Política

De las 150 medidas acordadas en la Junta, 33 están asignadas al sector primario andaluz

En primer término, los consejeros almerienses María del Carmen Castillo y Ramón Fernández-Pacheco.José Antonio Ramos.

El Partido Popular seguirá gestionando las competencias de la Junta de Andalucía en materia de agricultura, pesca, agua y desarrollo rural tras el acuerdo de gobierno alcanzado ayer con Vox para investir de nuevo como presidente a Juanma Moreno.

A pesar de que en los pactos con otras comunidades Vox ha conseguido ponerse al frente de la consejería del sector primario, en Andalucía no será así.

Juanma Moreno puso en valor, tras la firma del acuerdo con Manuel Gavira (Vox), que el mayor volumen de las 150 medidas del documento tiene que ver precisamente con el campo y la pesca andaluza, que hasta ahora tiene como consejero en funciones al almeriense Ramón Fernández-Pacheco.

Representantes de esos sectores habían pedido, ante las negociaciones PP-Vox, continuidad en esas políticas de la Junta.

De las 150 medidas acordadas, 33 están asignadas al sector primario.

Algunas de las posiciones ya estaban recogidas tanto en los programas electorales de ambos partidos, otras solo por parte del PP y de otras hicieron bandera en el caso de Vox.

Así las cosas, se promete desde el arranque de la legislatura el blindaje de la agricultura y la pesca “frente a los aspectos negativos” de la Agenda 2030, el rechazo formal al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y el refuerzo de controles, aplicando también cláusulas espejo a las importaciones y la preferencia comunitaria.

Del mismo modo, además de un paquete con medidas fiscales, los ya dos socios de gobierno en la Junta, abogan por la simplificación de trámites ambientales y un plan de modernización, ampliación y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas en la comunidad, “exigiendo al Estado” que ejecute las obras que son de su competencia.

Siguiendo con este ámbito, PP y Vox abordarán a lo largo de la legislatura un plan de aumento de la superficie de regadíos y de modernización.

De la campaña al programa de gobierno se trasladan medidas como el apoyo a los jóvenes agricultores y al relevo generacional en el sector primario y se enfatiza en la necesidad de “combatir los robos en las explotaciones” agrícolas.

El documento incide también en la defensa “de los productos propios”, en el “no a la prohibición de fitosanitarios sin alternativa eficaz y económicamente viable” y en la lucha contra las plagas.

En materia de pesca, se rechazan las condiciones de la política de la UE para limitar los días de faena y se aboga por un plan de modernización de la flota.