Saturación del aeropuerto y de la AP-7

Catalunya tropieza periódicamente con problemas en sus infraestructuras clave. El caso del aeropuerto de Barcelona, que ahora se ve amenazado por el serio riesgo de colapso al haber superado los 57 millones de usuarios anuales, es paradigmático. La compañía Aena –su propietaria– ofreció en el 2021 invertir más de 1.700 millones de euros para su ampliación. Pero esa propuesta fue rechazada por el gobierno de la Generalitat de entonces (de ERC) ante las quejas de los ecologistas, que aseguraban que ponía en peligro el entorno natural de La Ricarda. Hoy todavía no está resuelto el futuro de la instalación y el progreso de Catalunya se ve comprometido por la saturación de sus comunicaciones internacionales.

Con la AP-7 sucede algo similar. A comienzos de los años 2000 ya había claros indicios de que esta vía estaba llegando al límite de capacidad. La concesionaria (Acesa) propuso una gran ampliación para evitar llegar a la situación de colapso, con la creación de nuevos carriles y enlaces, pero el Gobierno central y el de la Generalitat (entonces del PSC) plantearon diversas discrepancias y las obras no se llevaron a cabo. El 1 de septiembre de 2021, se acabó la concesión y la AP-7 dejó de ser de peaje, atendiendo una gran demanda ciudadana en este sentido. La infraestructura revirtió al Estado, con lo que pasó a ser una autopista pública de la red estatal de carreteras. Eso ha supuesto, además de problemas de mantenimiento, un enorme aumento del tráfico pesado que ha optado por esa vía, al ser gratuita, y que ha acabado por saturarla y por disparar gravemente la siniestralidad.

Para muchos expertos lo que se debería haber hecho es ampliar la capacidad de la AP-7, como proponía Acesa, antes de liberalizarla. Ahora, desde la misma Generalitat, se plantea la vuelta a algún sistema de peaje, especialmente para los camiones y a dos o tres años vista –y no solo en la AP-7, también en otras vías de uso intensivo–. Pero se llega tarde. En la AP-7 ya no basta solo con aplicar peajes. La prioridad pasa por la ampliación de esa estratégica autopista. Además de ser clave para Catalunya, es el principal corredor económico de España, ya que también conecta Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana con Francia y el resto de Europa. Hay que ampliar carriles, mejorar los enlaces, separar el tráfico pesado del tráfico general y realizar una gestión inteligente de la circulación.

Resolver el colapso de la AP-7 es esencial. No puede esperar. No solo supone molestias y riesgos para automovilistas y transportistas sino que comporta un elevado coste para la economía catalana y española. Hay cálculos que estiman ese coste en unos 600 millones de euros anuales si se suman tiempo perdido, sobrecostes logísticos, combustible, accidentes, emisiones y pérdida de fiabilidad en las exportaciones. En paralelo a la ampliación de la AP-7, debería activarse al máximo el corredor ferroviario del Mediterráneo para que absorbiera una parte del constante aumento del transporte pesado.

El problema no es cómo realizar esas obras de ampliación de la AP-7 con rapidez sino cómo financiarlas. Quizás la Generalitat y el Gobierno central deberían considerar la oferta que ha hecho la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (Ccies) para asumir esas obras de ampliación y mejora de la AP-7, con una inversión de 7.000 millones de euros, que se financiarían con el retorno del sistema de concesiones y peaje. Esta es una alternativa si el Estado no puede actuar. Lo que es evidente es que hay que hacer algo y hacerlo pronto. No hay que renegar del sistema de concesiones, aunque en Madrid hayan fracasado, ya que en su momento permitió que Catalunya se pudiera dotar de una red moderna de autopistas.

En el caso del aeropuerto de El Prat hay que actuar con la misma urgencia para ampliarlo. No haberlo hecho en su momento ha supuesto enormes pérdidas económicas, de empleos y de oportunidades para el país. Aena prevé limitar ya la capacidad operativa tanto de Barcelona como de Madrid-Barajas en 2027 para evitar problemas de congestión mientras no entren en funcionamiento sus futuras ampliaciones (redistribuirá el tráfico para aprovechar las horas en que hay menos). Esa ampliación ya está en marcha en la capital del Estado pero en Catalunya, a pesar de que ya hay vía libre política, el proyecto está encallado en los estudios ambientales, la redacción del nuevo plan director y en los trámites para su aprobación por distintas administraciones nacionales y europeas. El retraso es lamentable. Tanto el aeropuerto de Barcelona como la AP-7 son dos infraestructuras estratégicas para Catalunya. Hay que actuar con la máxima celeridad para evitar el colapso y ponerlas a punto. El país no puede esperar más.

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