» a quienes actúan allí en apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, el PP quiere que el Congreso reconozca la «extraordinaria labor» que están realizando allí los militares «especialmente a aquellos de sus miembros que han tenido que recibir asistencia hospitalaria» y que condene «en los términos más enérgicos, los cruces ilegales masivos a Ceuta desde Marruecos, por tierra y por mar, y la instrumentalización de la migración irregular como herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de España».

Y este miércoles se votará también una moción de Vox, consecuencia de una interpelación al ministro de Política territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que coordina la actuación del Gobierno en Ceuta. En su texto, los de Santiago Abascal demandan una auditoría integral, la expulsión de los extranjeros que han entrado de forma irregular y el rechazo al reparto de los menores migrantes.

En este contexto, Vox apuesta por promover la modificación de la Ley de extrajería, así como de las normas que regulan la actuación policial y de todas aquellas disposiciones normativas que impidan la «devolución inmediata» de quienes entren «ilegalmente» en España.

También urge a realizar una auditoría integral de los costes extraordinarios soportados por las administraciones «como consecuencia directa de la crisis de seguridad iniciada el 30 de julio de 2026 y que fue provocada por el acto de agresión del que es responsable Marruecos».

En cuanto a los menores migrantes no acompañados, propone el retorno de los mismos al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, de acuerdo con el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos. Además, solicita la paralización de cualquier reparto o traslado a la Península.

Respecto a Marruecos, la formación liderada por Abascal vuelve a plantear la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación y exige la cooperación «de forma activa, efectiva y expeditiva» de este país en la readmisión de cualesquiera nacionales marroquíes cuyo retorno, devolución o expulsión de España sean acordados por autoridades españolas, administrativas o judiciales.

Del mismo modo, aboga por exigir a Marruecos que acepte,« sin excepción ni excusa formal ni material», todos los retornos, devoluciones y expulsiones del territorio español, de cualquier persona de nacionalidad marroquí, mayor o menor de edad, adoptado administrativa o judicialmente, habilitando de forma inmediata los medios y logística precisos para su entrega y recepción.